En este
momento, personas de dudosa reputación se han dedicado a presentar denuncias
sin fundamentos, respecto a supuestos actos de corrupción en los que pretenden
involucrarme.
Por
ello, me es menester responder y aclarar las publicaciones realizadas en
algunos medios digitales, según los cuales se habría vuelto a presentar ante la
PEPCA una querella en la que se menciona mi nombre, por lo que reitero, punto
por punto, la declaración que realicé en mayo de 2021, sobre la misma situación.
A continuación, la declaración ya realizada:
Mi
declaración jurada de bienes y mi declaración anual ante la DGII están
disponibles, con todas las informaciones de los ingresos obtenidos por mí y mi
esposa y el detalle de todos los bienes a nuestro nombre, así como de la
empresa familiar.
El
Ministerio de la Presidencia, durante mi gestión, nunca intervino en la
asignación de recursos provenientes del fondo de los combustibles.
Tampoco
se compraron o gestionaron adquisiciones de entidades militares y/o policiales.
Todas las contrataciones las hicieron las instituciones gestionadas por sus
respectivas unidades de compras.
Todos
los verdaderos interesados en conocer la verdad, tienen la posibilidad de
consultar la Tesorería Nacional, solicitando una certificación donde se
establezca si es verdad o no que esos fondos fueron autorizados por mí.
Las
auditorías al MINPRE, solicitadas por mí durante los 8 años como ministro,
fueron realizadas por empresas privadas independientes, así como por la Cámara
de Cuentas y están disponibles en los archivos del Ministerio de la Presidencia
y en la propia Cámara de Cuentas.
Las
informaciones de esas auditorías muestran la forma responsable,
transparente y pulcra en que se
manejaron los recursos públicos del presupuesto institucional. Ninguna auditoría
o informe de funcionario alguno reportó irregularidades
de carácter penal en las operaciones del MINPRE ni del 911.
Confiamos
en que la justicia actúe con ecuanimidad. No obstante, la ciudadanía debe hacer
esfuerzos por poner freno a las denuncias irresponsables, realizadas sin
pruebas ni evidencias. Con ello, evitaríamos también que esas acciones puedan dañar la imagen de la propia
justicia.
Ensuciar
y arrojar sombra impunemente sobre reputaciones ganadas durante toda una vida y
con mucho esfuerzo, no ayudará a construir un mejor país y le hace un flaco
favor a nuestra democracia.
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