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Fuerza del Pueblo dice Juan Manuel Méndez engañó a la población y señala diez errores


DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El Partido Fuerza del Pueblo (FP) afirmó este lunes que el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general Juan Manuel Méndez, envió un mensaje distorsionado a la población en medio de las fuertes lluvias del pasado sábado para asistir a la boda de su segundo hijo.

"El principal responsable del COE se ausentó para atender compromisos de fiestas familiares, enviando un mensaje distorsionado a la población sobre la magnitud, alcance y peligro de la tormenta", Radhamés Jiménez, vicepresidente de la Fuerza del Pueblo.

Se recuerda que el director del Centro de Operaciones y Emergencias (COE), general Juan Manuel Méndez, pidió este sábado permiso a la población para ausentarse de sus labores debido a que estará en la boda de su segundo hijo. 

El general colgó el video a través de su cuenta de Instagram excusandose ante la situación que vive República Dominicana por la incidencia de un disturbio tropical. 

Pese al compromiso que el general tiene con su hijo, acudió a la rueda de prensa en horas de la mañana para ofrecer detalles sobre el fenómeno, donde indicó que se elevaron las provincias en alerta meteorologica, 11 de estas en roja, 14 en amarilla y cinco en verde.

FP señala los diez errores del gobierno ante las lluvias del pasado sábado

El Partido de la Fuerza del Pueblo señaló este lunes los diez errores del gobierno en el manejo de las emergencias meteorólogica de las lluvias del pasado sábado. 

1. Falta de orientación a la población sobre el peligro inminente de la tormenta anunciada. Por ejemplo, no fue sino hasta las cinco de la tarde, que se colocó en alerta Roja al Gran Santo Domingo.

2. A pesar de contar con una extraordinaria plataforma de propaganda y publicidad política, que promueve la figura presidencial, esta no fue puesta al servicio de la prevención para alertar debidamente a la población.

3. La agenda y prioridades del gobierno y del presidente Abinader estuvieron totalmente al margen del riesgo inminente anunciado por ONAMET. Por esa misma razón, el principal responsable del COE se ausentó para atender compromisos de fiestas familiares, enviando un mensaje distorsionado a la población sobre la magnitud, alcance y peligro de la tormenta.

4. Durante la tragedia, desde el gobierno, se promocionaba una cadena de radio y televisión de un acto releccionista para el domingo. Solo vinieron a detener los preparativos de ese acto, al caer la tarde, ante las críticas en redes sociales, ya en medio de la tormenta y del recuento de las primeras víctimas fatales.

5. No se diseñó ni ejecutó un plan preventivo, ni de evaluación de las zonas vulnerables y de riesgo. Además se ignoraron las advertencias del deterioro de varias infraestructuras viales de importancia.

6. La improvisación del presidente Abinader en el manejo de esta crisis, fue de tal magnitud, que solo después de haber ocurrido la tragedia, al filo de la medianoche del sábado, atino a decretar la suspensión de labores, cuando debió hacerlo desde el día anterior.

7. Toda la información registrada sobre la tragedia de la tormenta diluvial de noviembre del año pasado, debió servir de experiencia para las medidas preventivas y los preparativos de contención, pero nadie en el gobierno se ocupó de hacerlo.

8. El gobierno y el presidente Abinader, sin evaluar las pérdidas humanas y daños materiales, todavía con zonas bajo riesgo, se apresuran a culpabilizar a otros de sus fallas y descuidos.

9. No obstante haber tomado prestado más de un billón de pesos, este gobierno no ha sido capaz de construir un solo drenaje pluvial en la ciudad de Santo Domingo, ni dar mantenimiento a ninguno de los cinco drenajes construidos en anteriores gobiernos.

Además, no ha tomado como prioridad la adquisición de radares meteorológicos Doppler en Santo Domingo, para crear de manera eficiente un sistema de alerta temprana y anticipar la cantidad de lluvias y el potencial de inundaciones repentinas.

10. La declaratoria de emergencia para la adquisición de bienes y servicios debe estar sujeta al debido proceso, a la legalidad y la transparencia. También, la necesaria asistencia a los damnificados no debe ser usada con fines electorales.


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