DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.–Los organizadores de la actividad cívica Cinco Días con el Pueblo, encabezada por el cantautor Ramón Leonardo, denunciaron que varias dependencias del Estado impusieron obstáculos para impedir la realización del evento, programado del 6 al 10 de noviembre en el Centro de los Héroes, específicamente en el Monumento de las Naciones, conocido como la “Bolita del Mundo”.
Leonardo explicó que la jornada contemplaba canciones de contenido social, un juicio popular y otras acciones cívicas organizadas junto a diversas agrupaciones ciudadanas.
El artista afirmó que, pese a solicitar los permisos con la debida anticipación, las autoridades cambiaron en tres ocasiones el lugar inicialmente aprobado para el montaje. Espacios como la Puerta del Conde, la Plazoleta La Trinitaria y el Parque Eugenio María de Hostos fueron descartados por las instituciones correspondientes. Agregó que, aunque la Dirección de Parques del Ayuntamiento sugirió la Plaza de las Naciones, nunca emitió un documento formal confirmando la aprobación del espacio. Esta falta de claridad generó confusión y malestar entre los organizadores, quienes aseguran que se vulneraron sus derechos constitucionales de reunión y libre expresión.
Leonardo indicó que el permiso definitivo fue emitido al mediodía del mismo 6 de noviembre, fecha en que debían iniciar las actividades a las 3:00 de la tarde, lo cual impidió preparar adecuadamente el escenario y notificar al público sobre el lugar final del encuentro.
El cantautor también afirmó que la Policía Nacional no envió agentes para garantizar el orden, a pesar de las solicitudes formales realizadas con anticipación, dejando desprotegidos a organizadores y asistentes.
Asimismo, señaló que ese mismo día circuló la noticia de un temblor de tierra que generó preocupación en la ciudadanía, afectando aún más la participación. “Aun así, cinco dominicanos valientes se presentaron para decir que la patria no tiembla, aunque tiembre la tierra”, expresó.
Tras lo sucedido, Leonardo denunció el surgimiento de campañas de descrédito en su contra, acusándolo de comunista, prohaitiano o ideológicamente confundido. Aseguró que estos ataques buscan desviar la atención de las trabas institucionales enfrentadas.
“Soy dominicano, soy patriota y mi compromiso es con la soberanía, la justicia y la dignidad de este pueblo. No defiendo fronteras de odio, sino de respeto”, manifestó.
El artista reiteró que las instituciones encargada de otorgar los permisos no cumplieron con su obligación de garantizar las condiciones mínimas para una actividad cívica legítima y que continuará promoviendo espacios de participación ciudadana basados en los valores de la República Dominicana.
Frente a estos impedimentos, los organizadores afirman que se ha generado un clima de preocupación debido a lo que consideran una crisis institucional que afecta la estabilidad democrática del país. Basados en los artículos 2 y 3 de la Constitución, sostienen que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo y que la situación actual exige restituir la legitimidad del ejercicio del poder y reforzar el orden constitucional. Aseguran contar con múltiples razones documentadas que justifican una revisión profunda del manejo gubernamental.
Por este motivo, el movimiento convocante demandó que el presidente Luis Abinader reconozca públicamente la gravedad de la crisis moral y social que enfrenta el país y presente su renuncia, o en su defecto, convoque elecciones anticipadas en un plazo de dos meses. También proponen la creación de un Gobierno de Transición Cívica integrado por ciudadanos de probada integridad y respaldado por el líder social Ramón Leonardo, con el objetivo de garantizar elecciones libres, transparentes y confiables.
Advirtieron que, si sus exigencias no son atendidas, distintos sectores sociales podrían iniciar una huelga nacional indefinida de carácter pacífico para exigir el restablecimiento del orden democrático. Señalaron que esta acción no constituye un acto de rebeldía, sino un ejercicio legítimo de defensa constitucional motivado por la necesidad de proteger la institucionalidad, la justicia y la soberanía de la República Dominicana.
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