DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano dispuso que todos los ingresos generados por los consulados pasen en lo adelante al Estado, como parte de una transformación estructural del sistema consular orientada a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
La información fue ofrecida la tarde de este lunes por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, durante una conferencia de prensa, en la que detalló que esta medida forma parte de una nueva etapa en la reforma del servicio exterior impulsada por el presidente Luis Abinader.
El funcionario explicó que, como eje central de la reforma, la totalidad de los ingresos por servicios consulares será transferida a la Cuenta Única del Tesoro (CUT), lo que permitirá un manejo centralizado de los fondos bajo estrictos criterios de control estatal.
Según Álvarez, con esta disposición, el Gobierno busca garantizar mayor transparencia y, al mismo tiempo, disponer de recursos para ampliar y fortalecer la red consular en el exterior.
El canciller indicó que esta fase da continuidad a los cambios ya implementados, profundizando un proceso orientado a ordenar, profesionalizar y hacer más eficiente el funcionamiento del servicio diplomático y consular en su conjunto.
Asimismo, anunció la implementación de una escala salarial para el personal consular, con condiciones equiparables a las del servicio diplomático, con el objetivo de corregir distorsiones históricas y asegurar un trato más justo para estos servidores públicos.
De igual forma, el Ministerio de Relaciones Exteriores continuará avanzando en la reorganización de los consulados, tomando en cuenta criterios objetivos de operatividad y servicio al ciudadano, con miras a lograr estructuras más funcionales.
El nuevo sistema será aplicado de manera gradual en todos los consulados y secciones consulares del país en el mundo, en un proceso que garantizará su correcta implementación y sostenibilidad. La última etapa está prevista para iniciar el 1 de enero de 2027.
Estas medidas se enmarcan en el proceso de institucionalización del Estado promovido por el presidente Abinader, así como en el proyecto RD Meta 2036, que busca duplicar el producto interno bruto en la próxima década, y en la estrategia de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que demanda estándares más altos en gobernanza pública.
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