DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público inició este martes la exposición de sus consideraciones finales sobre las pruebas presentadas en el juicio de fondo que se sigue contra los implicados en los casos de corrupción administrativa Coral y Coral 5G, donde figuran como principales acusados los generales Adán Cáceres Silvestre y Julio Camilo de los Santos Viola, exjefe y subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), respectivamente.
De acuerdo con la acusación, Julio Camilo de los Santos Viola se habría valido de sus funciones para sustraer fondos públicos, principalmente recursos destinados a operaciones de inteligencia del CUSEP, por un monto superior a los RD$737,909,419.00. Estos fondos habrían sido desembolsados a su nombre, en perjuicio del Estado dominicano, permitiéndole, a juicio del Ministerio Público, enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de sus cargos públicos.
El órgano persecutor sostiene que el acusado incurrió en desfalco, prevaricación y en la conformación de una asociación de malhechores, actuando en común acuerdo con los coacusados Adán Cáceres Silvestre y Rafael Núñez de Aza, así como con otros oficiales del CUSEP.
Según la investigación, los implicados distrajeron recursos del erario mediante una coalición de funcionarios que actuaron en contra del mandato legal que regía la administración de dichos fondos.
El Ministerio Público explicó que el manejo de los fondos de inteligencia resultaba altamente lucrativo debido a la discrecionalidad que históricamente ha acompañado este tipo de partidas, las cuales, por su naturaleza, carecen de controles administrativos rigurosos y de mecanismos efectivos de fiscalización.
En ese contexto, se habrían simulado actividades de inteligencia y eventos que nunca ocurrieron para justificar desembolsos millonarios.
Como parte de las pruebas, se presentó documentación bancaria que incluye un váucher de depósito de fecha 11 de febrero de 2016 por un monto de RD$6,800,000.00, supuestamente destinado al pago de una casa en Santiago.
La investigación reveló inconsistencias en el motivo del pago, la identificación del inmueble, la firma del contrato y el uso real de la propiedad, la cual habría sido destinada a fines distintos a los declarados.
Asimismo, el órgano acusador dijo que evidenció la distracción de fondos por más de DOP750,000.00 entre octubre de 2012 y agosto de 2014, bajo el concepto de renta de un apartamento para labores de inteligencia. Sin embargo, no se encontraron evidencias de dichas actividades, ni contratos válidos a nombre de la institución, ni recibos o mecanismos de liquidación, verificándose únicamente un uso personal y familiar del inmueble por parte del entonces sub jefe del CUSEP.
En cuanto al lavado de activos, el Ministerio Público señaló que De los Santos Viola recibió pagos irregulares de múltiples instituciones del Estado sin desempeñar funciones reales en ellas. Mientras ocupaba el cargo de sub jefe del CUSEP, percibía salarios simultáneos en más de ocho entidades públicas, entre ellas el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Industria y Comercio, el CECCOM, la Autoridad Metropolitana de Transporte, el Instituto de Auxilios y Viviendas, así como distintas dependencias de las Fuerzas Armadas y escuelas vocacionales.
Finalmente, el Ministerio Público destacó los resultados del informe de fiscalización realizado por la Cámara de Cuentas a las declaraciones juradas de patrimonio del acusado. El análisis de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos determinó una variación patrimonial significativa e injustificada, con un incremento de RD$37,587,772.16 en un período de ocho años, correspondiente al ejercicio de funciones entre agosto de 2012 y agosto de 2020.
El tribunal recesó la audiencia, la cual continuará el martes 3 de febrero con la presentación de más elementos probatorios por parte del Ministerio Público. En tanto, para el día 10 del mismo mes está previsto que la defensa técnica de todos los implicados inicie su exposición ante el tribunal.
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