DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- En el ofrecimiento de elementos de pruebas, contenidas en el expediente de solicitud de medida de coerción este jueves, el Ministerio Público promete una vez más jugársela con todo ante el juez de Atención Permanente del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Enmanuel López Polanco, que definirá la suerte que correrán los 13 imputados acusados de pertenecer a un entramado militar-policial.
El tribunal conocerá coerción hoy contra La medida fue solicitada en contra los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También contra el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
De acuerdo a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a través de diversas maniobras fraudulentas, los militares activos y de alto rango desviaron fondos públicos asignados al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).
Desde la página 223 hasta la 614, el titular de la PEPCA, Wilson Camacho, conjuntamente con los fiscales Mirna Ortiz, Jonathan Pérez, María Melenciano, Marinel Brea, Enmanuel Ramírez, Miguel J. Collado, Arolin Lemos Feliz y Melbin Romero, se encargaron de instrumentar 778 pruebas documentales, cuyos elementos se sustentan en interrogatorios, declaraciones testimoniales, oficios, comunicaciones, actas de entregas voluntarias, actas de allanamientos, certificaciones, bitácoras de fotografías, resolución judicial , decretos, acciones de personal, emisiones de cheques, artículos periodísticos, contratos de alquiler, compraventas, entre otros, todo esto con el fin de hacer valer la petición del Ministerio Público que es, 18 meses de prisión preventiva para los imputados y la declaratoria de caso complejo.
En estas pruebas documentales, se encuentra el interrogatorio firmado en fecha 24 de mayo del año 2021, por el capitán de la Policía Nacional, David Agustín Abreu Padilla, en su calidad de exasistente del generante financiero y ex encargado de cuenta por cobrar del CESTUR.
Con el mismo, el Ministerio Público comprobará que aunque Rafael Núñez de Aza dejó de ser financiero en el CESTUR, en el año 2020, todos debían seguir despachando con él por orden de Juan Carlos Torres Robiou.
El órgano persecutor asegura que establecerá la cantidad de pagos personales para el director y el financiero de CESTUR, además de las entregas de dinero a Rossy Guzmán Sánchez y depósitos a la empresa Único Real State e Inversiones SRL; los pagos de tarjetas de créditos por orden de Rafael Núñez de Aza.
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