DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- La embajada británica en la República Dominicana anunció que brindará su apoyo a la Fundación Terra & Marre, en colaboración con SOS Carbon, en aras de fomentar su trabajo a favor del saneamiento ambiental en las costas del país, la expansión de programas de investigación y desarrollo, y la creación de programas educativos sobre la conciencia ambiental, así como también el empoderamiento de las comunidades en actividades que reduzcan o eliminen el impacto negativo generado por las invasiones de sargazo sobre el medioambiente.

Dicho apoyo ha sido brindado a la fundación dominicana presidida e impulsada por SOS Carbon, la cual realiza sus proyectos centrados en generar mecanismos y programas que fomenten la sostenibilidad del medioambiente.

De su parte, Andrés Bisonó León, presidente de Fundación Terra y Marre, aseguró que con este apoyo “se expande su compromiso social y ambiental, a través de la investigación, logrando así seguir impulsando la transformación del sargazo en productos de valor en la escala que demanda el problema”.

En ese orden, Bisonó León agregó que el programa de trabajo entre ambas entidades está pautado hasta marzo de 2023, donde continuarán generando un ecosistema de trabajo, en unión con todos los sectores y otras organizaciones igualmente comprometidas en generar un impacto social, ambiental y económico positivo en la región.

Asimismo, indicó que uno de los principales ejes de Fundación Terra & Marre son programas de empoderamiento a las comunidades que se integran y entrenan en la construcción de equipos para desarrollar saneamiento ambiental en la República Dominicana y el Caribe.

“Desde la organización estamos trabajando para brindar soluciones sostenibles ante crisis ambientales, más aún, lograr una transformación que luego genere cadenas de valor y tenga repercusiones positivas sostenibles en las comunidades”, aseveró.

Reconocimiento

Recientemente el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) seleccionaron a SOS Carbon, parte instrumental de la colaboración, por su labor en la implementación y escalamiento del sistema de recolección del sargazo en mar costo-eficiente y de alta capacidad utilizando embarcaciones artesanales con el reconocimiento de “Prácticas Prometedoras 2022”, por el gran trabajo realizado en torno al medioambiente alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030.

Ambas instituciones reconocieron la alineación de SOS Carbon con los ODS, las estrategias implementadas por la iniciativa, enfoque en gestión, medición de los ODS, transparencia, ecosistema de actores involucrados, sostenibilidad y resiliencia.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El mayor general Adán Cáceres Silvestre estaría saliendo de la cárcel Najayo Hombres este miércoles, según informó su abogado, tras completar los trámites correspondientes, después de que el Tribunal le variara la medida de coerción, consistente en prisión preventiva a domiciliaria hace varios días. 

El imputado del supuesto entramado de corrupción contra el Estado no había completado el proceso, porque supuestamente no tenía recursos para pagar la fianza de 10 millones de pesos impuesta por el Ministerio Público. 

Durante la audiencia preliminar de este martes contra los casi 50 imputados del caso Coral/Coral 5G, en el que está envuelto el general Cáceres Silvestre, el Ministerio Público tomó un receso para colocarle el localizador eléctrico (grillete), procediendo sus abogados a hacer las diligencias correspondientes para su salida del penal esta misma tarde, algo que según su representante Romel Jiménez, no será posible por lo avanzado de la hora. 

Adán Cáceres Silvestre estaba preso en Najayo Hombres desde mayo del  2021, hasta el 6 de diciembre del 2022, cuando la jueza Yanibet Rivas le varió la coerción, pero éste no había completado el proceso para irse a casa. 

La jueza titular del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, pautó la continuación de la audiencia para  el 3 de enero, donde se procederá con la lectura de más de 3,500 pruebas en 3,268 páginas, que envuelve una presunta estafa de más de 4,000 millones de pesos contra el Estado dominicano.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- Los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) manifestaron su rechazo este martes al proyecto de Ley de Fideicomiso, aprobada en el Senado de la República. 

La información la ofreció el expresidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, quien agregó que previo a sus declaraciones estaba en una reunión sobre el tema, donde aprobaron someter ante el hemiciclo la solicitud de un plazo de 15 días para conocer el proyecto. 

La Cámara de Diputados tiene previsto conocer la iniciativa en la sesión de mañana miércoles, a menos de una semana hábil para que concluya la legislatura, por lo que si le concenden el plazo, el proyecto perimiría. 

A continuación el comunicado integró emitido por PLD

Los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana queremos expresar nuestro total oposición y rechazo al proyecto de ley de fideicomisos públicos que se aprobó en el Senado y que se quiere aprobar en la Cámara de Diputados por mayoría del PRM sin el consenso de los demás partidos.

Con esta ley, el gobierno del PRM quiere dar a la institucionalidad del país apues permite la creación de un gobierno paralelo exento de las leyes y reglamentos para el uso de fondos públicos, desconociendo la necesidad de cumplir con las leyes de compras y contrataciones, función pública, crédito público y demás.

En su afan privatizador, este gobierno pretende manejar la cosa pública como si fuera una empresa, sin cumplir con los controles que todo gobierno debe tener para el manejo correcto y transparente de los fondos públicos.

En ese sentido, este proyecto de ley establece en el artículo 13 que las compras y contrataciones se realizarían según el reglamento de cada fideicomiso, no según la ley de compras públicas. Esto contradice el artículo 2 numeral 6 de la Ley 340-06 y va en contra de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 0305 de fecha 14 de diciembre de 2014.

De igual forma, el referido proyecto de ley establece en su artículo 12 que la contratación de personal se realice bajo lo dispuesto en el Código de Trabajo, que aplica es al sector privado, en lugar de la Ley 41-08 de Función Pública. O sea, un empleado público regular tiene requerimiento de exclusividad en sus funciones pero un empleado del fideicomiso público no.

En una clara muestra del interés de usar la figura para privatizar la cosa pública, en su artículo 10 propone un comité técnico donde es posible que la mayoría de los miembros no sean funcionarios públicos, y lo que es peor, el mismo comité técnico lo hace opcional en el artículo 9.

Es decir, que la cosa pública en lugar de ser administrada por funcionarios públicos que están sujetos a las restricciones, exigencias de exclusividad, observación de conflictos de intereses y obligaciones de hacer declaración jurada dispuestas por la legislación dominicana.

Asimismo, establece que la supervisión de los fideicomisos públicos lo realizaría la Superintendencia de Bancos, pero los fideicomisos públicos no son intermediarios financieros para ser supervisados por la Superintendencia de Bancos. ¿Qué tiene que ver la Superintendencia de Bancos supervisando un fideicomiso de becas o un fideicomiso de reforma de la policía como ha creado este gobierno?

La fiduciaria que se elija debería ser fruto de una licitación, pues solo así se cumpliría el precepto constitucional de competencia en igualdad de condiciones.

Este es un gobierno que quiere manejar todo como si fuera una empresa privada. Por eso ha hecho fideicomisos públicos para becas, para reforma de la Policía Nacional, para marca país, hasta para la exportación de tilapias. Y todo esto lo quiere hacer sin el debido cumplimiento de las leyes que regulan el uso de fondos públicos.

En conclusión, como bloque del Partido de la Liberación Dominicana mostramos nuestra total oposición al proyecto de ley de fideicomiso público y alertamos a la población del golpe a la institucionalidad y a la transparencia que se generaría con este proyecto de ley.

DIARIO ORIENTAL, Elías Piña. - El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFronT) detuvo tres nacionales haitianos quienes se trasladaban a bordo de un camión marca Daihatsu, que había sido sustraído en un dealer en Santiago. 

Miembros del CESFronT, asignados para servicio en la Base de Operaciones Fronterizas Coronel Elías Piña, mediante persecución realizada en el tramo carretero Santo Cruz-Bánica, detuvieron a los nacionales haitianos Roberto Joseph Waquin, Jony Fenicien y Josué Pascal, con estatus migratorio irregular, a bordo del vehículo. 

El camión, según informaciones, fue sustraído del Auto Dealer Morel Motors, ubicado en el municipio de Villa González, en Santiago. 

Los extranjeros fueron conducidos a la Base de Operaciones, donde al ser requisados, se les ocupó la cantidad de RD$ 10,500. 

 En cuanto a los detenidos junto al vehículo y el dinero decomisado, serán entregados a miembros del Ministerio Público, para los fines correspondientes. 

Asimismo, el CESFronT, decomisó 120,000 unidades de cigarrillos marca Capital, en una casa que era utilizada como centro de acopio para contrabando, en Dajabón. 

Mientras que en Jimaní, detuvo a un hombre de nacionalidad haitiana, cuando se disponía ingresar hacia su país, transportando 50 sacos de harina marca D'Ravinmi de 110 libras cada uno, en un camión sin placa, momentos en que que la exportación de harina se encuentra suspendida, así consta el documento No. 001701, emitido por el Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El Pleno de la Junta Central Electoral inició este lunes el estudio de las modificaciones sometidas a la Ley de Régimen Electoral, aprobadas la semana pasada por el Senado de la República. 

El presidente del órgano electoral, Román Jáquez Liranzo, explicó que están haciendo una comparación de la propuesta de modificaciones presentada por la Junta y lo aprobado en el Senado. 

Al hablar con periodistas a su salida de la reunión, el magistrado indicó que más adelante la institución dará a conocer su parecer sobre la pieza legislativa.

Estas modificaciones deben aprobarse en ambas cámaras antes que concluye la presente legislatura el 12 de enero. De lo contrario se quedarán para para la primera lectura del 2023, que inicia el 27 de febrero, donde el proyecto reintroduciría desde cero.

La próxima sesión de la Junta Central Electoral para tratar el tema será mañana martes a las 3:00 de la tarde.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE), Asociación de Importadores de Vehículos Usados (ASOCIVU) y Asociación de Dealers del Cibao (ADECI), reiteraron este lunes la solicitud al Gobierno flexibilizar la aplicación de la Norma No. 06-2022, sobre la Exigibilidad de la Constancia Fehaciente de Pago, que entró en vigencia el 12 de diciembre del presente año. 

Advierten a las autoridades de la Administración Tributaria y a la Dirección General de Impuestos Internos que la misma afecta las ventas de las unidades de medio uso, los derechos de los consumidores, las recaudaciones fiscales y las operaciones   de este importante renglón de la economía.

Cesar De los Santos presidente de ANADIVE, Héctor Rodríguez de ASOCIVU y José Fernandez  de ADECI, manifiestan que eleva la presente solicitud en virtud, de que el Instructivo con los procedimientos de aplicación de la referida Norma debe ser elaborado y consensuado con los contribuyentes.

Dicen que aspiran a que se conceda una prórroga de 90 días, para adaptar la normativa, a fin de aplicar un Régimen de Tributación Especial para el sector y evitar la desaparición de cientos de empresas.

Manifiestan que las organizaciones empresariales convocantes no se oponen a la aplicación de la normativa para regular el sector, todo lo contrario, “pensamos que el orden y la reglamentación son sinónimos de progreso”

Expresan que, desean la implementación de reglas y normas, acorde con la realidad del mercado, que permitan a las empresas subsistir y trabajar con tranquilidad.

Aseguran que la aplicación de la Norma No. 06-2022, tal como está concebida, afecta de forma directa las ventas de vehículos, pues introduce una restricción al uso de la moneda de curso legal, cuando el monto envuelto en la operación excede a los 500 mil pesos, cantidad muy baja para la adquisición  de

vehículos.

Sostienen que en estos momentos los automóviles han aumentado de precios en más de 40% en el mercado internacional, lo que hace más difícil en el país la compra de automóviles.

“Hay dificultades para transparentar el valor de transferencia consignado en la factura para el endoso de vehículos de motor recién importados por distribuidores o dealers, en cuyo caso no podrá ser inferior al valor CIF bruto indicado en la liquidación de importación” Indican.

Señalan que persisten limitaciones para reconocer en DGII, la valoración aduanal aplicada a   los vehículos en la Dirección General de Adunas.

Afirman que no hay un procedimiento establecido para presentar la documentación de los vehículos usados recibidos por los dealers a consignación o como avance a cuentas, que se ven afectados en los procesos de los traspasos.

Informan en las personas particulares pagan un 2% y las empresas distribuidoras o dealers sufragan (2% más 18% de ITBIS y 27% de los beneficios obtenidos en la venta), lo que constituye un incentivo a pasar a la informalidad y rompe el principio de equidad fiscal.

Revelan que adicionalmente, hace casi imposible a los compradores el proceso de entrega de sus vehículos para cambiarlos por modelos más avanzados o nuevos.

“Abogamos por la aplicación de un Régimen de Tributación Especial (RTE) para el sector vehículos, pues   el renglón de vehículos usados genera miles de empleos directos e indirectos, ahorra divisas, crea riquezas para el país, ayuda renovar el parque vehicular”, manifestó. 

Reiteran que es uno de los grandes contribuyentes a la sostenibilidad del Estado con el pago de aranceles, arbitrios e impuestos internos y que ese subsector es un dinamizador por excelencia de las actividades económicas, pues engrosa la cartera de los bancos y los seguros, impulsa las ventas de repuestos y accesorios, combustibles y lubricantes, neumáticos, baterías y servicios mecánicos, entre otros.

Añaden que, en cuanto al pago de impuestos, para el año 2021 Vehículos de Motor, fue la partida arancelaria de mayor aporte, con un 13.48% del total de las recaudaciones aduanales de DGA, y pagó RD$ 25,880.30 MM de Pesos, de los cuales el subsector de usados tributó la suma de RD$ 15,528.1 MM, equivalentes al 60%, y los nuevos un valor de RD$10,352.2 MM, es decir, un 40%. 

Recalcan que los aportes del sector vehículos a las recaudaciones de la DGII para el año 2021, ascendieron a RD$ 21,000 MM de Pesos, de los cuales se estima que el subsector de usados tributó la suma de RD$ 13,650. MM, es decir, el 65% del total.

Recuerdan a la autoridad que el capítulo arancelario Vehículos de Motor en general, aportó a la DGA y DGII la suma de RD$ 47,000. MM de Pesos en el año 2021, cuando se computan las obligaciones aduanales y los impuestos internos pagados; con un mayor aporte de las unidades usadas, equivalentes a RD$ 29,178. MM, que significó un 62% del monto tributado.

Las Asociaciones firmantes, como instituciones representativas del sector llaman a repensar la aplicación de las regulaciones y que éstas no afecten la comercialización, las recaudaciones y el buen desempeño del sector.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- La firma Guzmán Ariza puso a circular el libro Repertorio de la jurisprudencia civil, comercial e inmobiliaria de la República Dominicana (1908-2021), obra en tres tomos del licenciado Fabio J. Guzmán Ariza, presidente de dicha firma. El lanzamiento de la obra se realizó este jueves 30 de noviembre en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Dariel Suárez, el magistrado Napoleón Estévez Lavandier, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, y la jurista Fabiola Medina Garnes tuvieron a su cargo la presentación de la obra, que en sus casi tres mil páginas registra de manera resumida y ordenada las sentencias dictadas por la SCJ y el Tribunal Constitucional (TC), en las materias mencionadas en su título, desde el inicio de las labores de ambas cortes, en 1908 y 2012, respectivamente, hasta diciembre de 2021.

El autor explicó que para la elaboración de este Repertorio fueron consultadas unas 50,000 sentencias, de las cuales fueron extraídos unos 15,000 resúmenes o párrafos, con el propósito de proporcionar a abogados, jueces y público en general una recopilación concisa y ordenada de los criterios jurisprudenciales de las altas cortes sobre las materias mencionadas, así como para alertar a las altas cortes dominicanas sobre aquellos asuntos en los cuales la jurisprudencia actual es vacilante o contradictoria, de modo que procuren unificar y fijar criterios claros y así asegurar la obtención de una justicia predecible que sirva de sostén para garantizar dos de los principios fundamentales de nuestro sistema judicial: la igualdad de todos ante la ley y la seguridad jurídica.

Guzmán Ariza, abogado, escritor, editor y lingüista, es autor de una extensa bibliografía en materia jurídica, compuesta por más una docena de libros e innumerables artículos en materias de su especialidad, entre los que destacan su Procedimiento en defecto en materia civil y comercial, Ley 5038 sobre Condominios comentada y El lenguaje de la Constitución dominicana.

Actualmente preside el bufete Guzmán Ariza, con oficinas en Santo Domingo, Sosúa, Cabrera, Las Terrenas, Samaná, Casa de Campo, La Romana y Bávaro. También es editor de la revista Gaceta Judicial y presidente de su consejo editorial.