DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso un año de prisión preventiva contra diez imputados vinculados a un presunto fraude de más de RD$200 millones en perjuicio del Banco BHD, y además declaró el caso complejo.
La decisión fue adoptada por el juez Rigoberto Sena, atendiendo a una solicitud presentada por el Ministerio Público.
Los imputados Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Julio Antonio García Faña, Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán y Jefry Leonardo Cepeda Núñez deberán cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
En tanto, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández fue enviada al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
De acuerdo con el expediente, los investigados son señalados de integrar una estructura criminal dedicada a cometer estafas, causando un perjuicio económico superior a los RD$200 millones a una entidad financiera.
La investigación es encabezada por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y se originó tras un amplio operativo realizado en el Gran Santo Domingo junto a la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), adscrita a la Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional.
Al salir de la audiencia, la procuradora general de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, destacó que la fortaleza del expediente instrumentado por el Ministerio Público quedó evidenciada con la decisión del juez.
Tras conocerse la decisión, abogados de los imputados adelantaron que recurrirán la medida de coerción, alegando que el tribunal acogió en su totalidad los planteamientos del Ministerio Público sin tomar en consideración los argumentos presentados por la defensa.
Los representantes legales de los acusados sostienen que la decisión no se corresponde con lo establecido en la normativa procesal y denunciaron una supuesta parcialización a favor del órgano acusador.
Por su parte, los abogados de la entidad bancaria respaldaron la decisión emitida por el tribunal y expresaron satisfacción con el fallo adoptado por el juez Sena.









