DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- Un equipo de fiscales, conjuntamente con agentes de la Policía y la DNCD y con el apoyo del Ministerio de Defensa, realizaron 26 allanamientos en los que han arrestado a 10 personas y ocupado una gran cantidad de documentos y equipos electrónicos

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público puso en marcha este martes la Operación Jaguar contra el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado, conjuntamente con la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Unos 35 fiscales coordinados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público se movilizan en las acciones en las que participan 300 agentes, incluyendo a 63 miembros de la DNCD y más de 170 de la Policía, apoyados por el Ministerio Defensa, a través de sus distintos órganos, como la Fuerza Aérea.

La operación cuenta además con la cooperación internacional de la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Las acciones procuraban obtener equipos electrónicos y documentos para avanzar en la investigación en contra de una red de droga internacional.

Los allanamientos, que cumplieron con sus objetivos, fueron exitosos al permitir a las autoridades ocupar una gran cantidad de documentos y equipos electrónicos, los cuales son analizados por los fiscales junto a los agentes actuantes.

En ese sentido, los fiscales actuantes adelantaron que han ocupado documentos y equipos electrónicos que figuran entre los principales objetivos de la operación. También, armas, vehículos y dinero en efectivo en pesos y dólares.

Explicaron, además, que en 26 allanamientos realizados en Cotuí, San Francisco de Macorís y Santiago como parte de la investigación en curso fueron arrestadas 10 personas.

El Ministerio Público estableció que tiene evidencias de participación de miembros de la organización criminal que opera tanto en México como en República Dominicana.

La organización enfrentada con la Operación Jaguar, además de narcotráfico y lavado de activos, es investigada por sicariato internacional.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El abogado Miguel Valerio, representante legal del empresario Antonio Espaillat, quien salió este viernes de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, tras permanecer allí nueve días bajo arresto por el colapso de la discoteca Jet Set, un centro de diversión de su propiedad que al desplomarse su techo dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de 180 heridos, aseguró que su cliente continuará brindando ayuda a las víctimas mientras continúa el proceso judicial que se le sigue por el caso. 

Valerio aseguró que los afectados continúan solicitando indemnización, las cuales se han ido resolviendo.

Agregó que Espaillat seguirá trabajando como lo estaba haciendo al momento de su apresamiento, sobretodo porque están recibiendo muchas demandas civiles y se necesita dinero.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El abogado Miguel Valerio, representante legal del empresario Antonio Espaillat, propietario de la colapsada discoteca Jet Set, informó este jueves que la familia Espaillat habilitó una línea para resarcir a cada una de las víctimas de la tragedia. 

"No queremos que... ninguna persona que quedara huérfano quede desamparada. Esa es la voluntad de la familia Espaillat y así lo está haciendo", expresó Valerio al salir de un interrogatorio a su cliente en la Procuraduría General de la República la noche de este jueves. 

Valerio enfatizó que Antonio Espaillat no es un imputado con peligro de fuga, lo cual ha demostrado durante la investigación, que según dijo, casi concluyó y ahora pasa a un proceso de peritaje. 

Antonio Espaillat fue trasladado junto a su hermana Maribel a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva próximo a las 10 de la noche, donde permanecerá hasta que le conozcan medida de coerción.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Luis Henry Molina Peña, afirmó que la dignidad de la persona es lo esencial en la construcción de la justicia, señalando que el verdadero cambio en el sistema judicial dominicano solo será posible cuando se coloque a las personas en el centro de cada actuación.

Durante su conferencia titulada “Sistema de Justicia Dominicano: Avances, Retos y Desafíos”, impartida en la Universidad APEC, Molina expresó que como  lo está plantea el papa León IV, poner a las personas en el centro de cada accionar de lo que hacemos es lo que va a permitir la gran transformación de la justicia.

Aplicación de la Ley de Extinción de Dominio

En otro orden, al referirse a la Ley de Extinción de Dominio, Molina reiteró el compromiso del Poder Judicial de actuar conforme a su rol constitucional. 

“Le corresponde al Poder Judicial atender todos los casos que se le presentan", puntualizó el magistrado, al agregar que tan pronto le presentan algún caso relacionado con la referida ley lo decidirán. 

La actividad reunió a estudiantes, docentes, juristas y representantes del sector justicia, en un espacio de diálogo académico donde se abordaron los avances recientes, así como los retos pendientes para garantizar un sistema judicial transparente, independiente y centrado en el ciudadano.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público depositó la tarde de este viernes la solicitud de medida de coerción contra el empresario chino, Po Xie, quien fue apresado este jueves luego de que la Dirección General de Migración (DGM) se querellara contra él por oposición a la labor de interdicción migratoria y rebelión contra funcionarios públicos. 

La información fue confirmada por su abogado, Freddy Manuel Díaz, quien agregó que el conocimiento de la medida de coerción fue fijada para el sábado 7 de junio a partir de las 9:00 de la mañana. 

Díaz adelantó que hasta el momento pudo observar que a su cliente se le acusa de causar golpes y heridas a terceros. 

Se recuerda que Po Xie fue detenido por unidades de inteligencia e interdicción de la DGM cuando transitaba por una vía en el sector Villa Consuelo, en cumplimiento a la orden judicial No. 001-junio-2025, de la magistrada Kenya  Romero.  

La acción judicial fue motivada por una acusación formal de la DGM, que además se constituyó en actor civil, imputando a Po Xie los delitos de obstrucción de la labor de interdicción migratoria y rebelión contra funcionarios públicos, en violación a varios artículos del Código Penal, el Código Civil y la Ley General de Migración No. 285-04.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El periodista Vargavila Riverón, presentó este miércoles formal querella contra el comunicador y detective Ángel Martínez Jiménez, a quien acusa de difamación e injuria, lo que atenta contra la integridad, el buen nombre y el honor de la persona.

Riverón denunció que en uno de sus programas, Martínez lo vincula infundadamente a sectores oscuros y del bajo mundo, de los que el periodista nunca ha estado ni cerca, según explicó, con lo que aseguró viola los artículos 21 y 22 de la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Junto a sus abogados, doctores Rafael Helena Regalado y Ramón Peralta, el también productor de televisión y analista político internacional depositó formal denuncia por ante la Fiscalía del Distrito Nacional, fundamentando su querella acompañada de una memoria USB contentiva de la información colgada en el Canal de Youtube, DETECTIVE ANGEL MARTINEZ, de fecha viernes 23 de mayo del 2025, donde aparece la Difamación Injuriosa.

Vargavila Riverón, precisó que en la fecha indicada anteriormente, el señor Ángel Martínez emitió las declaraciones difamatorias acusándolo de defender a supuestos capos, de ser empleado de narcotraficantes y de poseer fortunas multimillonarias, señalamientos irreales, ilusos e inventados, lo que ha provocado que algunos y ciudadanos cuestionen su seriedad.

El comunicador calificó al señor Martínez como un “difamador patológico” y exigió el pago de RD$10 millones de pesos en indemnización como justa reparación por los daños y perjuicios causados.

Reveló que a raíz de su denuncia la pasada semana donde señalaba que a pesar de Ángel Martínez tener varias demandas y ordenes de arresto en el país, seguía difamando y enlodando a figuras políticas y empresarios dominicanos, fue suspendido del programa Una Nueva Mañana de la plataforma Al Tanto TV y Teleantillas, que dirige la periodista Colombia Alcántara.

La barra de la defensa del periodista Vargavila Riverón, indicó que la citación busca que Martínez sea llamado a comparecer para fines de interrogatorios el denunciante, denunciado y testigos; establece que los hechos inciertos y carentes de veracidad alguna "se han constituido en un arma para que los enemigos del denunciante lo consideren como real y lo utilicen en su contra, pues dicho libelo se hace con la pérfida intención y  animus injuriandi de desacreditar y echar lodo a la persona, reputación, dignidad, consideración, moral y honor nuestro defensido", aseguraron.

Precisaron que fruto del invento y demostrada mentira de Martínez, "sacada de su mente enferma" demuestra total desconocimiento e incapacidad para ejercer su oficio de calumniador consuetudinario, poniendo al desnudo su vocación de injuriar al ser probada su falta, tras asegurar que no existe justificación alguna para publicar en su medio de comunicación, lo cual constituye una perversa difamación, acción intolerable que se contraviene con la verdad”.

Se recuerda que este martes, el juez de la Segunda Sala Penal del Distrio Nacional, Julian Vargas, impuso medida de coerción contra el señor Ángel Martínez, consistente en presentación periódica e impedimento de salida del país.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dejó este martes en libertad condicional al presunto detective Ángel Martínez, a quien le impuso presentación periódica e inmediatamente de salida del país, a fin de que responda ante el ante la justicia a la demanda por difamación, interpuesta por el diputado Sergio Moya.

El imputado fue detenido ayer a bordo de un crucero en Puerto Plata, tras haber sido declarado en rebeldía por no presentarse a responder por los hechos que se le imputan. 

Al salir de la sala de audiencias, Martínez acusó al gobierno dominicano de retenerlo dentro del territorio nacional porque quiere atacarlo, lo que calificó como injusto, por ser un hombre que tiene más de 55 años con una misma dirección. 

"Hoy el gobierno dominicano dice que yo no me puedo mover de la capital. ¿Dónde voy a vivir, en la calle? ¿Dónde voy a vivir, en una esquina?", cuestionó Martínez, destacando que su residencia está fuera del país y aquí ni tiene donde vivir.

Por su parte, el abogado Carlos Mesa, representante legal de Ángel Martínez, aseguró que apelará la decisión, en virtud de que según dijo, no se ajusta a la realidad del proceso.

La próxima audiencia fue fijada para el 26 de junio.

DIARIO ORIENTAL, SAN CRISTÓBAL.- Una ama de casa y su esposo, denunciaron que un mayor de la Policía Nacional pretende despojarlos de una vivienda que le alquilaron hace seis años, luego de haberla remodelado  sin el consentimiento de sus propietarios.

La señora Cristina Tatis, dueña de la propiedad en conflicto, precisó que la vivienda, ubicada en la calle primera, número 25, en Quita Sueño de Haina, fue convertida en un local comercial por el oficial policial Raúl Daniel Domínguez Franco, alegando que le fue vendido el inmueble, sin presentar las documentaciones que avalen dicha negociación.

Deploró que el agente se valió de artimañas para pretender expropiarlos de la casa, ya que el contrato real se venció hace dos años y él elaboró otro a su manera y al vapor, luego fue a buscar las firmas de los propietarios, del cual no guardan copia y reciben constantes amenazas por parte del policía.

Ante esta situación, el abogado y coordinador de los Derechos Humanos para la región sur, Carlos Manuel Sánchez, reprochó que el oficial policial ha actuado de manera abusiva y arbitraria, valiéndose de su condición para intimidar y adueñarse por la fuerza de una propiedad que sabes que no es de él.

Explicó que las constantes amenazas a esta familia le ha provocado un estado de pánico, temor y ansiedad, afectandole la salud, por lo que solicitó la intervención del director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, asi como a la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, para que frenen esta práctica ante los excesos cometidos por el oficial policial.

El abogado Carlos Sánchez, responsabilizó al mayor policial Domínguez Franco de lo que le pase a sus clientes y ante cualquier "trompo" así como de su propia  integridad como representante de la familia afectada y le instó a parar con los abusos que está cometiendo.

Anunciaron una manifestación pacífica hacia el Palacio de la Policía Nacional este próximo lunes a partir de las 9:00am, en demanda de que las autoridades correspondientes den respuesta a este caso.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), haciendo uso de la facultad que le acuerda su ley orgánica 3-19, de ser asesor del estado dominicano en materia legislativa, presento por ante el Senado de la República recomendaciones, cambios y enmiendas a la propuesta de ley que procura regular el ejercicio del derecho a la información en el país.

En cuya virtud el presidente del gremio que agrupa los abogados, Trajano Potentini se puso a disposición del Congreso Nacional en el objetivo de seguir ampliando el análisis crítico, en el interés de dotar al país de una ley que garantice en democracia la capacidad de los dominicanos a expresarse libremente para escrutar y cuestionar sin ataduras el accionar de los gobernantes siempre con apego al respeto racional de los derechos de todos.

Potentini recordó que de forma reiterada el Poder Ejecutivo Dominicano ha pretendido regular el ejercicio del derecho fundamental a la información y con ello la libertad de expresión en el contexto de las redes sociales y hoy ya también con la inminencia de una exponencial inteligencia artificial, una realidad y necesidad incuestionable, máxime por tratarse de un ordenamiento jurídico que precisa de actualizar y superar la vetusta Ley 6132 de 1962 sobre expresión y difusión del pensamiento (más de 60 años de vigencia), antiquísima por demás y descontextualizada del mundo tecnológico y constitucional actual.

Para la ocasión el gobierno ha depositado formalmente por ante el Senado de la República con el apoyo de los diarios tradicionales, con quienes se ha planteado que por años vienen entre ellos trabajando el referido proyecto, lamentablemente al margen de amplios sectores sociales que hoy reaccionan exigiendo, como también lo hace el colegio de abogados de un amplio consenso, discusión y vistas públicas para que el país en pleno pueda referirse y verificar la transparencia con que debe configurarse un instrumento de tanta valía para la democracia y el estado de derecho como lo sería la regulación de la libertad de expresión.

De acuerdo con el CARD, en principio el accionar del gobierno busca con el anteproyecto de ley concretar la reserva de ley que hace mandatorio el desarrollo legislativo del derecho fundamental a la información previsto desde el año 2010 en el artículo 49 de la constitución dominicana, cuyas responsabilidades por parte del congreso al tratarse de un tema orgánico deberán ser las más amplias posibles, respetando el núcleo esencial del derecho fundamental abordando, con ello atenuando al máximo la excesiva capacidad de reglamentación que erróneamente como veremos se deja en manos de un órgano creado por el propio proyecto.

Se trata de un proyecto muy ambicioso con pretensiones de reglamentar, no sólo el ecosistema comunicacional y tecnológico del país, también incluye las grandes plataformas redes sociales globales (Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok), servicios de streaming (Netflix, etc.), agregadores de contenido, así como medios digitales locales (periódicos en línea, portales de noticias) e incluso foros o blogs con alcance significativo, a condición de que tengan en sus redes sociales seguidores que igualen como mínimo el del 10% de los usuarios dominicanos con acceso a internet, de acuerdo a las estadísticas de las telefónicas y órganos oficiales sería el 10 por ciento de unos 8.5 millones de usuarios, para un total de 850 mil seguidores. 

A la hora de examinar el proyecto observamos su estructura compuesta por varios capítulos, unos 9 títulos y 75 artículos e innúmeros párrafos, digamos que, concebidos magistralmente, por lo menos hasta sus primeros 15 artículos, incluyendo los considerandos y los vistos de leyes y tratados internacionales, conjuntamente con las reiteraciones de aspectos constitucionales y convencionales, tales como la cláusula de conciencia, el secreto profesional, la no censura previa, la doctrina de la doble dimensión de la libertad de expresión (derecho individual y derecho colectivo a la información), el derecho a la reserva de las fuentes de información, el derecho de rectificación o respuesta, protección de niños, niñas y adolescentes, en fin, la proclamación de unos 10 principios rectores, entre otros tantos, que como veremos a continuación, pese a constituir grandes avances para el país, en una parte del contenido de los últimos 60 artículos, son inobservados y violentados:

1.- CLARA CONTRADICCIÓN ENTRE PRINCIPIOS Y MECANISMOS DE CONTROL, CON LA CREACIÓN COMO ÓRGANO REGULADOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE COMUNICACIÓN (INACOM)

Como apuntamos el anteproyecto proclama con énfasis su alineación con los principios constitucionales e internacionales de libertad de expresión, sin embargo, establece mecanismos regulatorios excesivamente intervencionistas, centralizados en la creación un ente regulador autónomo adscrito al Ministerio de Cultura, cuyo empoderamiento del denominado Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), le capacita para regular, fiscalizar, sancionar e incluso suspender transmisiones de medios, lo que amenaza con convertirse en una forma de censura indirecta disfrazada de regulación administrativa, funcionarios todos nombrados por el senado a partir de ternas discrecionalmente seleccionadas por el Poder Ejecutivo, en quien además recaería el nombramiento del director ejecutivo del INACOM en coordinación con el consejo de 5 miembros ya nombrado por el senado para un periodo de 2 años renovable solo una vez..

En consecuencia y dependiendo la designación de los miembros del INACOM del Poder Ejecutivo y el Senado, tendríamos un problema de independencia institucional, sin participación de la sociedad civil, lo que indudablemente socavaría su autonomía e imparcialidad.

Sobre los poderes del INACOM preocupa la figura de la suspensión temporal de medios y la remoción obligatoria de contenidos los cuales resultan altamente sensibles. Por ejemplo, se tipifica como infracción grave “difundir mensajes que de forma manifiesta denigren la dignidad humana o vulneren los derechos fundamentales de las personas menores de edad”, aclarándose que ello no implica censura previa sino prohibición de reiteración de esos contenidos, no obstante, en ello se esconde mucha discrecionalidad interpretativa, por tratarse de un concepto abierto 

El INACOM regularía los medios tradicionales y digitales, con facultades que incluyen exigir códigos fuente de algoritmos y moderar contenidos, lo que constituye una concentración de funciones regulatorias incompatible con el pluralismo democrático y la autonomía de los medios, además tendríamos concentración de poder descomunal en un órgano sin suficientes contrapesos.

En lo sucesivo el Talón de Aquiles y fundamental falencia de esta propuesta legislativa lo será la dimensión política que se les asigna al INACOM, es decir, cómo el poder público podría instrumentalizar la nueva ley y al órgano regulador para controlar el flujo informativo, especialmente frente a medios críticos u opositores, que como hemos dicho también conjuga la capacidad de tutelar los derechos de las audiencias y usuarios, regular la clasificación de contenidos, promover la pluralidad, recibir quejas, e incluso imponer sanciones administrativas por infracciones a la ley. En definitiva, sería un organismo con amplio poder regulatorio sobre todo el ecosistema mediático dominicano, incluyendo los medios y mecanismos de hacer opinión pública.

2.- LATENTE RIESGO DE CENSURA PREVIA ENCUBIERTA Y SISTEMA SANCIONATORIO SEVERO Y DESPROPORCIONADO.

Aunque el proyecto reitera en múltiples artículos que no se permitirá la censura previa, el hecho de que el INACOM pueda calificar contenidos, fiscalizar espectáculos públicos, imponer sanciones por “mensajes que ofendan” y recalificar producciones ya aprobadas abre la puerta a mecanismos de censura discrecional y subjetiva, en violación del artículo 49 de la Constitución.

El régimen sancionatorio administrativo al abordar las infracciones “graves” a la ley puede sancionarse con suspensión de la transmisión hasta por 90 días, eliminación de contenidos e imposición de multas de 30 a 200 salarios mínimos, sin dudas que esto convertiría al INACOM en un super órgano con capacidad de silenciar un medio por 3 meses, en otras palabras eliminarlo del mercado, olvidado por la posible fidelidad de la audiencia, además ausente en el posicionamiento de los algoritmos, constituyendo verdadera una amenaza a la continuidad de la empresa periodística, sanciones desproporcionadas a la hora de considerar su aplicación a la presunta falta de contenidos cuya ilicitud pudiera estar por debatirse. Para ello sería indispensable que en el proyecto existan controles judiciales efectivos, impidiendo con ello cualquier sanción excesiva que conlleva censura o cierre encubierto de un medio.

3.- AMBIGÜEDADES, VAGUEDAD Y SUBJETIVIDAD EN CONCEPTOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO.

El uso de expresiones ambiguas como “violencia desmesurada” o “contenido ofensivo a la dignidad” sin definición precisa deja un amplio margen para la interpretación arbitraria, facilitando la supresión de contenidos legítimos bajo pretextos morales, religiosos o políticos.

Con estas frases y conceptos ambiguos y abiertos presentes a todo lo largo y ancho del proyecto, se corre el riesgo de que las sanciones económicas y suspensiones establecidas por infracciones cuya definición es ambigua convierten el régimen sancionador en una herramienta de represión selectiva contra medios y comunicadores disidentes.

Si bien la libertad de expresión no es absoluta, cualquier limitación debe ser clara y proporcionada. La ambigüedad en qué constituye ofensa a la “moral” o “dignidad” podría chocar con el mandato constitucional de necesidad y proporcionalidad en las restricciones.

Asimismo, algunas cláusulas contenidas en el proyecto presentan conceptos abiertos que podrían dar pie a interpretaciones restrictivas. Por ejemplo, se faculta a INACOM a tomar medidas para evitar mensajes en espectáculos públicos que “ofendan al honor, a la intimidad, la dignidad y la moral de las personas, (…) y alteren el orden público

4.- REGULACIÓN EXCESIVA DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES

El nivel de intervención propuesto podría limitar la operatividad de servicios globales, afectar la innovación y distorsionar el principio de neutralidad de la red. Son innúmeros los requisitos y responsabilidades que le proyecto pone a cargo de los medios y plataforma, una carga burocrática innecesaria y por demás preocupante, desde guardar en archivo y suministrar a pedido del gobierno datos personales de los usuarios de plataformas, hasta desvelar los criterios e información sobre algoritmos y códigos fuentes, entre otras tantas regulaciones a cargo del ya famoso INACOM. 

5.- DEBILITAMIENTO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y OTRAS FALENCIAS.

Condicionar la desindexación de contenidos a un “daño cierto y sustantivo” puede facilitar la eliminación de información de interés público, especialmente vinculada a figuras públicas o hechos controversiales.

Otro aspecto que puede considerarse como una debilidad o falencia es que el anteproyecto no contiene disposiciones explícitas sobre concentración mediática o cuotas de contenido nacional –mecanismos que en otros países se usan para garantizar pluralismo. No hay límites claros a la propiedad de medios cruzados ni obligaciones de contenido local, más allá de fomentar la producción nacional (art. 27 establece que el Estado debe promover la industria audiovisual dominicana.

Aunque el anteproyecto proclama valores democráticos, crea una estructura hiper regulada y punitiva que puede ser usada como instrumento de control ideológico, censura velada y represión de voces críticas. Una verdadera ley de libertad de expresión debe proteger, fomentar y garantizar el disenso, la crítica y la circulación irrestricta de ideas.

Finalmente reiteramos nuestra vocación de aportes y participación, en temas trascendentes como la libertad de expresión y su impacto en la democracia, dejando a seguidas algunas propuestas y recomendaciones generales:

Primero resulta oportuno propiciar y aperturar un espacio amplio de discusión y socialización del tema democratizando su contenido, y con ello garantizar la participación de todos los sectores sociales, de manera especial aquellos que serían más afectados, como lo serían los medios y plataformas digitales hasta el momento ausentes de la discusión.

Segundo es preciso contextualizar y aterrizar en un glosario el alcance y contenido de todos aquellos conceptos y frases que se tornan abiertas, indeterminadas, ambiguas, subjetivas o discrecionales en el proyecto.

Tercero y para este gremio diríamos o reiteramos el gran lastre del proyecto o Talón de Aquiles, como lo serían los inminentes cambios y reconfiguración del llamado Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), un órgano autónomo en retórica, pero dependiente del ministerio de cultura y cuyo nombramiento, aunque por el senado, pero de una terna del Poder Ejecutivo, sumado a los poderes extraordinarios que posee a la hora de reglamentar, imponer sanciones en muchos casos desproporcionados, en conclusión el INACOM debe ser reconfigurado casi en su totalidad. 

Las presentes consideraciones fueron presentadas en el senado por una comisión del colegio de abogados encabezada por su presidente Trajano Potentini, Julio Ángel Ledesma, José Manuel Jerez, Cándido de Jesús y Rosmery Rojas

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader encabezó este martes junto al Rey de España, Felipe VI, la clausura del Congreso Mundial de Derecho 2025, donde afirmó que, la República dominicana es pionera de la justicia en el continente, lo cual le compromete a defenderla y mejorarla cada día.

El mandatario manifestó que, hoy puede decir, con humildad y determinación, que “somos un país que avanza con paso firme hacia un modelo de gobernanza democrática basada en la colaboración institucional, en la transparencia y en la dignidad de todas las personas”.

Durante la clausura del Congreso Mundial de Derecho en el que participaron más de 300 juristas y delegaciones de 70 países analizando los más variados y actuales temas en torno al lema “Nuevas Generaciones y Estado de Derecho: Forjando el Futuro”, el gobernante sostuvo que este encuentro ha convertido a la República Dominicana, durante tres días, en la capital planetaria del Estado de Derecho.

“Permítanme decirles que este Congreso no se clausura: se proyecta. Porque los compromisos aquí asumidos nos interpelan a todos, desde nuestros distintos países y contextos, a no dar por sentadas nuestras democracias, a blindar nuestras instituciones y a seguir construyendo un mundo donde la ley prevalezca sobre la arbitrariedad”, expresó.

El gobernante destacó que, en la República Dominicana en los últimos años se han emprendido profundas reformas para consolidar una justicia independiente, moderna y transparente. “Hemos colocado la transformación digital del sistema judicial en el centro de nuestras prioridades, y lo hemos hecho convencidos de que la tecnología no sustituye a la justicia, pero sí puede hacerla más accesible, más equitativa y más eficiente”.

Reconoció que, aún queda mucho por hacer en ámbitos como el desafío del cambio climático, el impacto de la inteligencia artificial, la defensa de los derechos digitales, la equidad de género, la lucha contra la corrupción y la protección de las libertades fundamentales que exigen una justicia más valiente, más adaptativa y más global.

Expuso que, este Congreso ha sido un espacio donde la tradición jurídica ha dialogado con la innovación tecnológica y la sabiduría de jueces y magistrados ha encontrado eco en la pasión de miles de jóvenes que, con sus ideas y su compromiso, recuerdan que el porvenir de la justicia está en manos de una nueva generación que no teme al cambio, sino que lo lidera.

Resaltó que este Congreso también ha sido una celebración simbólica. "Celebramos aquí los 180 años de la Suprema Corte de Justicia, los 15 años del Tribunal Constitucional y más de 500 años desde que en esta misma isla se instalara la Primera Real Audiencia de las Américas, que fue el primer tribunal del nuevo mundo".

“Han sido jornadas intensas y fecundas. Aquí se ha debatido, se ha reflexionado, se ha propuesto, pero, sobre todo, se ha reafirmado un principio vital: el Derecho no es una reliquia del pasado, sino una fuerza viva que debe moldear el futuro con humanidad, firmeza y visión”, manifestó Abinader.

Expresó su alto honor de compartir impresiones con la prestigiosa jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, magistrada Sonia Sotomayor, y junto a Su Majestad, Felipe VI, la entrega del prestigioso premio World Peace & Liberty Award, en el país. 

Además, el mandatario agradeció a los más de 45 presidentes de tribunales constitucionales y supremos de prácticamente todos los continentes, al presidente de la American Bar Association, así como a todos los panelistas, expertos, académicos, abogados, líderes institucionales y, muy especialmente, a la juventud por la energía, el talento y la responsabilidad con la que han participado.

“Porque como bien se ha dicho en este Congreso: la justicia no puede ser una torre aislada. Debe ser una red viva que escuche, que dialogue y que actúe. Y en esa misión, estimados jóvenes, ustedes no son solo espectadores: son actores principales. Ustedes heredan siglos de pensamiento jurídico, pero también tienen la responsabilidad de escribir los próximos capítulos de esta gran obra humana que es el Estado de Derecho”, dijo.

Abinader citó en su discurso al presidente y jurista dominicano Ulises Francisco Espaillat, cuando decía que “el derecho es el arte de lo justo y de lo posible”. Reflexionando que, hoy, más que nunca, se necesitan ambas cosas: Justicia real, y posibilidad concreta de alcanzarla. 

Además, evocó desde esta tierra que fue cuna de la justicia en América, la voz valiente de Fray Antón de Montesinos, y dijo que, con sus palabras, se alzó por primera vez en el Nuevo Mundo la defensa del derecho a la dignidad humana y que ese grito sigue resonando hoy como un llamado permanente a que la justicia no sea selectiva, que la ley no discrimine y que el ser humano esté siempre en el centro del orden jurídico. 

El jefe de Estado dominicano concluyó diciendo: “Fray Montesinos no solo nos legó un sermón: nos dejó una herencia moral que, cinco siglos después, sigue siendo un cimiento inquebrantable del Estado de Derecho y que hoy aquí ha resonado con una fuerza imparable. Sigamos buscando la justicia. Sigamos siendo libres”.

Rey Felipe VI agradece amistad personal con el presidente Abinader

Asimismo, el rey de España, Felipe VI, expresó su agradecimiento al pueblo dominicano por la acogida estos días. "Al presidente Abinader a la cabeza, gracias presidente por su cariño, por su manera de acoger este gran Congreso Mundial de Derecho y gracias por su amistad personal".

El monarca español señaló que ningún modelo de organización política puede ser más sólido que aquel donde impera la igualdad ante la ley, donde se respetan los derechos individuales, donde cada voz por diferente, incluso débil que parezca, es escuchada y respetada.

RD anfitrión excepcional

En tanto que, Javier Cremades, Presidente de la World Jurist Association, consideró que la República Dominicana ha sido un anfitrión excepcional de este congreso y dijo que ha sido ejemplar ver al presidente Abinader, a los medios de comunicación y los gremios jurídicos de la Universidad del Caribe cómo se han volcado para que este congreso no fuera endogámico, sino abierto y conectado con las preocupaciones de nuestro tiempo.

"Este es un pueblo que trabaja duro, que vive bajo el imperio de la ley, que tiene estos líderes a los que elige periódicamente ejerciendo su soberanía  popular. Yo quiero decirles que ustedes nos han dado una gran lección porque tienen un corazón desbordante, un talento deslumbrante, pero tienen también un sistema que funciona porque tienen personas responsables que hacen cada día lo que hay que hacer", manifestó Cremades.

Dedicó unas palabras para reconocer al presidente Abinader y a su Gobierno por representar dignamente al pueblo dominicano junto a la oposición política y ser modelo de inspiración. Les exhortó a seguir formando las nuevas generaciones para que mantengan ese espíritu de concordia, de colaboración, de competencia y pluralismo. "Señor presidente Abinader gracias por esta enorme generosidad".

Premio Mundial de la Paz y la Libertad y otros reconocimientos

En el acto, Sonia Sotomayor, Jueza Asociada de la Corte Suprema de los Estados Unidos, recibió el World Peace & Liberty Award (en español Premio Mundial de la Paz y la Libertad).

Tras recibir el reconocimiento Sotomayor, visiblemente emocionada y entre lágrimas expresó el gran honor que representa para ella este premio y agradeció haberlo recibido en "esta isla tan hermosa como República Dominicana. El día de hoy comparto este premio con todos ustedes. Todos somos defensores del Estado de Derecho".

También, se otorgó la medalla de honor a William M. Treanor, vicepresidente ejecutivo de la Universidad de Georgetown y Decano del Centro de Derecho de Georgetown. Además, a Lin & Alexia Rogers, Patronos de la World Law Foundation.

Como parte del evento fue presentado el proyecto Justice for Children, the Global Lawyers’ Network for Children, una iniciativa de la World Jurist Association, por Bhuwan Ribhu, India, Presidente de Just Rights for Children. Mientras que, el Proyecto 500 años de la Escuela de Salamanca, una iniciativa de la Fundación Tatiana y la World Jurist Association, estuvo a cargo de Teodoro Sánchez-Ávila Sánchez- Migallón, de España, presidente de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

Asistieron al acto, los presidentes del Senado, Ricardo De Los Santos y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Napoleón Estévez Lavandier; el presidente del comité local World Law Congress y ministro de Trabajo, Eddy Olivares; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán; el canciller de la Universidad del Caribe, José Alejandro Aybar; el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y los expresidentes, de República Dominicana, Leonel Fernández y de México, Felipe Calderón.

Presidente Abinader y rey de España, Felipe VI, participan en inauguración de edificio de la Universidad del Caribe y Monumento Flame

Más temprano, el presidente Luis Abinader y el rey de España, Felipe VI, participaron en la inauguración del nuevo edificio de la Universidad del Caribe (UNICARIBE), una obra que fortalece la infraestructura académica del país y responde al compromiso del gobierno con la educación superior.

También, inauguraron en el marco del 29° Congreso Mundial del Derecho, el Monumento Flame, una obra del escultor Carlos Albert en honor a la Escuela de Salamanca y su legado en el derecho, la economía y la política.

Luego, el presidente Abinader, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje y junto al rey de España, Felipe VI, se trasladó a un hotel de la capital para participar en un almuerzo de clausura del Congreso Mundial de Derecho 2025.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El abogado penalista Carlos Salcedo, representante legal del bachatero Zacarías Ferreira, aclaró la controvertida sentencia emitida por la jueza de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, que declara inocente al artista en lo penal, pero al mismo tiempo lo condena civilmente al pago de 20 millones de pesos.

Según explicó Salcedo, el tribunal declaró a Ferreira inocente de toda acusación penal relacionada con la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, al quedar demostrado que no registró ni inscribió la canción “Tú no correspondes”, original del español Danny Daniel.

La jueza también estableció que Zacarías Ferreira no se apropió de la obra ni se presentó como su autor, y que su interpretación, bajo el título “Te Quiero a Ti”, es simplemente una versión con título alternativo, lo que quedó establecido en la sentencia, según Salcedo. 

Sin embargo, pese a esta declaración de inocencia, la jueza decidió imponer una condena civil, lo que Balcácer califica de incongruente. "No había pruebas de que Zacarías Ferreira se apropió de dinero alguno de Danny Daniel", dijo el abogado, agregando que así lo reconoció la propia jueza. 

“El error de la sentencia consiste en haber condenado a 20 millones de pesos de indemnización civil y la propia jueza dijo que no habían pruebas de que Zacarías Ferreira se apropió de dinero alguno de Danny Daniel", expresó. 

Agregó que es una decisión incoherente, que sin dudas, será revocada en la Corte de Apelación, por el hecho de que lo penal es lo que condiciona en este caso lo civil. 

La defensa del artista ya había anunciado que interpondrá un recurso de apelación, con el objetivo de que se anule completamente la condena civil.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- Tras casi cuatro años de privación de libertad, el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ofreció sus primeras declaraciones luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional variara su medida de coerción, otorgándole libertad condicional.

“Han sido casi cuatro años de privación de libertad, los cuales he asumido con mucha entereza, con mucha paciencia, a pesar de que no debí haber estado un solo día bajo prisión”, expresó Rodríguez, recordando que se presentó voluntariamente ante las autoridades y, aun así, fue arrestado.

El exfuncionario, implicado en el denominado caso Medusa, sostuvo que su proceso judicial aún no ha comenzado formalmente y que estará asumiendo el juicio con la misma entereza, demostrando que es un expediente preparado sin ningún tipo de sustento.

Al salir del tribunal, Rodríguez destacó que el juez de la audiencia preliminar validó la licitud de su patrimonio familiar, aclarando que se trata de bienes de origen previo a sus funciones públicas.

Rodríguez también denunció violaciones al debido proceso por parte del Ministerio Público, y citó una sentencia del Tribunal Constitucional como evidencia de ello, en la cual ordena al Ministerio Público a cesar esas violaciones "tan contundentes". 

Aunque la jueza ordenó además, el retiro del grillete electrónico y se redujo la garantía económica de 50 a 30 millones de pesos, a través de una aseguradora, Rodríguez deberá presentarse periódicamente ante las autoridades y tiene impedimento de salida del país. 

Por su parte, su abogado, Carlos Balcácer, hizo un llamado los fiscales a que no se amotinen contra los jueces, que no se vuelvan creativos y entiendan esa sentencia.

Rodríguez concluyó su mensaje afirmando que ahora regresa a su hogar con la familia y con la intención de ponerse al día tras estos años difíciles.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, consideró que la sociedad dominicana está pendiente sobre las imputaciones penales “graves y serias” que pesan sobre Jean Alain Rodríguez Sánchez.

“Nos preguntamos si ellos (los procesados por corrupción) tuvieron esa misma sensibilidad cuando se robaron el patrimonio público”, dijo la procuradora de corte, al responder a los periodistas que le preguntaron sobre la información de una decisión de los jueces del Tribunal Constitucional respecto al nombre con el que el Ministerio Público designó la operación con la que busca procesar al imputado Rodríguez Sánchez y compartes, como parte de su lucha contra la impunidad y la corrupción.

Lamentó “que esté en tela de juicio la denominación que aplique el Ministerio Público a un determinado caso de corrupción; cuando a lo que verdaderamente deberíamos estar pendientes es a las imputaciones graves, serias, que pesan sobre el exprocurador Jean Alain Rodríguez y el resto de los acusados”.

“Ahora mismo la sensibilidad y la susceptibilidad están a flor de piel por una denominación que el Ministerio Público pone sobre sus casos. Sin embargo, nos preguntamos si ellos tuvieron esa misma sensibilidad y ese mismo tacto cuando se robaron el patrimonio público”, sostuvo Ortiz.

Mirna Ortiz ofreció estas declaraciones a la prensa luego de ser aplazado para el próximo 23 de junio el inicio del juicio contra Rodríguez Sánchez y compartes en el Segundo Tribunal Colegiado Distrito Nacional por la ausencia del imputado Alfredo Alexander Solano Augusto.

Sobre el caso

Además de Jean Alain Rodríguez y Alfredo Alexander Solano Augusto, en el caso están implicados Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.

También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos durante su gestión como procurador general de la República (2016-2020). Según el expediente acusatorio, el grupo malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos en la Procuraduría General de la República.

El envío a juicio de fondo fue ordenado el 29 de junio de 2023 por el juez Amaury Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras presentar una síntesis de las líneas de investigación que detallan múltiples actos de corrupción cometidos durante la administración de Rodríguez.

La acusación incluye a 41 personas físicas y 22 empresas presuntamente involucradas en esta red de corrupción.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión a dos de los tres  hombres involucrados en el asalto a una sucursal del Banco Popular, ubicada en la avenida Luperón esquina Olof Palme, en el Distrito Nacional, el 3 de junio de 2024.

La sentencia, dictada la tarde de este martes establece que Jorge Luis Estrella Arias, señalado como el principal implicado y  Eddy Enmanuel Segura Arias deberán cumplir 20 años de prisión cada uno en la cárcel Najayo Hombres, además de devolver a la entidad bancaria la cantidad robada.

Así mismo, el Tribunal absolvió al imputado Alberto Ezequiel Estrella Arias, tras ser declarado inocente, por no hallar pruebas suficientes que indiquen que rentó el vehículo en que se perpetró el asalto consciente de que lo hacía con esos fines. 

Las juezas Arlin Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, condenaron a Jorge Luis Estrella Arias y su primo Eddy Enmanuel Segura Arias por haber incurrido en los delitos de robo con violencia, asociación de malhechores y porte ilegal de armas de fuego, en violación de los artículos 265, 266, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano.

Por su parte el abogado de la defensa, Waldo Paulino, dijo que apelará la sentencia, en virtud de que entiende que se trata de un robo simple y no agravado como lo estableció el Tribunal. 

En tanto, que el Ministerio Público se mostró conforme con la decisión, ya que la sentencia se enmarca dentro del rango establecido en la ley, aunque dijo que estudiarán la sentencia para decidir si apelarán.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- La Fiscalía del Distrito Nacional informó este jueves que ya están disponibles para entrega las pertenencias que lograron ser recuperadas durante el proceso de levantamiento de los cuerpos de las víctimas en el Jet Set.

Así lo comunicó la procuradora fiscal titular, Rosalba Ramos, quien explicó que, desde el primer momento, los fiscales adscritos al Departamento de Homicidios, junto a otras áreas del Ministerio Público, han colaborado activamente con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la Policía Nacional y demás instituciones competentes, brindando apoyo técnico y humano durante las labores de recuperación e identificación.

“Como parte de ese acompañamiento, logramos recuperar una parte importante de los objetos personales de las víctimas, algunos ya debidamente identificados y otros que aún se encuentran en proceso de verificación, los cuales pueden ser retirados por sus familiares”, señaló Ramos.

La entrega se está realizando en el quinto piso del Edificio Investigativo de la Fiscalía del Distrito Nacional, de lunes a viernes, en horario de 9:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, por parte del equipo de fiscales del Departamento de Homicidios y su personal de apoyo.

Para retirar las pertenencias, los familiares deberán presentar su cédula de identidad, una constancia que acredite el vínculo con la víctima y, si lo tienen, el número del acto de levantamiento o el acta de defunción correspondiente.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- A solicitud del Ministerio Público, la jueza de la Quinta Sala del Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional condenó al exponente urbano Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa) a tres años de prisión por atropellar y causar la muerte del ciudadano haitiano Elma Avener, de 25 años, en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del 29 de octubre de 2022.

El hecho ocurrió mientras la víctima se desplazaba en motocicleta por la avenida Duarte, en dirección a la Nicolás de Ovando. De acuerdo con la investigación, tras el impacto, Onguito Wa huyó de la escena, dejando abandonada la yipeta Mercedes-Benz negra que conducía al momento del accidente.

El tribunal, presidido por la magistrada Franchesca Potentini Rosario, validó las pruebas presentadas por el procurador fiscal litigante Alfredo Elías Valenzuela, adscrito a la Fiscalía de Tránsito del Distrito Nacional, y ordenó que el condenado cumpla su pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Además, le impuso una multa equivalente a 50 salarios mínimos del sector público centralizado.

Onguito Wa fue declarado culpable de ser autor material del accidente, que provocó golpes y heridas que causaron la muerte instantánea de la víctima, en violación de los artículos 300, numeral 3; 303, numeral 5; 304, numeral 2; 303, párrafo; 308; 309 y 310 de la Ley No. 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.

En el proceso también fue condenado Erik Rafael Peralta Ortega, señalado como cómplice en el caso. De acuerdo con la investigación dirigida por el fiscal Rolando Lima Tapia, Onguito Wa le pagó a Peralta Ortega para que se hiciera responsable del accidente. Inicialmente, Peralta Ortega recibió cuatro meses de prisión preventiva, que luego fueron declarados pena cumplida por el tribunal.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- Familiares y abogados de un adolescente que murió al recibir un disparo durante una discusión a raíz de un accidente de tránsito piden que la fiscal asignada al caso sea sustituida, ya que alegadamente está parcializada a favor del victimario y en violación a los derechos de las víctimas.

Los padres de Carlos Josué Méndez Fulcar, de 13 años de edad, dicen sentirse destrozados, porque además de pasar por el dolor de perder a su hijo están expuestos a que el hecho quede impune. 

Afirman que Dahiana Castillo, procuradora fiscal de Santo Domingo Este adscrita al Departamento de Homicidios, fue recusada por sus abogados por negarse a entregar 

documentos, fruto de la investigación, así como a recibir la querella formal en su despacho, violando así las leyes aplicables al proceso penal y ético del Ministerio Publico.

Asimismo, en compañía de sus representantes legales depositaron formal denuncia ante la Procuraduría General de la República para que se investigue a la profesional del Derecho.

En tanto, en diligencias extraordinarias de los abogados de las víctimas, Isaac Ureña Quezada y Juan Luis Basset Richiez, dieron al traste con la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público el 6 de enero de 2024, contra el imputado Ricardo Alejandro Tejeda Martinez, evidenciando que la misma fue mal instrumentada al calificar el hecho homicida como involuntario, provocando la mala instrumentación del caso.

Como resultado de la formulación incorrecta, en grado de Corte de Apelación, otorgaron la libertad al imputado, echando por el suelo el trabajo investigativo realizado por la Policía Nacional.

Además, denunciaron que la fiscal quiere judicializar al señor Luis Rafael González, a quien el imputado persiguió disparándole, tras el accidente, logrando alcanzar al menor de edad.

Aseguraron que llevarán el caso hasta las últimas instancias, a los fines de que se haga justicia.

Sobre el hecho

El incidente se originó en un puesto de comida rápida en el sector Bello Campo, donde Luis Rafael González de León impactó su vehículo con otro, lo que derivó en una discusión con Felipe Arturo Diloné, interviniendo Ricardo Alejandro Tejada Martinez, quién disparando dio persecusión al primero, impactando mortalmente al niño.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- La magistrada Yeni Berenice Reynoso, quien asumió este miércoles como procuradora general de la República, dio a conocer los compromisos que honrará durante su gestión para el fortalecimiento de la institución. 

Durante un acto de toma de posesión y despedida de la salida la magistrada Miriam Germán Brito, procuradora saliente, Berenice se comprometió a trabajar con transparencia, honestidad y eficiencia, cuyos valores calificó como esenciales para la función pública.

Así mismo, se comprometió a actuar con estricto apego a la Constitución y a las leyes, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos humanos de todas las personas sin distinción de género ni condición social. 

"A mis compañeros fiscales les digo lo siguiente, me comprometo a trabajar incansablemente por fortalecer la carrera, junto al Consejo Superior del Ministerio Público. Vamos a dejar instaurado el escalafón, el sistema de incentivos por metas estratégicas alcanzadas, la formación continua para todos, una nueva política salarial", señaló la magistrada, al señalar otros de sus compromisos. 

Así mismo, se comprometió a dejar instaurado el "anhelado y merecido" fondo de pensiones, de cual reconoció los esfuerzos de la saliente procuradora Miriam Germán para dejarlo avanzado. 

Agregó que impulsará una carrera más fuerte, con un sistema de consecuencia, en el que haya una evaluación de desempeño, respecto a la meritocracia y consecuencia disciplinaria y penal para quienes se aparten del correcto proceder de un fiscal. 

"La corrupción jamás podrá penetrar a nuestro despacho", enfatizó. 

Estos compromisos y otras señalados por la magistrada, entre los que se destacan el fortalecimiento del sistema penitenciario y la construcción de una cárcel de máxima seguridad, serán colgados en la página web del Ministerio Público para el conocimiento de la ciudadanía, y se les hará una auditoría a su salida, según dijo. 

En el acto celebrado en la sede del Ministerio Público, también fue despedida la magistrada Miriam Germán, quien recibió un reconocimiento de los colaboradores de la institución.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) cerró el año 2024 con cifras históricas que consolidan su papel como garante de los derechos fundamentales en la República Dominicana. A través de sus 34 oficinas distribuidas a nivel nacional, la institución brindó asistencia legal a 90,688 personas y realizó 5,693 visitas carcelarias, ratificando su compromiso con la protección y defensa de los derechos de sus representados.

Impacto significativo en la justicia penal

En 2024, la Oficina Nacional de Defensa Pública manejó un total de 26,449 casos legales, de los cuales un 94.4% pertenecieron a la jurisdicción penal de adultos y el 5.6% a la penal juvenil. En la primera, se brindó asistencia a 23,462 hombres y 1,516 mujeres, mientras que en la jurisdicción juvenil fueron atendidos 1,333 varones y 138 mujeres. De estos casos, 1,280 (4.8%) involucraron a extranjeros, destacando una fuerte presencia de nacionales haitianos (1,222), seguidos de ciudadanos de Venezuela (14), Estados Unidos (9), Colombia (7) y España (6). También se reportaron casos de personas procedentes de Jamaica (4), Rusia (3), Italia (3), Alemania (2), Japón (1), Ecuador (1), Aruba (1), Canadá (1), Bolivia (1), Holanda (1), Palestina (1), Países Bajos (1), Francia (1) y Portugal (1). Por su parte, 25,169 casos (95.2%) fueron gestionados en favor de ciudadanos dominicanos, reflejando la amplia variedad de situaciones legales que la institución ha abordado durante el año 2024.

El director de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, destacó el arduo trabajo de los defensores públicos, calificándolo como un “auténtico sacerdocio” dedicado a la defensa de la dignidad humana y los derechos fundamentales.

Resultados destacados

La  Oficina Nacional de Defensa Pública ha marcado un hito significativo en el ámbito de la justicia penal de adultos, con la resolución exitosa de 12,617 casos. Entre los logros destacados se incluyen 4,585 extinciones de acción penal, 3,090 descargos y 2,150 autos de no ha lugar. Además, se han implementado 152 criterios de oportunidad, 16 conciliaciones y 282 suspensiones condicionales del procedimiento, evidenciando un enfoque estratégico y efectivo para la resolución de conflictos legales.

En cuanto a recursos legales, se presentaron 10,250 acciones, incluyendo 942 recursos de casación, 2,130 apelaciones de sentencias y 3,546 revisiones de medidas, reafirmando el compromiso de la ONDP con la protección de los derechos de sus representados.

Justicia juvenil inclusiva

En la jurisdicción penal juvenil, se resolvieron 1,154 casos, destacándose 398 extinciones, 236 archivos definitivos y 183 cesaciones de la sanción. Asimismo, se alcanzaron acuerdos significativos, como 109 acuerdos plenos en etapa intermedia y 24 acuerdos parciales en etapa de fondo.

Expansión y fortalecimiento institucional

Con el firme propósito de ampliar el acceso a la justicia, la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) ha lanzado el Concurso para Aspirantes a Defensores Públicos, con la meta de incorporar 80 nuevos profesionales a su equipo. Esta iniciativa, respaldada por el presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, busca fortalecer el cuerpo de 173 defensores públicos y 159 abogados adscritos que operan a nivel nacional.

Compromiso con los derechos humanos

Durante 2024, la ONDP ejecutó 518 acciones constitucionales en la jurisdicción penal de adultos y 9 en la penal juvenil. La institución reafirma su rol clave en la protección de los derechos humanos al ofrecer servicios gratuitos de defensa legal a personas sin recursos o en situación de vulnerabilidad, a través de un equipo altamente calificado.

Con estas cifras y logros, la Oficina Nacional de Defensa Pública cierra un año de avances históricos, consolidándose como un pilar fundamental para la justicia y la protección de los derechos en la República Dominicana.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público presentó este miércoles al raso Raúl Alexander Almánzar Galva, quien describió la escena del crimen de Yenny Carolina Pérez como “una película de terror". La víctima, de nacionalidad venezolana, fue encontrada descuartizada el 21 de diciembre de 2023 en un apartamento ubicado en una torre residencial en Piantini.

“Eso fue como una película de terror; tengo 12 años en la Policía Nacional y nunca había visto una escena del crimen así”, relató el raso Almánzar Galva a las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. 

El agente policial detalló que el cuerpo de la víctima fue hallado dentro de una maleta, sin pies, brazos ni cabeza. Las extremidades se encontraron en un bulto negro en el balcón, mientras que la cabeza estaba dentro de la nevera.

Según el testimonio del raso, acudió junto a un equipo policial al lugar tras un llamado de auxilio de Yeisy Carolina Pérez Canelón, hermana de la víctima, quien sospechaba que la occisa había sido secuestrada. “Cuando llegamos, encontramos al imputado Michael Saba, quien estaba muy nervioso. Decidimos no permitirle abandonar la torre hasta que se esclareciera lo ocurrido”, detalló. 

El juicio también incluyó los testimonios de otros testigos que confirmaron las circunstancias que rodearon el alquiler del apartamento y las acciones del imputado.

Wilfredo José Camilo Morel, conocido del imputado desde hace tres o cuatro años, declaró que Saba le pidió alquilar el apartamento a través de Airbnb. “Me contactó por WhatsApp, me envió el dinero con un taxi, y procedí a alquilar la propiedad. Era la segunda vez que lo hacía por él”, explicó. Camilo Morel agregó que fue notificado posteriormente sobre el asesinato ocurrido en el lugar.

Pedro Luis Barreras García, un exempleado de un restaurante y conocido del imputado, testificó que Saba le solicitó comprar pintura blanca y guantes la tarde del 21 de diciembre, pero luego cambió de opinión y pidió comida. “Cuando volví a la torre, había un agente de la Policía de DICRIM. Más tarde me enteré de lo sucedido”, señaló Barreras García.

Luis Alexander Gutiérrez, taxista desde 2019, declaró que Saba le solicitó trasladar a una mujer al apartamento en horas de la madrugada. También indicó que entregó un sándwich y cigarrillos al imputado durante la misma noche.

Maicol Saba, el principal imputado, permanecía en el apartamento cuando las autoridades llegaron al lugar. Testigos presenciales afirman que sus movimientos y comportamiento eran erráticos, aumentando las sospechas en su contra.

El primer teniente Ángel Miguel Saldaña, oficial de homicidios con 11 años de experiencia, describió las condiciones en las que se encontró la escena del crimen: sangre en las paredes, un plato con una sustancia (presuntamente tusi), una pistola, un supresor de sonido y un cargador. Las piernas de la víctima se hallaron en el balcón dentro de un bulto, mientras que otras partes del cuerpo estaban distribuidas en el apartamento.