Por Carolina Mejía

Hace algunas semanas inicié una serie de recorridos por distintas regiones del país. No comencé por los centros económicos ni por los núcleos urbanos más visibles. Comencé por la frontera. Y no fue una casualidad ni un gesto simbólico. Fue una decisión profunda, tomada con sentido de responsabilidad. Porque en la frontera comienza la patria. Porque es allí donde se expresa con mayor crudeza lo que debemos proteger y con mayor claridad lo que aún debemos construir.

La situación que hoy vive nuestra región fronteriza está marcada por una tensión creciente que combina factores migratorios, económicos, de seguridad y de cohesión social. La crisis prolongada que atraviesa Haití ha dejado de ser un tema limitado a su territorio: se ha convertido en un desafío regional. Y para nosotros, como nación vecina y que históricamente ha sido solidaria, representa uno de los mayores retos de esta generación.

En ese contexto, he querido estar allí, escuchar de primera mano, caminar junto a quienes viven día a día el impacto de esta realidad. He conversado con agricultores que se esfuerzan por mantenerse productivos en medio de la situación; con madres que crían a sus hijos con más fe que certezas; con jóvenes que no quieren abandonar sus pueblos, y para quienes podemos construir más razones para quedarse. He visto a soldados dominicanos resguardar nuestra soberanía con disciplina, y a funcionarios locales dando la milla extra. Esas vivencias no se olvidan.

Encontré en la frontera una realidad geográfica, una expresión viva de nuestra identidad nacional, pero también un recordatorio de lo que debemos fortalecer, mejorar e implementar: más inversión, más planificación, más articulación territorial. La frontera no es solo un perímetro a controlar; es una región que urge incorporar plenamente al desarrollo del país.

Desde los regímenes autoritarios hasta la total pérdida de control efectivo sobre su territorio tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, Haití ha sufrido una serie de rupturas institucionales que han debilitado su capacidad de gobernarse y de garantizar seguridad a su población. Las bandas criminales han ocupado ese vacío. Y aunque la comunidad internacional comienza a reaccionar, la realidad es que la República Dominicana ha tenido que enfrentar sola, durante un tiempo que ya resulta inaceptable, las consecuencias directas de ese colapso.

Durante esta visita, pude constatar el resultado de las decisiones valientes y necesarias que el presidente Luis Abinader ha tomado: la construcción del muro fronterizo, el fortalecimiento de los controles migratorios, la elevación del tema en escenarios multilaterales. Es un camino correcto que debemos consolidar.

Este recorrido no solo reafirmó mi compromiso, sino que consolidó mi visión de lo que debemos impulsar desde el Estado. La seguridad comienza donde empieza el Estado. Y si el Estado está presente en la frontera con escuelas, hospitales, empleo y presencia institucional firme, entonces también estará más fuerte nuestra soberanía.

Nuestra política migratoria debe mantenerse firme y apegada al imperio de la ley, pero no debe abordar únicamente los mecanismos de control: debe ser más integral. Por eso, es necesario acompañarla de una agenda de desarrollo para las comunidades dominicanas que viven en la frontera. Podemos hablar de soberanía y hablar también de salud, de educación, de infraestructura, de empleo.

Imaginar el futuro del país sin pensar en la frontera sería un error histórico. Mantenerla como el punto final de la patria y no como el lugar donde inicia, es marginarla y contribuir a que se perciba como una zona de riesgo. Yo la veo como una promesa pendiente. Como un territorio donde podemos demostrar que el Estado puede llegar, quedarse y transformar. Que podemos convertir una línea de defensa en una zona de desarrollo.

Por eso comencé por ahí. Porque la frontera no es un lugar que marca el fin. Es el lugar donde comienza la patria. Y es desde allí donde también debemos empezar a construir el país que soñamos. Si algo he aprendido en el servicio público es que se lidera desde la cercanía, diciendo presente donde hace falta estar, no desde donde resulta cómodo.

En la frontera no hay ciudadanos de segunda. Hay dominicanos que han sostenido, con esfuerzo y dignidad, esa primera línea de nuestra patria. A ellos también les debemos justicia.

Sueño con una frontera que deje de ser vista solo como línea divisoria y se convierta en eje estratégico de desarrollo nacional. No se trata solo de presencia física del Estado, sino de construir una visión de país donde cada región, especialmente esta, sea parte activa del porvenir.

La República Dominicana ha demostrado muchas veces que sabe levantarse ante los desafíos. Hoy, el reto está claro y el momento es ahora. Que la historia no diga que miramos hacia otro lado. Que diga que supimos responder con valentía, con justicia y con visión.

Por: Oscar López Reyes

En los parqueos y calles internas del Palacio Nacional se escuchan los ininterrumpidos tambores que repican desde la Explanada de los Reclamos (el nombre más apropiado), que ha devenido en el espacio público más emblemático para los gemidos, como contrapunto del Muro de las Lamentaciones. Desde hace más de dos mil años en ese, el lugar más sagrado del judaísmo, en Israel, rezan diariamente miles de creyentes.

En la Explanada de los Reclamos de República Dominicana se agolpan con bastante frecuencia ciudadanos de toda la geografía nacional que civilizadamente exigen la construcción de obras de infraestructura, aumentos salariales, pensiones, incrementos de presupuestos educativos y sanitarios, y otros petitorios. En cambio, en el Muro de las Lamentaciones todos los días personas de distintos puntos del mundo oran en silencio y en sus rendijas depositan papeles con plegarias, que “son convertidos en sacrosantos” y enterrados en el monte de los Olivos.

Enclavada en la esquina de las avenidas México y doctor Delgado, a la entrada principal del Edificio de Oficinas Gubernamentales profesor Juan Bosch Gabiño (Explanada de los Reclamos), se apostan, dentro de una verja perimetral movible de 465 metros cuadrados (la superficie tiene capacidad para unas 450 personas paradas), manifestantes que lanzan consignas relativas a sus petitorios, y animan con instrumentos de percusión.

El escenario ha sido utilizado por grupos populares, juntas de vecinos, clubes de madres, asociaciones profesionales, sindicatos, ex policías y militares, y otros sectores, porque los redoblantes resuenan hasta el corazón del Palacio Nacional, cerca del despacho presidencial; puntea como de más fácil acceso para los medios de comunicación cubrir el acontecer y transeúntes toman imágenes y las cuelgan en las redes sociales.

El hilván más relevante es que, en la mayoría de los casos, comisionados del ministerio de la Presidencia, el ministerio Administrativo de la Presidencia y el encargado de Operaciones, Aníbal Belliard, conversan con los congregados y son receptores de sus cartas y comunicados, los cuales entregan en el despacho del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona que, a su vez, ordena y dispone las tramitaciones a las áreas oficiales correspondientes para la búsqueda de soluciones.

Ese golpeo de panderos y su palpitar desde la franja Noroeste del Palacio Nacional ha resuelto cientos de problemas nacionales y comunitarios -ejes prioritarios del presidente Abinader Corona- y luego incumbentes gubernamentales han sido visto reunidos en barrios de la capital y pueblos del interior, cumpliendo instrucciones del mandatario. Los más constantes, complejos y renombrados -ya resueltos- son Los Cañeros y sus pensiones, y las velas de las sombrillas y cintas amarillas por el 4% para la educación.

Como contraste, el Muro de las Lamentaciones, construido en la ciudad vieja de Jerusalén por Herodes el Grande, se yergue como una ruina de peregrinación. Además de rezar, especialmente el Salmo 79 del Antiguo Testamento, hombres y mujeres lloran para liberarse de los dolores, practican la quietud y la sanación del alma; forman corrillos, cantan en alta voz y agitan la cabeza apasionadamente.

En la Explanada de los Reclamos de la República Dominicana, los asistentes no oran ni rezan, pero tampoco tiran piedras, no queman gomas ni bloquean el tránsito. Han arengado por altoparlantes, bailado como aves amaestradas y han hecho huelgas de hambre, levantado banderas, entre ellas la dominicana, y saludado a miembros de la Policía Nacional que los vigilan y custodian. Salvo contadas excepciones, respetan la Constitución y las leyes, y el Gobierno el derecho a la incitación pacífica.

Por su cercanía palaciega, la de los Reclamos tamborilea como la explanada más simbólica y famosa de la capital dominicana, que le ha quitado primacía en frecuencia de actividades socio-políticas a la extensa Plaza de la Bandera, por ser grande. Y le gana a las otras plazas gigantescas -como la de España o Hispanidad-, y a las medianas plazoletas y explanadas de universidades e instituciones estatales.

Las exposiciones de señales de alerta sobre desconciertos y perturbaciones comunitarias y socio-políticas en dimensiones reducidas y que son cercanas, patentizan como más visibles, reflejan un mayor dominio y muestran superioridad y grandeza. Y, por esas facultades, a los seres humanos que las circundan les sugieren dar pasos diminutos y asumir estilos de vida pequeños.

Por Carlo Lara

"Debemos tener orden, asignar a cada cosa su lugar apropiado y dar a cada cosa de acuerdo con su naturaleza". Ludwig Mies van der Rohe

Según una encuesta realizada por la firma encuestadora  Emevenca Dominicana en el año 2022, la misma fue auspiciada por Coca Cola Internacional y el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana, (Conacerd), sobre la naturaleza y función de los negocios denominados “colmados”, en donde el  13% de estos se consideran negocios grandes, en tanto que el 62% son medianos y el 25% pequeños. Recalcar que atendiendo a que este estudio tiene ya dos años, estos porcentajes son más elevados actualmente.

Esta estadística introductoria, sirva con el propósito de poner en contexto a los amigos lectores sobre la importancia de analizar los despiadados ataques hacia la Ministra de Interior y Policía,  Faride Raful debido a una correcta, revolucionaria y oportuna campaña en procura de poner el orden de estos denominados colmadones.

El bombardeo mediático injusto y equivocado por parte de sectores que solo procuran que continúen el desorden y caos en los barrios, pueblos  y gran parte de las provincias del país han sido constantes y desproporcionados.

Por años, la población dominicana había pedido mano dura contra los famosos colmadones que organizan fiestas, (teteos), en donde reina la droga, violencia y todo tipo de actividades propias del bajo mundo, poniendo en zozobra a los miles de dominicanos que viven en esas zonas; hombres y mujeres, serios de trabajo, niños y niñas que tienen que ir a las escuelas, jóvenes que van a sus trabajos y universidades y que debido a estas actividades odiosas ven su ritmo de vida afectado sin que por años las autoridades hicieran nada para resolver esta situación.

En esa misma encuesta de Emevenca Dominicana se encontró que el 80 % de los colmados están instalados en 16 provincias del país y el restante 20 % está colocado en las restantes 16; por lo qué, enfatizar los esfuerzos en ese 80% es vital para lograr poner el orden en los barrios, pueblos y las provincias.

A todo esto debemos sumar la violación a la Ley 90-19 sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos que producen Contaminación Sonora, ya que la colocación de bocinas en vehículos y en los propios colmados a alto volúmenes impide que las personas puedan estar en sus casas. Estos defensores del desorden han olvidado que el alto ruido de la música y sonido molestos son dañinos al medio ambiente y la salud.

El alto ruido y la falta de educación de la gente en los barrios populares se han convertido en una enfermedad en la sociedad dominicana por lo que las medidas aplicadas por Interior y Policía reiteramos son correctas, revolucionarias y oportunas.

Por año, el Estado Dominicano dejó la proliferación sin control de los colmadones, negocios que antes solo eran para el expendio de alimentos. 

Para nadie es un secreto la cantidad alarmante de los  homicidios cometidos en esos famosos teteos, en dónde los desaprensivos aprovechan el tumulto y la ingesta de alcohol para cometer sus atrocidades llevando luto y dolor a gran parte de la población dominicana.

Los colmados no son discotecas y la sociedad dominicana debe tener eso claro; por lo qué, esos negocios que promueven el desorden incumpliendo las normas de convivencias deben ser cerrados y prohibidos de forma ipso facto, ya está bueno de abuso a la tranquilidad de los dominicanos de trabajo que son la gran mayoría en la República Dominicana.

Recordar a esos que hoy han desatado una campaña de descrédito en contra de la Ministra Faride Raful que el artículo 8.1 de la Ley 90-19 sobre sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos, prohíbe el ruido nocivo, molesto o perjudicial dentro de la República Dominicana y todos aquellos, dígase colmados, teteos y demás actividades zozobrista que infrinja está ley debe ser sancionado.

Pero más aún, las personas que en esos “teteos” utilizan los vehículos de motor en la vía pública, mediante el uso de bocinas o equipos de música alterados (fuera de lo que trae el vehículo de fábrica), obtendrán una pena de cinco a treinta salarios mínimos.

Y para esos sectores que apoyan el desorden en los barrios, decirles que la población tiene ahora una incúmbete que responsablemente ha dado la cara ante un problema que por años el Estado permitió, como fue la proliferación de colmados, que antes eran exclusivamente para la venta de comida, desafortunadamente hoy se han convertido en grandes negocios de expendio de bebidas alcohólicas y organizadores de grandes fiestas, teteos que ha mantenido a gran parte de la población bajo la más auténtica desesperación.

A esos grupos que hoy se ponen de espalda a la tranquilidad, el orden y la buena convivencia en el país, y que por demás la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful; sí tiene la competencia para aplicar las medidas que están dispuestas, ya que dentro de sus funciones está: desarrollar políticas públicas relacionadas con la seguridad ciudadana, gestionar la Policía Nacional y los Cuerpos de Bomberos, controlar el uso de las vías públicas, prevenir la violencia, entre otras asignaciones.

Ministra Faride, continúe con sus acciones y no se detenga ni para tomar impulso, usted no solo cuenta con el apoyo del presidente de la República Luis Abinader, también tiene el apoyo de la gran mayoría de los dominicanos de trabajo y que luchan por una sociedad más organizada, tranquila y ordenada.

Ministra, manténgase firme; el país espera mucho de usted, ya está bueno de tolerar lo que no se debe tolerar: los improperios de la gente, propietarios de negocios (colmados) y esos individuos que han convertido las Calles de los barrios y los municipios en campos de guerra, deben entender que ellos no están por encima de la Ley y las buenas costumbres en la República Dominicana.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- En la actualidad, los estados dependen cada vez más de las herramientas diplomáticas establecidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Este marco esencial para la diplomacia internacional establece normativas que guían tanto las relaciones bilaterales como las multilaterales. Estos instrumentos surgen de la necesidad de expandir mercados a través del comercio, intensificar el intercambio cultural, aumentar las exportaciones y fomentar las inversiones extranjeras, entre otros aspectos.

Recientemente, los conflictos han destacado la importancia de la diplomacia moderna, como lo demuestra el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. En este contexto, el presidente Luis Abinader Corona, en su intervención del 16 de junio de 2024, subrayó la importancia de los métodos pacíficos en las relaciones internacionales para que el peligroso conflicto en el este reencuentre el camino hacia la paz, restaurando las relaciones de convivencia pacífica y productiva entre las dos naciones. Por su parte, el Canciller dominicano Roberto Álvarez instó a ambos países a encontrar una solución pacífica adecuada, enfatizando que todas las naciones, grandes o pequeñas, sufren las consecuencias de conflictos devastadores.

En otro ámbito, la diplomacia moderna ha experimentado avances significativos con la incorporación de la tecnología, lo que actualmente se conoce como diplomacia digital. Esta innovación permite que los estados se comuniquen y realicen intercambios sin la necesidad de trasladarse físicamente, ofreciendo un método más económico, seguro y conveniente para mantener y fortalecer las relaciones internacionales, incluso en situaciones adversas.

Finalmente, cabe destacar los progresos diplomáticos alcanzados entre nuestra nación y la República de Haití, donde la diplomacia ha brillado especialmente en los intercambios bilaterales. Las Comisiones Mixtas Bilaterales han sido fundamentales para encontrar soluciones viables y pacíficas a diversas cuestiones. Este esfuerzo conjunto fortalece continuamente los lazos de amistad y las relaciones comerciales, manteniendo un enfoque constante en la búsqueda de la paz, piedra angular de la diplomacia. Sin duda, la compleja situación política y económica de Haití demanda un esfuerzo diplomático de calidad, ágil, oportuno y eficaz, especialmente porque su vecindad está delimitada por nuestra única frontera terrestre.

La diplomacia moderna, como se refleja en los casos mencionados, no solo es útil para gestionar las relaciones entre naciones en tiempos de conflicto, sino que también desempeña un papel crucial en la promoción de intercambios culturales y económicos, y en la adopción de tecnologías que facilitan la comunicación global.

A medida que el mundo enfrenta desafíos sin precedentes, desde conflictos geopolíticos hasta pandemias, la diplomacia continúa siendo una herramienta indispensable para construir puentes, resolver diferencias y fomentar un entendimiento global que es fundamental para la paz y la prosperidad colectivas.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- A mediados de 2024, el presidente Luis Abinader inicia su segundo mandato al frente del gobierno de República Dominicana. Según el ingeniero Tomás Hernández Alberto, experto en temas de actualidad,  la gestión de Abinader ha sido "muy buena" y los próximos cuatro años serán "los mejores" para el país. En este artículo, analizaremos en profundidad cómo la profundización del cambio en las políticas públicas lideradas por el presidente Abinader sentarán las bases para un crecimiento económico sostenible e inclusivo.

1. Reforma fiscal para impulsar la inversión y la innovación. Como se mencionó anteriormente, una reforma integral del sistema tributario es esencial para fomentar un mayor dinamismo económico. La reducción de impuestos a las empresas, el fortalecimiento de la fiscalidad sobre las rentas más altas y la implementación de incentivos verdes, serán claves en este sentido.

2. Inversión en infraestructura y desarrollo tecnológico. El ingeniero Hernández subraya que uno de los ejes centrales del próximo gobierno será la mejora sustancial de la infraestructura física y digital del país. Esto sentará las bases para atraer más inversión privada nacional y extranjera, y potenciar la competitividad de la economía dominicana a nivel global.

3. Políticas sociales y laborales más inclusivas. Además de las reformas económicas, el presidente Abinader profundizará en medidas para reducir las desigualdades y mejorar el bienestar de la población. Entre ellas, se espera el fortalecimiento de los sistemas de salud y educación, así como el apoyo a sectores vulnerables a través de programas de transferencias y de fomento del empleo.

Tal como afirma el experto Hernández, los próximos cuatro años de gobierno de Luis Abinader serán fundamentales para consolidar el cambio y sentar las bases de un desarrollo más próspero y equitativo para República Dominicana. La profundización de las reformas fiscales, de infraestructura y sociales, permitirá al país aprovechar todo su potencial y mejorar significativamente el bienestar de sus ciudadanos.

Por: Ruperto Alis

¿Cuáles podrían ser?

Dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ya se perfilan varios nombres como candidatos presidenciales fijos y potenciales para las elecciones de 2028.

Entre los aspirantes confirmados se encuentran el actual Ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, con una trayectoria destacada, que ha demostrado liderazgo en su gestión como alcalde del Distrito Nacional y ha sido reconocido por su trabajo en el ámbito turístico. Su experiencia y visión podrían ser un activo importante en la contienda electoral. Sin embargo, aún no hay una confirmación oficial sobre su candidatura.

Le preside en la preferencia interna del PRM, la actual alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien es una figura política destacada dentro de la preferencias interna del Partido. Aunque no se ha confirmado oficialmente su candidatura para las elecciones presidenciales de 2028, su nombre ha surgido como un posible aspirante dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Mejía ha demostrado liderazgo en su gestión como alcaldesa, y su trabajo en el ámbito municipal podría ser un activo importante en una eventual contienda electoral.

Otro nombre que se menciona es el de Víctor “Ito” Bisonó: Actualmente, es el Ministro de Industria, Comercio y Mipymes. A lo largo de su carrera, ha logrado importantes avances y contribuciones en el ámbito legislativo y empresarial.

Bisonó ha sido el proponente y promotor de legislaciones vigentes que han impactado positivamente en la economía y el desarrollo del país. Aunque no se ha confirmado oficialmente su candidatura para las elecciones presidenciales de 2028, su nombre ha surgido como un posible aspirante dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

También han surgido los nombres de varios dirigentes a lo interno, podemos mencionar Wellington Arnaud, quien podría ser un candidato potencial.

Además, Guido Gómez Mazara ha expresado su intención de continuar con su aspiración presidencial más allá del proceso actual. También se rumorea que Tony Peña Guaba podría entrar en la contienda, y Yayo Lovatón ha sido mencionado, aunque aún no ha confirmado oficialmente su candidatura.

A pesar de ellos...

José Ignacio Paliza

En cuanto a su aspiración a la presidencia del PRM en 2028, según un tuit que publicó en su red social la X (Twitter), de @JosePaliza que hizo referencia de una noticia reciente, José Ignacio Paliza garantizó que no tiene intenciones de buscar la candidatura presidencial de la organización en esas elecciones con miras al 2028.

"Agradezco las ponderaciones, solo aspiro a seguir construyendo #Unidad, NO tengo aspiraciones a participar en el 2028". escribiò Paliza en la X (Twitter).

El presidente Luis Abinader, aunque no interfiere directamente en la selección de candidatos, se espera que convoque a los aspirantes para discutir la moderación y el enfoque en la gobernabilidad.

DIARIA ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- Director ejecutivo de SOMOS Community Care, una red de atención social de más de 2500 profesionales que cuidan a más de 1 millón de pacientes de Medicaid en la ciudad de Nueva York.

Con un enfoque particular en la concientización de cómo los factores sociales pueden afectar la salud e insistiendo en abordar los Determinantes Sociales de la Salud, el gobierno federal aprobó una nueva Exención 1115 de Medicaid para el Estado de Nueva York, poniendo a disposición $6 mil millones para mejorar de diversas maneras la calidad de la atención a los pacientes de Medicaid. 

Oficialmente a partir de abril de 2024 y concluyendo el 31 de marzo de 2027, el nuevo programa de exención otorga una prima a la prestación de servicios de Necesidades Sociales Relacionadas con la Salud (HRSN, por sus siglas en inglés), a la que se le asigna casi la mitad del presupuesto. 

La insistencia en tomar en cuenta los factores HRSN está en el centro de la visión de la exención de promover la equidad en la salud, reducir las disparidades y mejorar drásticamente la calidad de la atención médica financiada por Medicaid en todos los ámbitos, implementando mecanismos diseñados para operar a largo plazo en el sistema de Medicaid en el estado de Nueva York, incluyendo, especialmente, la inclusión oficial en Medicaid de un presupuesto para abordar problemáticas relacionadas con HRSN. 

El programa proporcionará financiación que facilitará que los proveedores de atención primaria puedan involucrar a organizaciones comunitarias (CBO, por sus siglas en inglés) para encontrar soluciones a las necesidades sociales que están dañando la salud de la población. 

Tendrá un enfoque regional que señalará áreas que históricamente han experimentado disparidades en la salud y desvinculación del sistema de atención médica. 

La exención también exige la integración de la atención primaria, la salud conductual y la concientización sobre HRSN, particularmente en lo que respecta a los beneficiarios de Medicaid de alto riesgo, como los jóvenes, las mujeres embarazadas, las personas que luchan contra problemas de adicción y personas sin hogar por plazos extendidos. 

La exención prevé que las Redes de Atención Social (SCN, por sus siglas en inglés) supervisen la programación de HRSN, trabajando con proveedores locales de atención social. 

La exención también incluye más de $690 millones que se gastarán en la fuerza laboral de atención médica del estado de Nueva York con el fin de estabilizar esta fuerza laboral, brindar capacitación y educación, y mejorar el acceso a servicios culturalmente competentes. 

La capacitación de la fuerza laboral, incluidos asistentes médicos, consejeros de salud mental y trabajadores de salud comunitarios, también incluirá la introducción de modelos de pago basado en el valor real, incluso cuando la exención exige un aumento en los pagos de honorarios por servicio. 

Algunos médicos que se inscriban en un compromiso de varios años para trabajar con pacientes de Medicaid recibirán el reembolso del préstamo estudiantil. 

Una Organización Regional de Equidad en Salud (HERO, por sus siglas en inglés) recopilará datos y los analizará con el fin de diseñar fórmulas para reducir las disparidades en salud, así como apoyar la prestación de servicios HRSN. 

Esta entidad también explorará diferentes modelos de Atención Basada en el Valor Real que incluyan la cobertura de los servicios de HRSN. 

SOMOS Community Care, una red de más de 2500 profesionales, la mayoría de ellos proveedores de atención primaria, que atiende a los pacientes de Medicaid en la ciudad de Nueva York, aplaude la nueva exención 1115. 

Acoge con satisfacción el énfasis en la integración de los servicios de Necesidades Sociales Relacionadas con la Salud (HRSN) en la atención médica general como clave para superar las disparidades en la atención médica y crear equidad en la salud. 

De hecho, SOMOS ha seguido este modelo de atención médica desde que comenzó en 2014 como una entidad exigida por la anterior Exención 1115. Tal como está, SOMOS se reconoce a sí mismo en el modelo de la nueva exención. Esto es cierto en varias áreas clave. 

Gracias al trabajo de los trabajadores comunitarios de la salud que visitan los hogares de los pacientes, los médicos tienen información sobre las condiciones sociales que afectan la vida de los pacientes. 

Los médicos de SOMOS ya han comenzado a comunicarse con las organizaciones comunitarias, tal y como exige la exención. 

Pero se hace necesario disponer de financiación adicional para la formación de los trabajadores comunitarios de la salud y del personal médico, así como de otros puestos clave. La inversión en fuerza laboral de la Exención es muy crucial. 

Y si bien se prevé que las Redes de Atención Social (SCN) organicen la programación de HRSN proporcionada por los proveedores locales de atención social, los pacientes que califican para dicha atención deben ser identificados primero por el médico de familia, pues quien mejor los conoce. También es concebible que consultorios médicos de SOMOS en el Bronx, Manhattan, Queens y Brooklyn formen sus propios mecanismos y redes para identificar y buscar ayuda para los pacientes que necesitan servicios HRSN. 

Todo indica que los proveedores médicos deben, junto con los expertos en atención social, participar de alguna manera en las redes de atención social. 

SOMOS también ha sido pionero en el modelo de pago basado en el valor real. 

Su experiencia puede ser fructífera para los especialistas encargados de explorar estos modelos que serán clave en la rendición de cuentas a nivel estatal para mejorar la atención médica, el bienestar a largo plazo de los pacientes y la equidad en salud. 

El objetivo fundamental de la exención es servir mejor a los pobres, los vulnerables y los más necesitados. 

Los médicos de SOMOS viven y trabajan en la comunidad, sus consultorios son accesibles para sus pacientes, y en muchos casos comparten una identidad cultural con ellos, lo que es más propicio para una relación sólida entre médico y paciente, un vínculo que juega un papel importante en la calidad de la atención. 

Los médicos de SOMOS han brindado una atención superior (médica, conductual y social) a sus pacientes, al tiempo que han ahorrado grandes sumas de dinero a los contribuyentes. Es más, SOMOS ha operado como la única red de proveedores independientes en el estado. No cuenta con el respaldo de un conglomerado hospitalario. 

En su lugar, ha operado directamente en las trincheras. La nueva Exención 1115 promete un nuevo crecimiento, así como desafíos para SOMOS, y sus médicos y personal continuarán dándolo todo, como lo han hecho desde el comienzo de la reinvención de Medicaid.

¡Señor Presidente, lo invito a reflexionar!

POR CRISTAL ACEVEDO 

Pese a que de acuerdo con el último estudio del Observatorio de Medios Digitales Dominicanos se comprobó que más del 90% de la población dominicana con acceso a Internet, se informa a través de los medios digitales, en 2023, el Gobierno sólo invirtió el 3% del presupuesto de publicidad en estos espacios.

Así lo señala la más reciente investigación del Observatorio, que será publicada la semana próxima, donde se podrá verificar que siguen siendo las grandes corporaciones los grandes beneficiarios de los recursos públicos, en franco desconocimiento y evidente falta de apoyo estatal a los emprendimientos locales y profesionales que ya suman más 800 en todo el país. 

Es penoso, señor Presidente, que además de la alta carga impositiva que sufren los medios digitales nacionales, los mismos que le permitieron a usted llegar a grandes masas en la campaña de 2020, en 2024 se vean enfrentando una situación tan difícil, la cual ahora se agudiza con la emisión del Decreto 1-24, diseñado para seguir beneficiando a los mismos grupos empresariales que se han beneficiado de los recursos del Estado en todos los gobiernos. Los gobiernos que pasaron, este y los que vendrán. 

Con mucho respeto y altura, lo invito a que pueda conocer el día a día de un dueño o trabajador de un medio digital, quien se levanta, va a la calle a cubrir eventos, visita instituciones en la búsqueda de noticias, pasa horas sentado confeccionando el contenido que difunde, para garantizar la calidad de las informaciones que sirve. 

Todo esto sin la seguridad de que a final de mes tendrá el dinero para pagar los servicios básicos que debe cubrir para seguir informando oportunamente, como manda la Constitución, en el país que muy bien usted ha dirigido los últimos 3 años.

Y es en esa dirección, que le invito a reflexionar y así como ha indicado en todas sus campañas publicitarias, logre el cambio que necesitan los dueños y trabajadores de medios digitales de la República Dominicana, a quienes le invito a conocer, para que pueda palpar por usted mismo, que los medios digitales que usted seguro lee cada día, son los mismos que necesitan su apoyo para seguir apostando a la generación de contenido de calidad, en un país como el nuestro, plagado de indecentes enganchados a periodistas, estafadores insufribles,  extorsionadores que acaparan titulares y medios "con gran audiencia", lograda en base a presionar, mentir, exagerar, engañar, dañar reputaciones y difundir grandes cantidades de contenido basura o lo que es peor, contenido interesado.

¡Le invito a reflexionar, señor Presidente!

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- A raíz de las injustas acusaciones al alcalde Adams y la crisis migratoria que enfrenta la ciudad , necesitamos unidad y entendimiento. He observado cómo la situación de la inmigración ha cobrado un tono divisivo, y es crucial abordarla con precisión y objetividad.

Es absolutamente ridículo tildar al Alcalde de Nueva York, Eric Adams, de xenófobo. Quienes conocen a Adams saben que es uno de los líderes más inclusivos, diversos y abiertos que ha tenido nuestra ciudad. Desde el día uno de esta crisis, la cual fue originada por factores externos a esta administración, Adams ha tratado la situación con respeto, humanidad y dignidad. Atacarlo con acusaciones injustas y falaces no es el camino correcto.

Entiendo que hay frustraciones, pero en vez de lanzar críticas, es imperativo que trabajemos juntos para encontrar soluciones. Estamos en medio de una situación sin precedentes y el Alcalde Adams ha sido puesto en una posición extremadamente desafiante, no solo por el flujo constante de migrantes, sino también por la falta de apoyo adecuado por parte del gobierno federal.

Es precisamente esta falta de apoyo del gobierno federal lo que ha llevado a la ciudad a enfrentarse a desafíos de presupuesto y logística. La crisis migratoria en Nueva York no es sobre las personas que buscan un mejor futuro; es sobre la capacidad de la ciudad para acomodar y asistir adecuadamente a estos individuos. Estas personas desean contribuir y enriquecer nuestra comunidad, pero es el gobierno federal el que está limitando su capacidad para hacerlo, no Eric Adams.

¡Buenas noches!

El glorioso Movimiento Periodístico Marcelino Vega ha puesto en mí la importante responsabilidad de encabezar la boleta electoral para las elecciones del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) del 25 de agosto de 2023.

La posición encomendada ha sido la de Secretario General del Distrito Nacional, junto a un equipo de periodistas comprometidos y dispuestos a dar lo mejor en pos de renovar y continuar los avances hasta ahora alcanzados.

Nos comprometemos con la clase periodistica a ejecutar ideas nuevas y absorber todas aquellas que los comunicadores sociales tienen para aportar. 

Mejores condiciones salariales, robustecer los planes de salud, la creación del Premio a la Prensa y la construcción de un club social son parte de nuestras principales propuestas para las y los periodistas del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, la plaza más nutrida e importante de toda la República Dominicana.

Creemos firmemente en el poder de las acciones. Por ello, invitamos a todos aquellos que han mirado desde fuera su gremio, a sumarse, a creer y a materializar cada uno de sus pensamientos. Nosotros estamos para escucharles. 

Ahora les pido que el próximo 25 de agosto voten por la plancha que encabezo para que materialicenos los anhelos de nuestro CDP Distrito Nacional.

Wilder Páez 

Secretario General CDP Distrito Nacional

Por Oscar Lopez Reyes 

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- A Boquita, los empleados le huyen más que al chupamedias aquel que duró más de 60 años sin bañarse, ya que cada vez que abre la boca ponzoñosa, ensucia y quema, como el carbón. ¡Ay, Virgen santa!, tampoco lo soportan las ranas ni las cucarachas, porque con su jefe consentido calienta, como el horno de una panadería, hasta a los más serios, laboriosos y calladitos.

Mitad lengualarga y mitad cornudo, Boquita pisa, como un rodillo, todas las alfombras. Por tener un talón más grande que el otro, no se le ve ni un chinchín de seso, y no se lo traga ni el forzudo que se jondea diez litros de leche.

Vestido con ropas de quinta mano, comprada a precios de gangas en mercados de pulgas, no estaba al corriente de que le apodan Boquita, porque no cierra el hocico ni en un instante. De ese órgano muscular movible del b.b. (boquete bucal) brotan cizañas viperinas, sin descansar ni siquiera en el almuerzo. Nadie conoce su nombre verdadero, ya que no le gusta que se lo mencionen. Es el secreto mejor guardado…

Se jacta, vaya, acá lo tiene, con que lo identifiquen como el Gran Asistente y con que supieran que come mucho chocolate y que cuenta con tres asistentes: dos presenciales (un varón y una monjita) y uno virtual, un orgulloso homosexual.

¡Qué bufonada, machos y madamas!

Doblado por los celos, la envidia, las faltas ortográficas y una fatal pronunciación, y para ganar puntos ante el máximo incumbente, el “Gran Asistente” -Boquita- averigua y se percata de todo, y cuando sucede un episodio, proclama, vanidoso, el cliché al que no le haya sustituto: “yo lo dije…”.

Una porción de los empleados asegura que el autodenominado “Gran Asistente” -Boquita- goza de tanta confianza de su jerarca supremo, porque le endulza el alma con sus permanentes alabanzas y aplausos. Y otros porfían que radica en su condición de cuñado, porque es un amigo de viejas travesuras y que esa afectividad se engarza en el partido de Gobierno, en vista de que cuando estaba pasando más calamidades que un catre viejo le dio un chorro de ayudas que le despegaron los piojos.

Desde su escritorio burocrático, Boquita está enterado de todo e identifica a los empleados apenas por el murmullo de sus pasos. Hiriente, cruel y malintencionado, no vacila en preparar expedientes acusatorios, cobijado en chismes y calumnias.

La Biblia nos dota de adagios, con un alto concepto moral, que son utilizables para “juzgáis” a los que sueltan sin control el órgano dental sin huesos: “la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el inferno”.

Boquita lee, con maligna intención, boletines noticiosos y documentos institucionales; los embarra con una pésima caligrafía y le señala a su superior -arrugando la cara- supuestos errores de las reglas gramaticales cometidos por encargados departamentales: en la primera línea falta una coma, en la segunda sobra una S; en la tercera línea X palabra luce derrengada y en la cuarta la cifra es embustera.

Jefe!, ¿qué usted va a hacer…?

En una especie de acción actoral, a su ejecutivo principal mantiene constantemente “bien informado” sobre todo lo que ocurre en el recinto laboral. Y exhibe la manía de contarle las cosas al revés, para causar daños y -como una metralleta oral- le echa leña al fuego a cualquier capricho: Fulano hoy llegó caminando torcido, como si se lo llevara el viento, porque se ha tomado más de 100 copas demás; El Socio todos los días se duerme en la oficina, y ronca más que un perro bulldog, y Mengana se desplaza cada vez con más movimientos sensuales, para ocultar un aparato que se puso en el trasero.

Con los labios colmados de liviandad, en su célebre desenfreno verbal, Boquita sazona con delirio las aventuras cotidianas: Perenceja está embarazada, y nadie ha descubierto de quién; a El Compinche lo viven sacando de los actos sociales empresariales, por meterse a ellos sin invitación, y El Guitarrita sólo invita a su casa a los ricos y altos funcionarios, en el júbilo de una relación amorosa que es una olla de grillos.

Del mismo modo, con la raja labial mojada y congestionada, le refiere que El Indiscreto fue abucheado en un popular restaurante por proclamar, muy orondo, que es hijo de un narcotraficante, y Zutano le corta la vista a todo el que le cae mal; piensa como un bebecito, y por eso enamora a las esposas de sus jefes, así que no se atreva usted a convidarlo a su santo hogar.

Sigue, sin peluca en la filípica del reproche y en el hilo amparador: “Oh, Señor, líbrame de los impíos; protégeme de los violentos, de los que urden en su corazón planes malvados, y todos los días fomentan la guerra. Afilan su lengua, cual lengua de serpiente; ¡veneno de víbora hay en sus labios!”.

Súbitamente -los anteriores pasajes echan frutos-, servidores de todas las áreas de la organización se saturan de rabia y encaraman contra la impertinencia: en los buzones, pasillos, en la cocina y los baños arrojan caricaturas y hojas sueltas, con los calificativos tóxico, vulgar, grosero, malandro y villano. También, a escondidas, en los ascensores y paredes colocan muñecos con su rostro y le mandan, en cajas de regalos, medias rotas, pipi y cacá.

Las sátiras, parodias y el jolgorio ajan al mandante de más alto rango -por permisivo- y, para no seguir desgastando su autoridad y acabar perdiendo un ojo, tuvo que cancelar -en contra de su voluntad- a Boquita.

Boquita, como un chismoso hasta en la sopa, incita a que lo juzguen en el Tribunal Supremo Divino, sentado en el sillón tallado con filosas piedras provenientes de un infernal arrecife de Lucifer, frente a jueces ancianos, en una audiencia en la que estuvieron todos sus agraviados. Acusación en el Sanedrín: deleitarse en la pasión más certera, en una obra aborrecible.

Al término de ese juicio público, por todas las veces que vejó, ha sido sentenciado a ser despellejado con el desprecio de sus congéneres; a que pida perdón por sus satánicas actuaciones y a ser recluido en las llamadas de los predios del castigo eterno, para que comprenda que los picos soberbios se caen a pedazos y encarrilan hacia la ruina.

En el interior y las afueras del pueblo entre los más versados se duplica el decir de que la necedad emerge, rotundamente, como una trampa fatigosa y angustiosa, que enseña a pensar con madurez, a proceder sin el apetito voraz de hacer maldad, y exhortan a prestar atención a la Tercera Ley del matemático, físico y astrónomo inglés, Sir Isaac Newton, sobre el principio de acción/reacción, y el refrán popular de que “cada cual cosecha lo que siembra”.

Como refuerzo, los menos sabios acotan con insistencia que el que acosa y atosiga, desparramando impiedad, “seáis juzgados”, y recoge sanción, en la yema de empujones y desgarrones, que se encorvan como escarmiento entre el sol y la sombra. Y -¡hurra!- no podrá, como rechoncho peludo, ser bendecido sacramentalmente.

Al sufrir tantas molestias y decepciones, a Boquita se le metió un zumbido por los oídos, se le encogieron los músculos, la voz se le acortó, se puso más pequeño, perdió el equilibrio – y saltó como un maco-; olvidó a sus deudores y en una destartalada yola, empujada por remos, se trasladó a una islita.

Como en ese solitario y abandonado sumidero insular no pudo alojar a su pretendido amor romántico, intentó casarse con una elefanta –que le tiró dos patadas-, pidió socorro a San Agustín para que le ayudara a pasar los últimos días de su vida en un palacio presidencial.

¡No, qué va! Al este santo no complacerlo se jondeó, por la rabia, una jarra de agua fría y se le congeló la panza. En ese momento decidió subir, como un azaroso pájaro cantor, hacia la gloria, abombando el ombligo, fuera de la camisa, un rato como un loro con ladridos de perros realengos, y en otro con el hocico largo de un acuático delfín.

En el vergel paradisíaco, los buenos corazones lo echaron, en nombre del alma de Dios, a un pozo que mana brasas de fuego, y desde donde se oyó el último cuchicheo de cuerdas vocales totalmente desnutridas y malolientes, en la penumbra de ultratumba.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- Conozcan cada punto de la Recusación a jueza que presentaron este viernes la defensa del mayor general, Adán Cáceres, integradas por los abogados Cristian Martínez, Romel Jiménez y Francisco Álvarez. 

Se recuerda, que este viernes antes de entrar a la audiencia, los juristas manifestaron que el Ministerio Publico no tiene límites con el terrorismo judicial. 

Los argumentos de los abogados de Cáceres , obedece a que se le ocultó al imputado y a su defensa técnica, la existencia de una querella y acusación presentadas en su contra por una entidad particular denominada Fundación Alfredo Nobel, Inc.

Denunciaron además, que la acusación recién descubierta por la defensa técnica de Cáceres fue objeto de discusiones y decisiones jurisdiccionales en las que naturalmente ni el acusado ni sus abogados participaron.  

“El ocultamiento de dichas actuaciones imposibilitó al acusado referirse a la procedencia o no de esta nueva acusación, a pesar de estar dirigida especialmente en su contra”. 

El asunto denunciado agotó dos grados de jurisdicción y fue enviado al tribunal de origen, antes de que el imputado supiera accidentalmente de su existencia, profundizando el estado de indefensión que desde el principio se propusieron generar.

“Dos grados de jurisdicciones recorrieron el Ministerio Publico y la justicia, a espaldas del imputado, para acabar adulterando la ya corrompida acusación, cuyos mecanismos de formación y promoción, la Jueza Germán criticaba ferozmente, pero, ahora, la Procuradora Germán apoya sumándose al estado de rebeldía que, “En nombre de la Justicia”, celebran los aduladores de estos procesos corruptos cuya finalidad nunca coincidirá con un verdadero hacer de justicia”, aducen.

Aquí los puntos de la Recusación: 

1. Sobre la imparcialidad de los jueces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha identificado dos dimensiones distintas en que ésta debe presentarse para garantizar el derecho de un imputado a un tribunal independiente, imparcial y competente. Habla de una imparcialidad personal o subjetiva, y de una imparcialidad objetiva.

2. Según la Corte, la imparcialidad personal o subjetiva se presume a menos que exista prueba en contrario, consistente por ejemplo en la demostración de que algún miembro de un tribunal o juez guarda prejuicios o parcialidades de índole personal contra los litigantes.  Por su parte, la denominada imparcialidad objetiva consiste en determinar si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona.

3. En efecto, la Corte resalta que en el análisis de la vertiente objetiva de la imparcialidad no se cuestiona las capacidades personales o las convicciones sobre el caso concreto de los juzgadores o sus posibles relaciones con las partes, sino hechos que razonablemente podrían justificar en un observador objetivo falta de confianza en quienes se encuentran a cargo de la importante misión de impartir justicia en un determinado caso.  (Ver Corte IDH. Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 350.)

4. La falta de imparcialidad objetiva no se limita a las relaciones personales que pueda tener el juez con alguna de las partes, ni a las presiones a las que puede estar sometido, ni a los prejuicios que éste pueda tener por causa de un conocimiento previo del caso; sino, que se extiende a todas aquellas razones que llevan al juez a tomar una decisión cuya motivación u origen no esté basado en los parámetros fijados por la norma.   La imparcialidad implica que una persona sujeta a un juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano actuará en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete. (Ver Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 18016.)

5. En nuestro caso, los motivos que llevaron a la juez a fallar en el sentido que lo hizo no se ubican dentro de los principios constitucionales y legales que rigen sobre los procesos judiciales. La juez ha tomado una decisión promovida por un interés en la continuidad del presente proceso de manera irreflexiva y acelerada, y al mismo tiempo, por un interés en conseguir la subsanación de eventos previos, consentidos por la misma juez, que encarnaron una violación sistemática del derecho a un juicio justo y contradictorio que tiene el ciudadano Adán Cáceres.

6. La juez, con su sentencia, ha decidido apartarse de la solución más afín a los principios fundamentales de un sistema penal acusatorio y adversarial. Ha decidido dejar de lado las serias transgresiones que fueron denunciadas por esta defensa y frente a las cuales no puede subsistir ningún proceso penal, tal vez por temor a las secuelas (no jurídicas) que puedan suscitarse luego de la anulación de un proceso revestido de tanta cobertura mediática y política. O, quizás, porque aquello significaría desechar un proceso que ha demandado una cantidad inmensurable de tiempo, energía, recursos y compromiso por parte de este tribunal. Sea cual fuere el posible motivo, para nosotros desconocido, este no es compatible con los derechos que el Estado está llamado a cautelar, ni con las funciones que debe cumplir un juez de instrucción como juez de garantías.

7. Por si fuera poco, la decisión que acaba de tomar la juez, lejos de enterrar las violaciones al derecho de trato igualitario que ocurrieron en el proceso paralelo seguido sin participación de Adán Cáceres, en los resultados, no hace más que ratificar el trato discriminatorio que éste ha recibido por parte de la propia juez. Al ordenar la continuación del proceso en estas condiciones, ha propiciado que un ciudadano tenga que enfrentarse a una acusación en su contra, de cuya admisibilidad no tuvo ni tendrá oportunidad para referirse, como sí la tuvo el Ministerio Público en dos instancias judiciales.  

8. Peor aún, el trato discriminatorio no termina allí, ni se limita al ciudadano Adán Cáceres. La juez que había postergado la incorporación de los denominados abogados del Estado hasta tanto se dicte el Auto correspondiente, es la misma juez que ahora estaría validando la admisión de estos nuevos querellantes/acusadores de manera inmediata. Los primeros, cuentan con la supuesta admisión por parte del Ministerio Público, mientras los segundos, no fueron admitidos por el órgano acusador. Si esto no es un trato desigual, no sabemos lo que es.

9. Una decisión motivada por razones ajenas al Derecho, debe ser entendida como una manifestación de lo que el artículo 78 del Código Procesal Penal, en su numeral 10, ha establecido como una causa fundada en motivos graves que afecta la imparcialidad de los jueces. En esas atenciones, la Corte ha manifestado que la recusación no debe ser vista necesariamente como un enjuiciamiento de la rectitud moral del funcionario recusado, sino más bien como una herramienta que brinda confianza a quienes acuden al Estado solicitando la intervención de órganos que deben ser y aparentar ser imparciales. (Ver Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182.)

Conclusiones

POR TODOS LOS MOTIVOS expuestos, solicitamos formalmente a la juez titular del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional:


PRIMERO: Que admita la presente recusación y proceda conforme el mismo trámite de la inhibición, remitiendo las actuaciones por resolución fundada a quien deba reemplazarla.


SEGUNDO: Que en caso de estimar infundada la presente recusación, remita el asunto por ante la Corte de Apelación correspondiente, para los fines previstos por la Ley.

Por Alexis Jiménez y Francisco Franco

El innegable crecimiento del Partido Revolucionario Moderno fruto del ingreso a sus filas de ex dirigentes de otros partidos así como de funcionarios electivos que lograron su posición en las boletas de otras organizaciones viene provocando un interesante debate jurídico. A lo anterior se le endilga una supuesta antijuridicidad, alegándose que las juramentaciones de alcaldes, regidores y autoridades partidarias son contrarias a las leyes electorales y partidarias en lo referente al transfuguismo. 

Sobre este particular debemos iniciar puntualizando que el elemento medular de la democracia representativa que impera en nuestro Estado social y democrático de derecho es la prohibición del mandato imperativo y el hecho de la vinculación directa del funcionario electo con su mandante – la población-.

Más aún, el derecho a ser elegido, a ocupar y mantener los cargos y posiciones públicas – como bien lo ha entendido el Tribunal Constitucional Español – son un derecho fundamental cuyo titular son los funcionarios electos. Por lo tanto, la vinculación del representante con sus electores está determinada por un mandato político de carácter independiente y funcional, razón por la que, a la luz de la Constitución y las leyes que regulan el sistema electoral y de partidos, la decisión de un dirigente político, o incluso, funcionario electo, de abandonar un partido y asumir una nueva militancia resulta cónsona con los principios y reglas democráticas vigentes.

Prueba de ello es que ninguna disposición de la ley de partidos o ley orgánica de régimen electoral sancionan el tránsito dirigencial y/o de un funcionario electo de un partido a otro. Muy por el contrario, decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral demuestran lo opuesto.

Tomemos como ejemplo el caso del expresidente Leonel Fernández en el año 2020, quien luego de haber sido nominado internamente para la candidatura presidencial, y no resultar electo al alegar un fraude en dicha contienda partidaria, abandona las filas del PLD para asumir la candidatura de otro partido. En este caso en particular, el TSE atinó al establecer que no existía ningún obstáculo constitucional o legal que impidiese que el expresidente pudiese ser candidato por su nueva organización.

Otra muestra que permite ilustrar la constitucionalidad y legalidad de asumir una nueva opinión o dirigencia partidaria lo es la decisión núm. TC/0441/19. En este fallo el TC entendió que la decisión de una persona afiliada previamente a un partido de asumir una nueva militancia mediante su adhesión a otra organización, apoyo a una candidatura contraria, participación en actividades de otro partido, y la aceptación de candidaturas por otro partido, no trasgrede disposiciones constitucionales, sino que con esto se salvaguardan los intereses del derecho fundamental a la asociación política.

La jurisprudencia constitucional comparada sirve para ilustrar aún mas claramente lo anterior, y en este sentido el Tribunal Constitucional Español ha establecido que el ser elegido y el derecho a permanecer en el cargo constituyen derechos fundamentales, lo cual por lo tanto implica que cualquier causa de remoción del cargo debe encontrar un arraigo constitucional suficiente que justifique la limitación a dicho derecho y que el paso de una organización a otra del funcionario electo tiene raigambre constitucional en el antes indicado derecho, lo cual impide convertir esto en causa de perdida de la investidura resultante de la elección.

Por Alexis Jiménez 

Los principios que rigen la extinción de dominio forman parte de nuestro ordenamiento desde hace ya muchos años, específicamente desde la suscripción y ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes de 1988. En esta fecha nuestro país hizo suyas las reglas jurídicas básicas respecto a este instrumento jurídico, cuya utilidad, como es sabido, es la apropiación por parte del Estado de bienes sin justificación lícita. Y es que en dicho tratado ya se preveía la posibilidad de invertir la carga de la prueba con relación al origen del derecho de propiedad sobre este tipo de bienes. 

Si a lo anterior añadimos que, en la denominada Convención de Mérida de 2003, que no es mas que la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas -  de la cual nuestro país es también signatario - expresamente se prevé dicha figura, resulta innegable que la extinción de dominio es parte de nuestro orden jurídico desde hace décadas.

Pero la mas notoria declaración de voluntad con relación a este instituto es lo establecido en el art. 51.6 constitucional, donde el constituyente del 2010 fue expreso al disponer que “La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio…”, solo quedando pendiente al tenor de lo anterior la labor legislativa que, a la luz del espíritu de nuestra ley de leyes, permitiera que el Estado dominicano – y por tanto el pueblo, representado por sus delegatarios – tuviera la posibilidad de recuperar los bienes resultantes de las violaciones a las leyes, en especial – aunque no exclusivamente –de la corrupción y apropiación del erario y bienes públicos.

Y así, con una amplia labor de consenso llevada a cabo en la Cámara de Diputados, posteriormente refrendada por el Senado, se logró que nuestro país cuente al día de hoy una ley de extinción de dominio que despojará de sus fortunas a infractores de la ley que hayan logrado enriquecerse desarrollando estas actividades. En este marco normativo nuestro Poder Legislativo se ocupó de dar respuesta plena a la necesidad social y jurídica que impera en nuestra sociedad que reclama la recuperación de lo sustraído y de fortunas de cuestionable origen, “aplatanando” – en buen dominicano – una figura jurídica de origen foráneo: el contenido de dicha ley no nos deja mentir.

Esta legislación parte de un amplio catálogo de definiciones (13) y principios (6), que sientan las bases de este marco legal. Cabe destacar entre las definiciones el especificar que es la acción de extinción de dominio, quienes ostentan la calidad de afectos, cuales se pueden considerar bienes ilícitos, que es la buena fe – en el marco de esta norma – entre otros conceptos de igual relevancia. De su lado, entre los principios que rigen esta norma vale la pena mencionar los principios de autonomía – de la acción -, imparcialidad e independencia – de los juzgadores -, objetividad, transparencia e imparcialidad.

La acción de extinción de dominio, según lo definió nuestro legislador, es la acción autónoma e independiente de cualquier otra – sin importar la materia – ejercida in rem  contra los bienes, ajena a intereses patrimoniales sino que justificada por “intereses superiores de la Nación dominicana, asistida por un legítimo interés público”, que persigue la declaración judicial de la extinción del dominio – propiedad, control, disposición, posesión o usufructo – para que pase a titularidad del Estado. En esta ley se previeron 27 hechos ilícitos que dan lugar a dicha acción, entre estos el tráfico de drogas, infracciones relacionadas al terrorismo y su financiamiento, trata y tráfico de órganos, personas y armas, secuestro, extorsión, pero principalmente, y las que tienen la mayor incidencia y relevancia social, las que tienen que ver con la corrupción y los delitos contra la administración pública, como la estafa contra el Estado, el desfalco, la concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencia, prevaricación y con una clausula general: “delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones”. A estos habría que agregar el delito tributario, el contrabando, la piratería, los delitos medioambientales, el testaferrato y también el sicariato.

Un aspecto relevante es la disposición que, previendo planes de distracción por parte de los  propietarios del bien pretendan transferirlos, dispone que son nulos los actos y contratos que tengan dicho fin, debiéndose demostrar la condición de adquiriente de buena fe para que cualquier transacción sobre estos sea reconocida. En cuanto a la prescripción de la acción, se estableció que la misma tiene el máximo de la prescripción en el derecho civil que es de 20 años, favorable normativa para la recuperación de los bienes con destino u origen patrimonial ilícito.

Como puede observarse del presente análisis, la ley de extinción de dominio tiene un carácter eminentemente procesal, y es por ello que temas como las garantías procedimentales, la cosa juzgada, los causales de procedencia, y principalmente, las reglas competenciales y jurisdiccionales, son abordadas con especial meticulosidad. A este respecto vale resaltar que la cosa juzgada en materia de extinción se produce con la confluencia de 3 elementos: identidad del bien perseguido, de la causal de procedencia y de los hechos configurativos de la causal. De su lado, y en cuanto a la competencia jurisdiccional, el tema le fue atribuido a jueces experimentados del orden penal, disponiéndose que serán las Cámaras Penales de las Cortes de Apelación de cada Departamento Judicial la competente para conocer y decidir en primer grado el fondo del juicio de extinción, atribuyéndose a los jueces presidentes de las mismas la facultad de comisionar a uno de sus integrantes para que sea el juez control y de garantías en la instrucción del caso. Con esto, se garantiza de forma plena la autonomía y separación entre el juez de la etapa investigativa y el juez de fondo.

Aunado a lo anterior, la ley configura un claro esquema de partes procesales en lo referente a la extinción, siendo estas el Ministerio Público, órgano encargado de la persecución e impulsión de la acción, el afectado, que es todo aquel que alegue tener un derecho real sobre bienes materiales, beneficiario de obligaciones o títulos crediticios o de valores, y en términos societarios, aquel que tenga derecho real sobre parte o la totalidad de la composición social de una persona jurídica con fines pecuniarios. También, pueden ser parte también los intervinientes, que son aquellas personas que puedan demostrar una afectación en los términos que dispone la ley. Adicional a las anteriores, y aunque no figura como parte formal del proceso, también la ley prefigura al denunciante, como persona que hace de conocimiento de la autoridad la existencia de bienes cuyo origen son presumiblemente de carácter ilegal, sin que, como sucede en otros ordenamientos, estos particulares obtengan una retribución por su colaboración, lo cual sin duda podría promover conductas como el chantaje o la extorsión.

Por tratarse de un juicio dirigido principalmente a la comprobación de la obtención o adquisición de bienes fruto de actividades antijurídicas, la ley fue cuidadosa al intentar y lograr permear de todas las garantías constitucionales del debido proceso a este instituto. Por ello, se fijan limites claros respecto a las atribuciones del Ministerio Público en la fase investigativa (art. 33), una reserva de publicidad en cuanto a las actuaciones de este tipo, estableciéndose un término de 6 meses prorrogables por 2 meses más en cuanto al plazo de investigación, y en lo que al conocimiento del fondo de la solicitud se refiere, la ley es amplía y expresa regulando lo referente al apoderamiento del tribunal, y las garantías con que cuenta el afectado para promover la producción y recolección de pruebas, que deben estar dirigidas básicamente a demostrar la licitud del origen del bien, colocándose la carga de la prueba sobre el Ministerio Público (Art. 65), el cual deberá “probar las causales de procedencia previstas en esta ley y […] la ausencia de buena fe del afectado”.

La conclusión de este proceso tiene un fin social, político y criminológico, y es que, mediante una sentencia, y comprobado que el bien perseguido es producto de un hecho antijurídico, típico y presumiblemente culpable, se erradica definitivamente la propiedad para traspasarla al colectivo, que es el Estado, con un consecuente mensaje a la población: la ilegalidad no dará origen a la legalidad.

Por Norberto Montero 

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El municipio Santo Domingo Este se ha propuesto abrirse paso al turismo, y para ello ha estado encaminando acciones, rescatando espacios históricos y con un valor cultural, además de la construcción de una identidad para la ciudad. 

Sin embargo, esos esfuerzos no pueden dejar fuera la imagen del municipio, que provoque una sensación de satisfacción de las personas al voltear la mirada para cualquier lado de donde se encuentre.

Es por ello, que la alcaldía, encabezada por Manuel Jiménez, debe establecer diálogos y llegar a acuerdos con los propietarios de terrenos que no están siendo utilizados, a los fines de que los mantengan limpios. 

Es muy incómodo transitar por avenidas como la Charles de Gaulle, y ver terrenos hechos montes y llenos de basura, provocando un estado de insalubridad, por las ratas que se reproducen en esos lugares y luego se esparcen por toda la ciudad.

Por Rafael Padilla 

La comunicación y la tecnología avanzan aceleradamente en la era de la información, por eso es indispensable estar a la vanguardia y adaptarse a las tendencias mundiales, como bien lo hace Esfera Global en esta nueva temporada que dirige su conductora y productora ejecutiva Marjorie Félix.

Esta propuesta televisiva, que ya cumple cuatro años al aire, a través de la señal de CDN canal 37, está diseñada para exponer, contrastar y debatir opiniones sobre temas de interés nacional e internacional, con una línea gráfica novedosa, dinámica y moderna que conecta estratégicamente con la comunicación digital y las preferencias de los distintos tipos de audiencias de hoy.

“Debemos vivir en constante renovación, y más si hacemos televisión. Ahora la comunicación es más integral que nunca, nuestro espíritu creativo nos obliga a innovar en un formato de comunicación totalmente original, distinto del resto, visiblemente atractivo, y acompañado de un contenido interesante como el que hacemos en Esfera Global”, precisó Félix, quien también es consultora y analista política.

En su primer programa de esta nueva temporada, que se inauguró el domingo 08 de mayo a las 10:00AM, abordaron a profundidad el conflicto entre Rusia y Ucrania, que se extiende a otros actores directos e indirectos, junto al destacado educador internacional Iván Gatón y la analista Mariet Espinal.

Según Marjorie Félix, este conflicto lleva una tendencia a extenderse y complejizarse cada vez más, por lo que es necesario comprenderlo en toda su extensión, sobre todo, porque afecta hasta a los que nos encontramos más lejos de él, en un mundo interdependiente, y eso incluye a la República Dominicana.  

Además, para la próxima entrega, el domingo 15 de Mayo, juristas de larga trayectoria con incidencia nacional analizarán los efectos de la “difamación e injuria” a través de las redes sociales, ofreciendo orientación profesional a quienes pudieran resultar víctimas de estos tipos de delitos que la ley dominicana castiga con penas privativas de libertad.  

“Nos preparamos con mucha antelación en cada programa, por eso ustedes reciben una propuesta tan acabada en sus pantallas. Todo lo que hacemos es con la convicción de que a través de la investigación, las ideas y el conocimiento podremos ayudar a la gente a comprender el mundo en el que vivimos. Como es mi nuevo lema: “he venido a contarte el mundo”, eso hace Esfera Global, el equipo de jóvenes profesionales que lo integran y la gran familia globalista de amigos y marcas que lo apoyan. Los dominicanos y quienes nos siguen a nivel internacional no merecen menos que eso”, afirmó la conductora del espacio televisivo.

Esfera Global se transmite todos los domingos a las 10:00 de la mañana por CDN canal 37. Además, todo el contenido es compartido en sus redes sociales y canal de Youtube, especialmente en las plataformas de Marjorie Félix.

Por Oscar López Reyes

Quien ose decir que Danilo Medina ha sido el presidente más corrupto de la historia republicana cometería -como un borracho montado sobre un burro- el más grandilocuente perjurio. Y aquel que afirmare que habrá que glorificarlo como un simulador impenitente, sería un bufón en una camioneta sin puertas, pero el que lo postule como un genio estratégico merecería que lo pongan a bailar con un monito sin dientes. Siendo ecuánime, sí vivaquea -sin melodrama- como un manso niño de teta y un santo barón y, por su transparencia a toda prueba, los vecinos ya no le tocan cacerolas.

No estaría mal que fiscales y jueces le hicieran el saludo militar, entonándole, con solemnidad, el himno nacional de Francia, la Marsellesa, el más conocido y revolucionario del universo, en su sinfonía contra la pretensión de los reyes conjurados, el oprobio de los partidos, las falanges mercenarias y los tigres sin piedad, que desgarran el seno de su madre. Ese cántico tonifica en los grilletes.

Además de cumplir sus palabras con pura religiosidad y exquisito rigor científico, ¡sopla!, Danilo Medina prorratea por su capacidad de ahorros financieros y su habilidad para alejarse de los malos espíritus. Tras juramentarse como presidente de la República, en el 2012, declaró ante la Cámara de Cuentas tener en su alforja 23 millones de pesos, y cuando la abandonó, en el 2020, reveló que se remontó a 28 millones de pesos. O sea, que en ocho años subió apenas cinco milloncitos. ¡Ji, ji, ji, ja, ja, ja!

El mandatario devengaba un salario bruto de 450 mil pesos mensuales, menos 125 mil pesos de impuestos y otras retenciones obligatorias. Si partimos de que el Palacio Nacional mantiene a los jefes de Estado, de los restantes 325 mil restantes destinaba 120 mil a gastos alimenticios y otros rubros, como servicios públicos hogareños, entonces le sobraban 205 mil pesos mensuales. ¡Aleluya!  

Los números son divinos, en sus haberes primorosos.  Si a la cifra anterior le quitamos la ñapa y la redondeamos en 200 mil y los multiplicamos por 12 (un año), su reserva anual ascendió a dos millones 400 mil pesos anuales. Y en ocho años (el tiempo de su ejercicio gubernamental) sumaron 19 millones 200 mil pesos. 

El ex gobernante no explicó por qué su patrimonio sólo agregó cinco miserables millones de pesos. ¿Mal cálculo?, ¿algunas fajas se perdieron en una caleta? o ¿fueron obsequiados? ¿Y los ingresos de la Primera Dama…?

Casi todos los domingos, en horas de la tarde y después de los brinquitos sobre los charquitos de sus visitas sorpresas, visitaba discretamente el Malecón Center, donde caminaba a solas -sin ningún miembro de su seguridad- por un pasillo familiar de una de sus torres. ¿Con cuáles hermanos y cuñados que constan en los expedientes acusatorios se reunía, y para qué…? ¿Acaso platicaba con Miguel Pimentel Kareh?, el poderoso director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), que no ha sonado en ninguna de las operaciones anti-fraudes.

El testaferro no se emborracha con una simple puesta de Sol. No se tuerce ni cojea. Salta como un toro. El prestanombres ha estado en la mirilla de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que profundiza en las operaciones judiciales Antipulpo, que tiene como mollera a Alexis Medina, y Coral, que capitanea el mayor general Adán Cáceres.

La pavorosa Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que martilla en los sesos de los imputados precitados, en el numeral 11 del artículo 2 considera como delitos el testaferrato, el enriquecimiento no justificado, el cohecho, el soborno, el tráfico de influencia, la prevaricación, etc.

En su artículo 2, numeral 26, define el testaferro como “la persona física o jurídica que hace aparentar como propios los activos y bienes de un tercero procedentes de actividades ilícitas y cuyo propietario real no figura en los documentos que dan cuenta de su titularidad”. Este estatuto estipula reclusión carcelaria de hasta 20 años.

Igualmente, acota que “el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo serán considerados delitos extraditables que deberán contar con procesos claros y eficientes, sin lugar a condiciones restrictivas ni poco razonables. La aplicación de la extradición se realizará sujeta a las leyes internas y los acuerdos suscritos por el Estado dominicano con otros Estados”.

Danilo Medina: ¿acaso un testaferrato? Este puritano está protegido, incuestionablemente, por la presunción de inocencia. La PEPCA tiene la penúltima palabra -investigando profundamente para descartar o acusar-, y los jueces la última, para descargar o condenar. Este árbitro encara un dilema: si se depositan evidencias contundentes y no castiga, se calcina en las llamaradas del infierno, y aura en el edén si sanciona en los cogollos de la ecuanimidad y la equidad jurídica.