DIARIO  ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- La Fiscalía de esta jurisdicción logró una condena de ocho años de prisión contra un hombre que en 2019 intentó matar a su madre en el municipio de Villa González, de esta provincia.

 La sentencia emana del Segundo Tribunal Colegiado de este distrito judicial, integrado por los magistrados Luis Ernesto Torres, Esther Reyes y Miguel Alejandro Báez.

 En un documento de prensa, el Ministerio Público establece que el procesado cometió violencia de género e intrafamiliar agravadas en perjuicio de su madre, identidad que se reserva en protección de su intimidad. Estos hechos están sancionados por los artículos 309-1, 309-2 y 309-3, literales A y E, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97.

 De acuerdo con la narración aportada por la víctima, el hombre se presentó a la residencia de su progenitora y la intentó estrangular mientras le gritaba “vine a matarte”. La mujer, que pedía auxilio, logró liberarse de su agresor, quien huyó del lugar.

 El hoy condenado, quien se mantuvo merodeando la casa de su madre en los días posteriores, quedó detenido por orden de arresto gestionada por el Ministerio Público ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción.

 Entre las evidencias levantadas por la Fiscalía, se encuentran informes de evaluaciones psicológicas sobre los agravios que provocaron a la víctima la violencia física, verbal y psicológica ejercida por su hijo en su contra.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El Defensor del Pueblo y el Instituto 512 de Inicia Educación, lanzan la Certificación de Derechos Humanos para Líderes Comunitarios dirigida en una primera etapa al personal operativo del programa Supérate, en el marco del programa de formación en Derechos Humanos y Construcción de Ciudadanía.

Durante la ejecución del programa serán impactados más de 1,000 líderes comunitarios, docentes, coordinadores, orientadores, directores y técnicos a nivel nacional, como parte de un acuerdo de cooperación interinstitucional suscrito entre el órgano extra poder y el referido instituto, con el objetivo de trabajar de manera conjunta para formar, transformar y agregar valor a la sociedad dominicana en materia de derechos humanos.

El acto de lanzamiento de la certificación celebrado en los salones del Hotel Intercontinental fue encabezado por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; la directora ejecutiva del Instituto 512, Ángela Español y el director ejecutivo de Inicia Educación, Antonio Caparrós, quienes se comprometieron en aunar esfuerzos para articular propuestas de valor que ayuden a la promoción a nivel nacional de los derechos humanos y los deberes ciudadanos de las personas.

“Hemos creado una sinergia dirigida a la formación en derechos y ciudadanía de las familias dominicanas desde las comunidades educativas del país. Para nosotros la educación es vital para formar una sociedad que conozca sus derechos y alcanzar una ciudadanía responsable” aseguró Ulloa.

Por su lado, la directora ejecutiva del Instituto 512 añadió “toda iniciativa que contribuya a mejorar la formación de los actores de la comunidad educativa, será respaldada por el Instituto 512, y en especial en este caso donde se persigue fortalecer el sentido de ciudadanía de los líderes educativos, así como incentivar la inclusión en la práctica educativa enfocada en la enseñanza y defensa de los derechos humanos”.

El proyecto será liderado por la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo en coordinación con el Instituto 512, y el programa cuenta con un diseño de más de 100 horas de contenido formativo en derechos humanos, Constitución Dominicana y construcción de ciudadanía. En ese mismo orden, el referido programa será impartido en modalidad sincrónica y asincrónica, con el objetivo de generar un impacto directo en las 18 regionales educativas a nivel nacional.

Sobre el Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo de la República Dominicana, es una autoridad independiente, un ejecutor que no se encuentra sujeto a ninguna limitante más que la del apego a la ley. Su característica es la neutralidad. El Defensor del Pueblo tendrá autonomía funcional, administrativa y presupuestaria.

Sobre el Instituto 512 

El Instituto 512 es una propuesta distintiva para formación y desarrollo especializado del liderazgo del directivo escolar, docente y estudiantil, con la misión de ofrecer servicios de transformación, desarrollo y fortalecimiento profesional, con los más altos estándares de calidad en el sectoreducativo de la región de Latinoamérica, basados en la creación de líderes generadores de cambio.

Sobre INICIA Educación 

INICIA Educación es un fondo de inversión de impacto especializado en educación en República Dominicana y la región norte de América Latina, con la misión de contribuir al desarrollo de nuestra región a través de la mejora de los sistemas educativos y el desarrollo de líderes éticos, capaces y visionarios.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), Milton Morrison, dijo que no ha habido cambios en su salario desde que fue designado en el cargo por el presidente Luis Abinader hace un año y tres meses.

Explicó que devenga el mismo monto mensual de 575 mil pesos que cuando asumió la posición y el cual era el sueldo de su antecesor en la anterior administración (gobierno de Danilo Medina 2012-2020).

Señaló que él no tiene la potestad para aumentarse el salario, ya que eso lo hace el Consejo Unificado de las empresas distribuidoras.

“Primero, yo no he realizado un primer viaje pagándome viáticos ni boletos de la empresa; segundo, el vehículo que yo utilizo, el 95 por ciento de las veces que ando es un vehículo de mi propiedad, no de la empresa”, expresó durante una entrevista en el programa de radio “Rumba de la Mañana”.

Agregó: “Y no recibo ningún tipo de compensación por usar mi vehículo, con el cual llegué al momento de asumir la posición”.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.-María Isabel Pérez, esposa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, denuncia que teme por la vida de su pareja y responsabilizó al presidente de la República, Luis Abinader, a la procuradora Miriam Germán, y a los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.

Pérez dijo que esta mañana recibió la información de que alrededor de las 9:00 de la noche de este lunes fueron trasladados los principales imputados del caso Larva, quienes fueron perseguidos en la gestión del exprocurador, al penal de Najayo San Cristóbal, donde este se encuentra detenido actualmente.

“Estos individuos han sido sindicados por pertenecer a una banda criminal internacional de narcotráfico y altos delitos. Poner a Jean Alain a compartir con ellos es sentenciarlo a muerte, ya en el pasado reciente recibimos amenazas de partes de muchos de estos grupos”, expresó la esposa del exprocurador en Twitter.

Planteó que desde su detención y el proceso en su contra, se han “violado” todas las normas, garantías y derechos fundamentales.

“Es responsabilidad del Gobierno y autoridades actuales garantizar la vida y seguridad de mi esposo.  Responsabilizo públicamente al presidente Luis Abinader, a la Procuradora General Miriam Germán Brito y Procuradores Yeni Berenice y Wilson Camacho por la vida de mi esposo Jean Alain Rodríguez”, agregó.

Por otro lado, al ser entrevistada en el programa Gobierno de la Mañana, calificó como “inhumano e incorrecto” colocar a menos de 60 metros y compartir por 12 horas diarias a las personas que Rodríguez, siendo procurador, persiguió  por sus ilícitos contra las leyes de la República.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó este martes la recusación presentada contra la jueza Kenya Romero para que no conozca los conocimientos de medida de coerción contra los implicados en la Operación Coral 5G, incluyendo tres generales activos.

La recusación fue presentada por el abogado Julio Cury, quien defiende al general activo Juan Camilo de los Santos Viola, exjefe de seguridad del expresidente de la República Danilo Medina, quien está detenido desde finales de noviembre por su supuesta implicación en un entramado corrupto militar en varias instituciones del Estado.

La sala establece que los argumentos presentados por Viola y su abogado “carecen de sustento”, además de que son contraproducentes, contradictorios y que existen mecanismos para atacar decisión desfavorable de la jueza Romero.

El abogado Cury argumenta que la magistrada Romero emitió las órdenes de arresto contra los imputados y también se autodesignó para conocer la medida de coerción, lo que es improcedente.

Hace unas tres semanas, el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos y Boanerges Reyes Batista, vinculados junto otras 10 personas en el entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G, para quienes pidió la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaración del caso como de tramitación compleja.

Además de los generales Torres Robiou (FARD), De los Santos Viola (FARD) y Reyes Batista (ERD), en el caso son imputados el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).

También, el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.

Los imputados de la Operación Coral 5G son custodiados por el sistema penitenciario en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.

A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.

La Operación Coral 5G se ejecutó en el marco de 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.

Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El director de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (PEPCA), Wilson Camacho, dijo que ese órgano se encuentra analizando las últimas informaciones obtenidas en torno al caso Anti Pulpo, que mantiene en prisión preventiva a un hermano del expresidente de la República Danilo Medina.

Camacho dice que están analizando las informaciones que han llegado desde las Cámara de Cuentas, lo que calificó como un proceso rutinario, por lo que todavía el PEPCA tiene tiempo para presentar acusación formal contra Alexis Medina y los imputados en la Operación Antipulpo.

“El Ministerio Público está analizando las últimas informaciones obtenidas, incluso las que le llegaron desde la Cámara de Cuentas, un procedimiento rutinario en los procesos, sobre todo en los que se trata de criminalidad compleja, que nos facilita el marco jurídico vigente”, dijo Camacho.

El magistrado garantizó que la acusación de este caso será presentada dentro de los plazos establecidos en el Código Procesal Penal.

El procurador adjunto dijo que el tiempo que ha necesitado el Ministerio Público para presentar acusación formal “evidencia” la complejidad del Caso Antipulpo, por lo que a su entender se traducirá en una acusación “hermética”.

“El tiempo que han necesitado los órganos de persecución, con un amplio equipo de fiscales y especialistas de diversas áreas trabajando sin ninguna pausa, reafirman la complejidad del Caso Pulpo y se traducirá en una acusación hermética que será presentada ante los tribunales para abonar con otro caso contundente, en términos probatorios, a la lucha contra la impunidad. Porque, y solo lo estamos reafirmando, con este Ministerio Público la impunidad ya dejó de ser una cortina de protección para los corruptos en República Dominicana”, señaló Camacho.

A Juan Alexis Medina Sánchez se le atribuye ser el principal acusado de dirigir el entramado de corrupción que se valía de su vínculo familiar directo con el poder político, en calidad de hermano del entonces presidente Danilo Medina, para enriquecerse a costa de los recursos de los contribuyentes.

Junto a Medina y Rosa son procesados Aquiles Alejandro Christopher, exdirector de fiscalización de obras de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Francisco Pagán Rodríguez,  exdirector de la Oisoe; Julián Esteban Suriel Suazo; José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, quienes cumplen prisión preventiva.

Mientras que contra los procesados Carmen Magalys Medina Sánchez, también hermana de Juan Alexis Medina Sánchez, y del expresidente Danilo Medina Sánchez, y a Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, pesan tres meses de arresto domiciliario.

Carmen Magalys e Hidalgo Núñez también tuvieron que pagar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantienen con impedimento de salida del país.

El encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz quedó en libertad con la obligación de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal que lleva la investigación del Caso Pulpo.

Las medidas de coerción fueron impuestas por el entonces juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en diciembre del pasado año.