DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- José Dantés Díaz, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), criticó las acciones que comete el ministerio público en su llamada lucha contra la corrupción, que incluye allanamiento en la madrugada a una señora de 81 años y enferma, así como la filtración a los medios de interrogatorios y expedientes que solo deben ser de conocimiento de las partes.
Deploró que los investigadores allanaran a
los 2:15 de la mañana la casa de una señora de 81 años, que se dializa tres veces
por semana, investigada en el caso Calamar porque a pesar de que tiene una
serie de sentencias favorables por expropiación de terrenos, la acusan de
falsificar títulos.
Dantés Díaz preguntó si ese tipo de
actuación de los fiscales es “correcta, objetiva, humana o necesaria”, porque
en su opinión eso “está dañando la
credibilidad en los procesos que lleva adelante el ministerio público en su
lucha contra la corrupción”.
Igualmente, consideró violatorio del
proceso la filtración a la prensa del contenido de acusaciones que se van a
usar para solicitar medidas de coerción contra ciudadanos.
“Mientras esa fase de la investigación sea
secreta, no puede (el ministerio público) dar a conocer absolutamente nada a un
tercero que no sea una de esas otras dos partes”, explicó el jurista.
Dijo que eso no puede hacerse porque
provoca un condicionamiento de la opinión pública que “ya se va creando una
percepción de lo que de una manera antojadiza van filtrando”.
Entrevistado por Pablo McKinney en su
programa televisivo “McKinney”, por Color Visión, Dantés Díaz admitió que en la
gestión de Jean Alain Rodríguez se cometieron acciones “violatorias de la
dignidad de esas personas” investigadas por caso Odebrecht, pero aclaró que no
fueron dirigidas solo contra un partido opositor al gobierno.
“En ese caso los afectados no fueron
exclusivamente de un solo partido, de un partido de oposición”, expresó el
dirigente peledeísta, quien agregó que hubo inclusive funcionarios del propio
gobierno y de partidos de oposición porque se entendía que su responsabilidad
penal estaba comprometida.
Dantés Díaz explicó que en cambio, en la
persecución del llamado caso Calamar, “los supuestos delatores que reconocen la
comisión de unos hechos ilícitos que sustrajeron miles de millones de pesos,
están sueltos, no están imputados, y los que niegan los hechos porque lo único
que hay en contra de algunos de ellos es el testimonio de estas personas que
negociaron con el ministerio público, son los que guardan prisión preventiva”.
A la calle
El alto dirigente del PLD consideró
correcta la decisión de su partido de ir a las calles porque la lucha contra el
gobierno no se puede limitar a las denuncias y la litigación en los tribunales,
porque es “intolerante a las críticas, intolerante a los disensos”, y con el caso Calamar ya está claro que “se
trata de una focalización” contra dirigentes peledeístas.
Basó su afirmación en que aunque no está en
capacidad de defender la culpabilidad o la inocencia de los investigados,
resulta inexplicable que personas que admiten su culpabilidad van a las calles
porque tienen proximidad con el gobierno y con el presidente de la República.
Dantés Díaz sostuvo que con este tipo de
actuación del gobierno del PRM está llegando al país la judicialización de la
política (lawfare) como sucedió en
Brasil, Ecuador, Perú y otras naciones.
“Como no queremos que eso ocurra en nuestro
país, el PLD va a las calles a defender la democracia. Nosotros no vamos a
defender procesos judiciales, eso le corresponde a las defensas técnicas de
cada quien. El PLD como partido político va a las calles a defender la
democracia, la dignidad de las personas, los intereses del pueblo dominicano”,
advirtió el dirigente político.
Definió esos intereses como el alto costo
de la vida, los altos precios de la gasolina, la tarifa eléctrica, las tasas de
interés, que perjudican a todos los dominicanos y afectan las cadenas de
distribución.
Miriam es otra cosa
Cuando McKinney le preguntó si no es
contradictorio decir que el ministerio público judicializa la política pero a
la vez reconocer la honestidad de la procurado Miriam Germán Brito, Dantés Díaz
señaló que son públicas las contradicciones entre la magistrada y el accionar
de los investigadores. “Una cosa es Miriam Germán Brito y otra cosa son los
procuradores adjuntos que están llevando a cabo todos estos procesos”, dijo
Dantés Díaz, quien agregó que ella no interviene, mientras que la directora de
Persecución, que está para formular la política criminal del Estado, quiere
asumir todos los casos.
Dijo que distingue a Germán Brito “de los
otros dos”, refiriéndose sin nombrarlos a los procuradores adjuntos Yeni
Berenice Reinoso y Wilson Camacho, porque ha dicho muy claramente que “la
presunción de inocencia no la destruye una acusación, sino una sentencia
firme”.
“Para los otros dos procuradores (Reinoso y
Camacho) la destruye (la presunción de inocencia) una solicitud de medida de
coerción. Entonces, hay dos visiones antagónicas en la Procuraduría General de
la República, que quedan en evidencia cuando la procuradora da declaraciones,
hace un discurso o envía cartas”, donde
pide respeto para los superiores jerárquicos, apuntó el jurista.
Advirtió que con ese tipo de actuación de
los fiscales persecutores de la corrupción se está provocando un daño grave a
la impunidad, porque no puede ser reducida a los actores del gobierno pasado.
Dantés Díaz recordó que de 24 funcionarios
destituidos en el gobierno de Luis Abinader y el PRM, solo uno ha sido
procesado (Luis Dicente, exadministrador de la Lotería Nacional), pero que fue
favorecido con un no ha lugar porque a pesar de que el ministerio público siempre
dice que sus acusaciones son blindadas, el tribunal halló que no había pruebas.
Domingo 2 abril 2023.-
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