Más de cuatro horas después de la hora fijada para la lectura de la decisión, la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, aún no ha subido al estrado este viernes para dar a conocer el fallo del juicio preliminar del caso Calamar.
La decisión estaba pautada para las 3:00 de la tarde, pero pasadas las 7:00, todavía no se ha emitido. Según informó la secretaria del tribunal, el retraso obedece a problemas logísticos.
La magistrada Ramírez se había reservado el fallo el pasado 27 de marzo, hace 63 días, luego de concluir las audiencias del proceso que involucra a los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, junto a otros exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina.
El Ministerio Público acusa a los imputados de presuntamente estafar al Estado mediante el desembolso irregular de fondos para el pago de terrenos declarados de utilidad pública, maniobra que habría ascendido a más de 19 mil millones de pesos.
Asimismo, el órgano acusador les atribuye pagos irregulares por más de 21 mil millones de pesos a contratistas, así como la supuesta ejecución de un esquema de extorsión a través de bancas de apuestas.
En este proceso, denominado Operación Calamar, el Ministerio Público presentó acusación contra 47 personas físicas y jurídicas. Entre los imputados figuran también los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y de Catastro Nacional, Luis Miguel Piccirilo y Claudio Silver Peña, respectivamente.
El expediente incluye además al exsenador de Azua Rafael Calderón; a Daniel Guerrero, hijo de Donald Guerrero; así como a los abogados Ángel Lockward, Juan Tomás Polanco Céspedes y los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández.
Igualmente, están acusados Princesa Alexandra Ortiz, Ramón David Hernández y Yahaira Brito, entre otros.
El grupo es procesado por presunta asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos.
El Ministerio Público solicita que los imputados sean enviados a juicio de fondo, mientras que las defensas piden declarar nula la acusación y dictar auto de no ha lugar.









