DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- La directora de Persecución del Ministerio Público, Yani Berenice Reynoso, aseguró este martes que el presunto entramado de corrupción Calamar es el caso de más complejidad hasta el momento, por ser una "red que tocó el patrimonio público de una forma sin precedentes en la historia del país". 

Explicó que desde el Estado se coalicionaron distintos funcionarios para sustraer fondos millonarios del patrimonio público. 

Así mismo, recomendó a las personas que antes de evaluar el expediente acusatorio "se tomen por los menos la responsabilidad" de leerla, de ver los cargos.

Agregó que es una acusación con pruebas suficientes para decir que podrían ser sobreabundantes para esta etapa del proceso, por lo que tiene la plena seguridad de que el caso será declarado complejo. 

La magistrada se expresó en estos términos al salir de la sala de audiencias, donde se intentó conocerle medidas de coerción a los imputados, Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, así como a los exministros de la Presidencia y de Hacienda, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, respectivamente. 

Así mismo, forman parte del expediente: el excontralor  general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA),  Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; el exdirector de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero; el exdirector Juegos de Azar, Julián Omar Fernández.

También, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación, Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación

Al encabezar este jueves los actos conmemorativos del Día Nacional del Ministerio Público, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, propuso este jueves rescatar el legado imperecedero del patricio Francisco del Rosario Sánchez, de honestidad, templanza y compromiso con un ideal.

“No debemos como sociedad, y, en especial, como sistema de justicia, permitirnos que su ejemplo haya sido en vano”, proclamó.

Asimismo, dijo que "El Ministerio Público, como resalté el martes pasado en nuestra rendición de cuentas, es el actor principal del proceso penal y tiene un protagonismo que es hoy día reconocido y valorado. Este reconocimiento solo se sostiene, sin embargo, sobre la base de un accionar íntegro e imparcial que demuestre objetividad en la dirección de los procesos penales”. 

Manifestó que, en los momentos actuales, se encuentran bajo una constante presión mediática para la resolución de los casos en curso. 

“Entendamos que es un clamor que responde a los altos niveles de frustración acumulada producto de la impunidad que ha imperado por años”, indicó.

Sostuvo que “La sociedad quiere ver justicia, quiere sentirse protegida por los actores del sistema cuando se violentan sus derechos colectivos más fundamentales, y no debemos defraudar. Ahora bien, que ese anhelo de justicia no nos desvíe del camino de la verdad jurídica”.

La magistrada dijo, que al asumir su mandato se propuso restaurar la confianza en el Ministerio Público, levantar su moral institucional, al tiempo de expresar: “los errores del pasado han hecho mella en el prestigio que, por su naturaleza, posee el órgano acusador del Estado. Pero no todo es negativo, tenemos muchas victorias que celebrar. Vamos, pues, a resaltarlas y a celebrarlas con entusiasmo”. 

Amparados en la memoria del patricio, dijo apelar a la vocación de servicio para la justicia y llamó a reconducir la institución al estadio que ha conferido la Constitución. 

“En este sentido, aprovecho para reconocer y aplaudir a cada uno de los fiscales que conforman el cuerpo del Ministerio Público, por mantenerse en el frente de batalla, combatiendo no solo al delito, sino a sus detractores”, manifestó.

La máxima autoridad del Ministerio Público concluyó su discurso en el acto con el pensamiento del ideario de Sánchez: “Tener presente que vuestro ejercicio no es exclusivo para la acusación, sino también para la absolución porque no sois el verdugo de la Ley, sino el patrono de la justicia y de las buenas costumbres. Vosotros todos los que componéis exclusivamente el Tribunal tened presente que sin la templanza no hay justicia”.

Miriam Germán Brito ofreció estas declaraciones en el Altar de la Patria, donde presidió un acto de izamiento de la bandera y el depósito de una ofrenda floral con motivo de la conmemoración que se realiza cada 9 de marzo, día en que se celebra el natalicio del patricio Francisco del Rosario Sánchez, quien fue fiscal ante el Tribunal de Apelación de Santo Domingo.

En el acto, contó con la presencia de miembros del Ministerio Público y diversas personalidades.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini, homologó todos los acuerdos que había suscrito el Ministerio Público con 11 de los 18  implicados en la presunta red de narcotráfico encabezada por César Emilio Peralta (César El Abusador), quien guarda prisión por el caso en Puerto Rico.

Al acoger los acuerdos, la magistrada ortogó condena a los once imputados favorecidos con los mismos, entre ellos la pareja de César El Abusador, Marisol Franco, a quien la jueza le  impuso una pena suspendida de dos años y recuperará su libertad el próximo martes, según explicó su abogado, Joaquín Melenciano. Otros cumplirán entre 3 y 7 años. 

Según los abogados, el acuerdo consiste en declaratoria de culpabilidad por parte de los imputados, devolución y descomosos de bienes, entre otros términos. 

Con la sentencia, la jueza  condenó a todos los acusados que firmaron el acuerdo al pago de 200 salarios mínimos. Así mismo, ordenó el decomiso de cuatro armas de fuego, 12 inmuebles y dinero en efectivo. Todos acumulan una pena de 51 años.

La representante del Ministerio Público, magistrada Ramona Nova, expresó que espera que más imputados sigan negociando con el órgano persecutor, al tiempo que, dijo que en la próxima semana habrá audiencia con cuatro de ellos, y algunos que han sido declarados en rebeldía serán capturados para ser puestos a disposición de la justicia. 

La lectura íntegra de la sentencia será el 21 de octubre.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- Tras más de tres horas ponderando, el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, ortogó días días hábiles de plazo a   las barras de la defensa del presunto entramado de corrupción Medusa para que estudien las pruebas entregadas por el Ministerio Público y preparar su defensa para la audiencia preliminar. 

Será el 19 de diciembre a las 9:00 de la mañana cuando se le dará inicio a la audiencia preliminar, donde se debatirán más de 3 mil pruebas presentadas por el Ministerio Público, las cuales suman un total de 156 mil páginas en contra de 41 imputados y 22 empresas. El expediente acusatorio contiene unas  12 mil páginas. 

La decisión del magistrado se produjo a solicitud de la defensa de los imputados, quienes pidieron entre 100 y 120 dias para conocer las pruebas y preparar su defensa. En tanto que, el Ministerio Público pidió que sólo se les otorgara 45 días por entender que eran suficientes. 

El magistrado también otorgó un plazo de 20 días al Ministerio Público para que entregue los discos duros con las pruebas a las imputados que aún no las tienen reparen aquellos que han sido notificados con problemas para reproducirse. Vencido ese plazo 10 días hábiles para que la secretaría del tribunal notifique a la defensa técnica.

Entre los que pidieron 100 días para estudiar las pruebas, está la barra de la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso. Mientras que, los abogados de Alfredo Solano Augusto,  quien se desempeñaba como subdirector administrativo de la Procuraduría, pidieron el plazo de cuatro meses. 

Los abogados también solicitaron al magistrado que ordene al Ministerio Público entregar las pruebas que tienen en contra de los imputados de manera física, pues lo hicieron de manera virtual y esto les complica el trabajo. Este pedimento fue rechazado por el juez.

A medida que se le iba  dando la palabra a las diferentes barras de defensa de este caso se pedía al juez que otorgue un plazo razonable para elaborar el escrito de defensa y con esto cumplir con el debido proceso. 

En esta nueva etapa del proceso, el juez Amauri Martínez tendrá que determinar si la acusación hecha por el Ministerio Público contra los imputados tiene los méritos suficientes para ir a juicio de fondo.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa a los implicados en el caso Medusa de crear un entramado, supuestamente dirigido por Jean Alain Rodríguez, para distraer miles de millones de pesos de la Procuraduría mediante una serie de maniobras. Los cargos en su contra son: estafa contra el Estado, sobornos, prevaricación, lavado de activos, coalición de funcionarios y delitos de alta tecnología. 

Por el caso guardan prisión el exprocurador Jean Alain Rodríguez, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo. 

Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la exsubdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad. 

En tanto que el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.

Por igual son imputados en el caso, pero no cumplen medidas de coerción Rolando Sebelén Torres, cuñado del exprocurador Rodríguez; José Estrada, César Nicolás Rizik, Hilda Cristina Jackson y José Alberto Abbot, madre y suegro de José Estrada. 

También Juan Asael Martínez, Vianela Pimentel y Giselle del Carmen Molano, hermano, madre y esposa de César Nicolás Rizik, respectivamente. 

Por igual, en la lista de los acusados figura Ramón Burgos Acosta, quien fue director del Sistema Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (Sinarec), y Alejandro Martín Rosa, quien fue director de la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados del Ministerio Público. 

Además son imputados Félix Antonio Rosario, exdirector de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público; Sara Fernández de José, Braulio Michael Batista, Jonathan Medina Reyes, Ysis Tapia, Mercedes Salcedo Disla, Carolina Pimentel Bonifacio y Francis Ramírez Moreno. 

Asimismo, Reynaldo Santos de la Cruz, Daniel Enrique Feliz, Francisco Arturo Santos, Fausto Cáceres Salterio, Francisco Alberto Vásquez, Carlos Augusto Guzmán Oliver, Rafael Salvador Rasuk, Sean Hudson Dwiggins, Ricardo Antonio Carrasquero, José Antonio Santana Julián, Felipe Fernández de Castro e Ismael Elías de Jesús. 

Entre las empresas imputadas están Morel Grullón, Constructora Integral SAS, Abatesa, Constructora Carrasco SRL, Smart Logistc, Distribuidora Ropi, Inversiones Swaziland EIRl. 

También, Inversiones Carivieri, Ropalma SRL, Getran del Caribe, Dimamor Group, Herrage Rachel SRL, F y F Ezel Import, Rogama, Comercial Viarios, la Parasata Mercantil y Fire Control System Magm.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional impuso este lunes medidas de coerción a otros dos imputados por el Ministerio Público  por formar parte de la red de corrupción administrativa desmantelada con la Operación Anti Pulpo.

Carlos Montes de Oca deberá cumplir tres meses de prisión preventiva y Paola Mercedes Suazo tendrá que pagar una garantía económica, presentarse ante el Ministerio Público en forma periódica y tiene impedido salir del país. Ambos son procesados por formar parte del entramado de corrupción que dirigía Juan Alexis Medina Sánchez, quien estafó al Estado con miles de millones de pesos de los contribuyentes en relaciones comerciales con el Estado para las cuales aprovechó su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó que “el Ministerio Público, una vez más, vino listo para presentar esta acusación y esperamos que en el menor tiempo posible se pueda conocer la audiencia preliminar”.

Explicó que, contra María Torres, quien había sido declarada inimputable por el tribunal, se dictó auto de apertura a juicio. 

Sobre la decisión del juez Deiby Timoteo Peguero en ese caso, dijo que, por haber tenido el conocimiento en ese proceso, remitió las actuaciones a la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.

“Ahora, la coordinación deberá decidir si este juez continúa en el proceso o si sustituye y designa a un nuevo juez para el conocimiento de la audiencia preliminar de la Operación Anti Pulpo”, dijo, al responder preguntas de la prensa a la salida del tribunal.

“Nosotros lo que esperamos es que la coordinación pueda decidir este tema en el menor tiempo posible y que en la próxima audiencia podamos estar presentando la acusación de Operación Anti Pulpo”, dijo Camacho, quien encabezó el equipo litigante junto a Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de ese órgano; Ernesto Guzmán Alberto, Elizabeth Paredes y Héctor García.

El juez Deiby Timoteo Peguero dispuso que Montes de Oca cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo San Cristóbal.

Por este caso el Ministerio Público acusó en febrero pasado a 27 personas físicas y 21 compañías mediante un extenso expediente por corrupción y lavado de activos de unas 3,500 páginas.

El proceso se sigue además contra Carmen Magalys Medina Sánchez, quien también aprovechó sus lazos familiares y su posición de vicepresidenta del Fonper para delinquir dentro del entramado de corrupción del que fungió como gerente operativo su hermano Juan Alexis Medina Sánchez.

También, Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, exfiscalizador de esa unidad estatal.

La acusación del caso presentada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca también incluye entre otros a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública; al ex contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.

El Ministerio Público presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- A solicitud del Ministerio Público, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este  sábado un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota (Carandai), imputado de asesinar en su despacho al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera.

“El tribunal ha acogido en todas sus partes la solicitud presentada por el Ministerio Público, imponiendo 12 meses de prisión preventiva para el imputado, tal como lo hemos requerido en nuestro escrito de solicitud de medida de coerción”, explicó la procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al hablar a los periodistas que abordaron al equipo de fiscales.

“Las investigaciones continúan, quedan a cargo de la Fiscalía del Distrito Nacional, y tenemos fe en que se reunirán todos y cada uno de los elementos, ya que este es un hecho más que comprobado desde la medida de coerción misma, de que la justicia actuará de la manera correcta, imponiendo las sanciones correspondientes”, sostuvo Ortiz, quien estuvo acompañada en la audiencia por la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, así como María Silvestre, Magalis Sánchez, Carolin Junesca De Oleo y  Yelianny Polanco.

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictaminó que Cruz de la Mota deberá cumplir la medida coercitiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

La fiscal del Distrito, quien se reintegra a sus labores tras una licencia posparto, dijo que “aunque estamos avanzados, esta es una etapa sensible” del proceso, en la cual “necesitamos el tiempo para terminar de reunir los elementos”.

Ramos indicó que a partir del próximo lunes “haremos los aprestos necesarios, las diligencias pertinentes para presentar el acto conclusivo que corresponde”.

El Ministerio Público otorga al hecho la calificación jurídica de violación a los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, y 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Al imputado, quien cometió el hecho alrededor del mediodía del pasado lunes, se le ocupó una Toyota, modelo Rush G, color negro, año 2019, placa no. G456640, una Mini Uzi, calibre 9mm., serie No. MV-CB50492, con dos cargadores con 30 cápsulas cada uno. Además, un maletín con cuatro cargadores con capacidad para 30 cápsulas, dos ellos llenos.

Otro de los cargadores contenía 11 cápsulas calibre 9 mm. Había también varias comunicaciones referentes al expediente de la empresa Aurum Gavia, S.N., un sobre con una manilla de 90 billetes de RD$2,000 (RD$180,000) y un reloj Cartier Roadster.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- La fiscal titular, Rosalba Ramos, dijo este sábado que la fiscalía del Distrito Nacional estará a cargo en las investigaciones en el asesinato del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Orlando Jorge Mera, hecho ocurrido el pasado lunes en su despacho.

"La fiscalía del Distrito Nacional está al frente de la investigación. Ya que nosotros estamos bastante avanzados, esta es una etapa sencible donde necesitamos tener el tiempo para terminar de reunir los elementos que necesitamos para poder presentar el acto conclusivo que corresponde", sostuvo Ramos a su salida de la sala de audiencias.

Por otra parte, la magistrada Mirna Ortiz, dijo que en el caso la justicia actuará de manera correcta imponiendo las sanciones correspondientes al imputado.

Asimismo, Ortiz consideró que el asesinato de Jorge Mera es un hecho comprobado desde la primera etapa del proceso judicial. 

El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Cena Ferrera, impuso un año de prisión preventiva contra Miguel Cruz de la Mota acusado de asesinar de seis disparos al ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera en su despacho. 

Cruz de la Mota deberá cumplir la prisión preventiva en el centro de corrección Najayo-Hombre. 

En la audiencia de medida de coerción, estuvieron presentes  la hermana y el hijo de Orlando Jorge Mera, Dilia Dilcia Jorge Mera y Orlando Jorge Villegas, quienes  no hablaron cuando salieron del tribunal, pero mostraron  rostros de tristeza.

Se recuerda que Jorge Mera falleció el pasado lunes, luego de ser baleado en su despacho en el Ministerio de Medio Ambiente por un amigo suyo, quien le propinó varios disparos.

Según las investigaciones realizadas por los fiscales en el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Or­lando Jorge Mera, señalan que Miguel de Jesús Cruz de la Mota alía Carandai, acudió con la intención de matar a su amigo de infan­cia al no haber conseguido la aprobación de permisos medioambientales para la exportación de baterías usadas. Por el caso las au­toridades tienen bajo in­vestigación a la empresa Aurum Gavia, S.A, en vis­ta de que el acusado tenía documentos originales en su poder con los que se so­licitaron los permisos.

 DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público tiene bajo arresto al imputado Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, confeso autor del asesinato a balazos del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, ocurrido la mañana de este lunes.

El Ministerio Público explicó que Cruz de la Mota, de 56 años de edad, cometió el hecho en el despacho de Jorge Mera, ubicado en el Ministerio de Medio Ambiente, en la avenida Luperón, de esta capital, y luego huyó hacia la Iglesia Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, ubicada en la urbanización Real.

En el templo religioso, Cruz de la Mota entregó la pistola a un cura a quien le explicó que había cometido un crimen, aunque sin identificar a la víctima.

En cuanto tuvo noticia del hecho, la procuradora general de la República, magistrada Miriam Germán Brito, dispuso que un amplio equipo de fiscales, encabezado por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público, se presentara al lugar del hecho en las instalaciones de Medio Ambiente.

Desde Medio Ambiente, la directora general de Persecución estableció contacto vía telefónica con el investigado, quien le dijo que se entregaría si el Ministerio Público le garantizaba la vida.

De inmediato, hasta el templo se trasladaron la procuradora adjunta Yeni Berenice, así como el mayor general Eduardo Alberto Then y el general Amauri Van Troi Tejada Cruz, responsables de la Policía Nacional y de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes han estado desde el inicio en las investigaciones.

Luego de hacer el levantamiento de las evidencias, el Ministerio Público y los investigadores trasladaron al imputado a la Dirección General de Persecución, en donde un equipo de fiscales trabaja, en coordinación con la Fiscalía del Distrito Nacional, para la presentación de cargos preliminares.

El Ministerio Público maneja la teoría inicial de que se trató de un asesinato y ahonda en las investigaciones para determinar las circunstancias objetivas del mismo y para la presentación de cargos contra el imputado ante los tribunales.

Luego de ocurrido el hecho de sangre unidades policiales y militares tomaron el control de la sede del Ministerio de Medio Ambiente y sus alrededores.

Técnicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) trasladaron el cadáver a la morgue del cementerio Cristo Redentor para practicarle una necropsia.