DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó su preocupación por diversas iniciativas legislativas y disposiciones legales que, a su juicio, podrían afectar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a denunciar hechos de interés público en la República Dominicana.
La organización política señaló que aspectos contenidos en el nuevo Código Penal, la Ley 1-26 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales podrían generar limitaciones al ejercicio de la libre difusión del pensamiento y al trabajo periodístico.
El PLD sostuvo que determinadas disposiciones relacionadas con la difamación, la injuria y el denominado “ultraje a funcionarios” podrían entrar en contradicción con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en materia de libertad de expresión y protección del debate sobre asuntos de interés público.
La organización recordó que las sentencias TC/0075/16 y TC/1148/25 del Tribunal Constitucional establecen criterios que limitan el uso de sanciones penales como mecanismo para restringir la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de cuestionamientos o críticas dirigidas a funcionarios públicos.
Asimismo, manifestó preocupación por la amplitud de algunos conceptos incluidos en la Ley 1-26, particularmente aquellos relacionados con los “intereses nacionales” y los “objetivos nacionales”, al considerar que podrían otorgar amplios márgenes de discrecionalidad a los organismos de inteligencia.
El partido propuso que el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales sea debatido ampliamente en el Consejo Económico y Social (CES), además de revisar las disposiciones del nuevo Código Penal y fortalecer los mecanismos de supervisión y protección de las fuentes periodísticas.
Finalmente, el PLD reiteró su compromiso con la defensa de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a fiscalizar el ejercicio del poder público, al tiempo que llamó a la sociedad dominicana a mantenerse vigilante ante cualquier medida que, según su criterio, pueda afectar las garantías democráticas y los derechos fundamentales.
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