DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, encabezó este martes la reinauguración del destacamento militar de Puerto Escondido, ubicado en el municipio de Duvergé, provincia Independencia, como parte del programa de fortalecimiento de la infraestructura y capacidades operativas de la institución en la zona fronteriza. 

Esta instalación militar, situada en las inmediaciones de la Sierra de Bahoruco, desempeña un papel estratégico en el control de los accesos al parque nacional, la prevención de delitos ambientales, el combate a la migración irregular y la lucha contra el contrabando de mercancías. 

La remodelación incluyó la rehabilitación integral de sus áreas operativas y de alojamiento, así como su equipamiento, permitiendo mejorar las condiciones de vida y de trabajo del personal militar destacado en la zona. Con esta intervención se fortalecen las capacidades operacionales del 14.º Batallón de Infantería, optimizando la capacidad de respuesta de las tropas y reafirmando el compromiso institucional con la vigilancia, la seguridad y la protección de la región fronteriza. 

Acompañaron al Comandante General del Ejército el general de brigada Freddy Soto Thormann, comandante de la 5.ª Brigada de Infantería; el teniente coronel Víctor Manuel Mateo Báez, comandante del 14.º Batallón de Infantería; y el alcalde pedáneo de la sección de Puerto Escondido, señor José Alfonso Almonte Pérez.   

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.– El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, informó que realizará un viaje a Alemania, en los próximos días, para reunirse con empresarios de esa nación interesados en invertir en la República Dominicana, en la industria de los semiconductores. 

“Yo voy ahora a Alemania, posiblemente en dos semanas a una reunión, solamente con empresarios alemanes que están queriendo ver la industria de semiconductores, para abastecer a Alemania de semiconductores hechos en República Dominicana”, adelantó el funcionario. 

Explicó que la estrategia del país es aprovechar el interés de los principales mercados de los semiconductores de abastecerse de países, cercanos y amigos, a fin de que el abastecimiento de este tipo de insumos no se vea afectado por conflictos ideológicos o políticos.

Acorde con la visión del presidente Luis Abinader, se busca aprovechar este contexto y las oportunidades que ofrece para la economía del país, en el marco del decreto 324-24 que declara de alta prioridad nacional la promoción, innovación y desarrollo de la industria de semiconductores en la República Dominicana.

Como resultado de esa visión, las exportaciones dominicanas han pasado de ser esencialmente textiles, las cuales requieren una mano de obra rudimentaria, a que actualmente el 35% sea de insumos médicos y ya un 15% sean de insumos electrónicos, productos que requieren empleos más cualificados y por ende mejores remunerados. 

“Nosotros hemos visto la ventana de oportunidades y por eso hemos emitido un decreto y una serie de incentivos”, añadió Sanz Lovatón. 

Destacó que históricamente, los semiconductores se han producido en países como Asia, Taiwán, Vietnam, China y Singapur, pero que en la actualidad los grandes mercados de consumo como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea ya no desean depender de cadenas de suministro lejanas o de países con ideologías políticas distintas.

En meses pasados, el ministro Yayo presentó un informe “Análisis del entorno propicio para las industrias de semiconductores y microelectrónica en República Dominicana”, una iniciativa estratégica que examina las oportunidades y los desafíos de esta industria en el país.

El informe analizó las condiciones del entorno nacional, incluyendo aspectos regulatorios, institucionales y de capital humano, así como las ventajas competitivas que posicionan a la República Dominicana como un destino atractivo para la inversión en manufactura avanzada.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, encabezó el “Foro de Intercambio de Experiencias Gubernamentales”, en el que, durante dos días, funcionarios y técnicos de República Dominicana y Emiratos Árabes Unidos trabajarán una hoja de ruta para desarrollar proyectos de cooperación enfocados en fortalecer la gestión pública, mejorar los servicios al ciudadano, impulsar el crecimiento económico y la competitividad y acelerar la formación de capital humano mediante la transformación digital.

Entre los temas abordados se encuentran el fortalecimiento de laboratorios de políticas públicas; la mejora de la calidad de los servicios, el uso de inteligencia artificial para la regulación, la cooperación aduanera; el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica a través del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y el impulso de las zonas francas y la manufactura avanzada.

Paliza destacó que cada uno de los proyectos que se trabajan en conjunto, están alineados a las diez metas prioritarias del Gobierno y a la estrategia Meta RD 2036, que busca acelerar la transformación económica y social del país durante la próxima década. 

Afirmó que los avances alcanzados entre República Dominicana y los Emiratos Árabes Unidos son el resultado del trabajo sostenido y en conjunto realizado en los últimos años, que permitió la firma de un acuerdo de cooperación bilateral y la ejecución de diversas misiones técnicas de instituciones dominicanas al país árabe para conocer experiencias exitosas en gestión pública. 

“Esta iniciativa se ha fortalecido gracias a los intercambios técnicos entre ambos gobiernos y a la participación de República Dominicana en el World Government Summit, celebrado en Dubái y encabezado por el presidente Luis Abinader”, mencionó. 

De su lado, el ministro asistente de Asuntos del Gabinete para Intercambio de Experiencias Gubernamentales, Mohamed Bin Taliah, manifestó que la alianza entre ambos países es un reflejo de que los gobiernos tienen la responsabilidad no solo de responder a los desafíos, sino también de tomar medidas preventivas para servir mejor a sus pueblos.

Declaró que este acuerdo no se medirá por lo que ocurra durante esta reunión, sino por lo que sucederá después, al precisar que se debe seguir creando oportunidades, fortaleciendo capacidades y ofreciendo mejores resultados para los ciudadanos. 

“Durante los últimos meses, nuestros equipos han trabajado estrechamente en distintos sectores esenciales para construir gobiernos y economías más fuerte”, expresó. 

La participación de República Dominicana en el Programa de Intercambio de Experiencias Gubernamentales, conocido como GEEP, se coordina desde el 2024, a través del viceministro de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, Luis Madera Sued y el embajador dominicano en Emiratos Árabes Unidos, Renzo Herrera.

“Dentro de los temas que debatimos hoy, también hay proyectos de colaboración entre universidades de Emiratos Árabes que están dentro de las primeras 100 del mundo con universidades nuestras y con personal nuestro para recibir becas también de los Emiratos Árabes, así como mejoras también en nuestro sistema de promoción y generación de mayor inversión extranjera en sectores como zonas francas, en sectores como inteligencia artificial, en sectores como economía más sofisticada”, señaló Madera.

En la jornada se realizaron mesas de trabajo para identificar desafíos, definir hojas de ruta, establecer entregables y acordar mecanismos de seguimiento que permitan generar resultados medibles en los próximos meses.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO. - La Comisión Bicameral designada para estudiar el proyecto de ley de Medidas Pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, sometido por el Poder Ejecutivo, escuchó al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y al vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols, quienes expresaron sus consideraciones sobre la iniciativa. 

En la segunda jornada de trabajo, celebrada en el Salón Polivalente de la Cámara Alta, el presidente de la comisión, senador Pedro Catrain, consideró que los planteamientos de los invitados permitirían a los senadores y diputados tener una idea clara sobre las mejoras que podrían ser aplicadas a la pieza legislativas para hacerla más robusta y favorable para el país.

“Agradecemos a los actores que han comparecido ante esta comisión conjunta, porque con sus exposiciones tendremos un radio mayor sobre el contenido del proyecto y su propósito", dijo el presidente de la comisión y vicepresidente del Senado de la República, Pedro Catrain.

En su ponencia, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, desglosó de manera simplificada las propuestas que conforman el proyecto de ley diseñado por el Poder Ejecutivo, que busca aplicar un reajuste en el sistema tributario del Estado dominicano. 

“El proyecto es sensato en torno a la coyuntura actual, progresivo y ajustado a las capacidades tributarias de los sectores sociales, y proveedor de beneficios para los sectores más vulnerables del país”, expresó el funcionario.

Asimismo, Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, realizó las evaluaciones correspondientes sobre la pieza legislativa y planteó sus observaciones. 

Tras escuchar a los invitados, los senadores y diputados, incluyendo a los voceros de los diferentes partidos políticos, expusieron sus consideraciones sobre algunos dispositivos del proyecto de ley, para conocer a plenitud el propósito e impacto que tendría sobre la ciudadanía.

Al comparecer ante los miembros de la prensa, el senador Pedro Catrain, indicó que luego de escuchar a Magín Díaz y Mario Pujols, y otros posibles invitados, la Comisión Bicameral, pasará a la etapa de discusiones “para llegar a un acuerdo, y abocarnos a rendir el informe correspondiente ante el Pleno del Senado y de la Cámara de Diputados”.

La Comisión Bicameral está integrada por los senadores Pedro Catrain, quien la preside; Guillermo Lama, Alexis Victoria Yeb, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Lía Díaz, Ginnette Bournigal, Antonio Marte, Aracelis Villanueva, Moisés Ayala y Eduard Alexis Espíritusanto.

Asimismo, forman parte de la comisión los diputados Francisco Paulino, vicepresidente; Ydenia Doñé, Jorge Frías, Sergio Moya, Gregorio Domínguez, Félix Hiciano, Enriqueta Rojas, Dorina Rodríguez, Dellys Féliz, Danilo Díaz, Carmen Ligia Barceló, Abelardo Ruthinel, Margarita Tejeda y Félix Michel Rodríguez.

También la integran los voceros de las organizaciones políticas con representación en la Cámara de Diputados: Rafael Castillo, de Fuerza del Pueblo; Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Amado Díaz, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Braulio Espinal, de Dominicanos por el Cambio (DxC); y Ramón Raposo, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.– El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente de la República, Leonel Fernández, solicitó este martes el retiro de todas las propuestas de aumento de impuestos contenidas en la reforma fiscal denominada “Plan Anticrisis para la sostenibilidad y la protección de la economía”, así como una reformulación del Presupuesto General del Estado de 2026 que permita priorizar el gasto público, corregir distorsiones presupuestarias y aliviar la carga sobre los sectores productivos.

A juicio del exmandatario, la iniciativa promovida por el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) constituye una reforma fiscal encubierta cuyo verdadero propósito es obtener más ingresos para cubrir el crecimiento excesivo del gasto corriente de la actual administración.

Al presentar una nueva edición de La Voz del Pueblo, Fernández sostuvo que las propuestas tributarias planteadas por el Gobierno carecen de justificación económica y resultan innecesarias frente al desempeño que exhibe la economía dominicana, de acuerdo con las cifras oficiales divulgadas por el propio Banco Central y los constantes pronunciamientos de las autoridades que destacan el crecimiento y la resiliencia de la economía nacional.

Asimismo, propuso una reformulación del Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2026 para reducir y reorientar partidas de gasto, reclamó el cumplimiento de la indexación total de salarios establecida en el Código Tributario, planteó el restablecimiento de la deducción total de los gastos educativos y llamó a aprobar las iniciativas de flexibilización fiscal sometidas por la Fuerza del Pueblo a través del senador Omar Fernández en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, el sector agropecuario y los emprendedores.

Durante su intervención, el exmandatario cuestionó la narrativa oficial utilizada para justificar las nuevas medidas tributarias, señalando que existe una contradicción evidente entre el discurso del Gobierno y las informaciones ofrecidas por las propias autoridades económicas del Estado.

Fernández recordó que recientemente el Banco Central destacó la resiliencia de la economía dominicana frente a los acontecimientos internacionales y aseguró que el país ha mostrado una mejoría durante los primeros meses del presente año. Del mismo modo, citó los informes oficiales que indican que la economía dominicana registró un crecimiento de 4.0 % entre enero y abril de 2026, impulsada principalmente por los sectores construcción, manufactura de zonas francas, hoteles, bares y restaurantes.

“Si la economía está creciendo y mejorando, entonces no está en crisis, por lo que nunca existirán razones válidas para imponer nuevos impuestos a la población”, sostuvo el líder opositor al analizar las motivaciones expuestas por las autoridades para impulsar el denominado plan anticrisis.

Fernández consideró que el Gobierno ha evitado utilizar el término reforma fiscal debido al amplio rechazo que provocó la propuesta presentada en octubre de 2024, la cual terminó siendo retirada ante la oposición de distintos sectores de la sociedad dominicana.

A juicio del presidente de la Fuerza del Pueblo, el cambio de nombre no modifica la esencia de la iniciativa, ya que continúa persiguiendo el mismo objetivo de aumentar los ingresos tributarios del Estado mediante nuevas cargas para ciudadanos, empresas y sectores productivos.

Recordó que la reforma fiscal retirada en 2024 contemplaba medidas que impactaban directamente a las personas físicas, a las empresas, a la industria cinematográfica, a los propietarios de vehículos, al consumo de bebidas alcohólicas, al Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), al Impuesto al Patrimonio Inmobiliario y al precio de numerosos productos de consumo masivo.

El líder opositor afirmó que la verdadera causa de las dificultades fiscales que enfrenta el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno no radica en una insuficiencia de ingresos, sino en el incremento acelerado y sostenido del gasto público durante los últimos años.

En ese sentido, señaló que entre 2020 y 2026 la actual administración ha manejado recursos por aproximadamente 8.6 billones de pesos, mientras que el gasto público aumentó 87.5 %, una expansión que, según indicó, supera ampliamente el comportamiento de la inflación acumulada en ese mismo período.

Explicó que gran parte de ese incremento se concentra en transferencias corrientes, subsidios, remuneraciones, contratación de servicios e intereses de la deuda pública, partidas que absorben una proporción creciente de los recursos del Estado.

El expresidente sostuvo que actualmente cerca de 90 de cada 100 pesos ejecutados por el Gobierno se destinan a gasto corriente, mientras apenas 10 pesos se orientan a gasto de capital, es decir, a obras, infraestructura e inversiones para el desarrollo. Consideró que esta distribución refleja una distorsión de las prioridades presupuestarias, ya que una proporción cada vez mayor de los recursos públicos se utiliza para sostener el funcionamiento del aparato gubernamental y una parte cada vez menor para proyectos que impulsen el crecimiento económico y mejoren la calidad de vida de la población.

Fernández también cuestionó la necesidad de nuevos tributos cuando el propio Gobierno anunció semanas atrás un programa de contención orientado a generar ahorros cercanos a los 40 mil millones de pesos mediante la reducción de gastos operativos, adquisición de vehículos, contratación de servicios, consumo de combustibles, publicidad y transferencias corrientes.

Indicó que si esas medidas de contención son aplicadas de manera efectiva, los recursos generados permitirían enfrentar cualquier presión presupuestaria sin necesidad de recurrir a nuevos impuestos.

Asimismo, señaló que parte de los argumentos utilizados para justificar el plan gubernamental estaban asociados al impacto de la situación geopolítica en Medio Oriente sobre los precios internacionales del petróleo. Sin embargo, observó que los acontecimientos más recientes apuntan hacia una reducción de esas presiones externas y una tendencia a la baja en los precios del crudo, lo que disminuiría considerablemente el costo de los subsidios asumidos por el Estado.

Fernández citó informaciones económicas internacionales que dan cuenta de una caída significativa en el precio del petróleo tras los avances diplomáticos orientados a reducir las tensiones en Medio Oriente. Indicó que, según reportes de mercados internacionales, el crudo registró una baja de más de 3 % en una sola jornada, alcanzando su nivel más bajo en más de tres meses, situación que reduce considerablemente las presiones fiscales asociadas a los subsidios energéticos contemplados en el Presupuesto General del Estado para 2026.

Planteamos el retiro del proyecto en todo lo relativo a la carga impositiva “porque hoy no tiene sentido; como dirían los abogados, carece de objeto”, dijo al agregar que con la reducción de los precios del petróleo, los 40 mil millones de pesos que se pretende recaudar ya no son necesarios. De acuerdo con las estimaciones presupuestarias, apenas se requerirían alrededor de 889 millones de pesos y no los 40 mil millones que se procura obtener mediante nuevos impuestos”, expresó.

De acuerdo con Fernández, la combinación de medidas de austeridad y la reducción de los subsidios energéticos elimina las razones que el Gobierno ha presentado para impulsar nuevas cargas tributarias.

“El problema no es la falta de recursos. El problema es el aumento excesivo de los gastos del Gobierno”, reiteró.

Fernández sostuvo que el país necesita una administración más eficiente de los recursos públicos y no una nueva carga tributaria para los ciudadanos, especialmente en momentos en que los propios indicadores oficiales muestran crecimiento económico y mejores perspectivas para la economía nacional.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- Al acoger la solicitud del Ministerio Público, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de reclusión mayor y al pago de 400 salarios mínimos a los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, así como al coronel Rafael Núñez de Aza, procesados por corrupción administrativa a partir de las operaciones Coral y Coral 5G.

También, fueron condenados a 15 años de prisión el general Julio Camilo De los Santos Viola y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la pastora), quienes además deberán pagar multas de 400 y 300 salarios mínimos a favor del Estado dominicano.

Tras escuchar el dispositivo de la sentencia dictado a las 2:00 de la madrugada, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, definió la decisión como “histórica”.

“En este caso el tribunal ha condenado a 29 personas, evidentemente esta es una sentencia ejemplar y una victoria del Ministerio Público”, dijo Camacho.

“La que ha dado el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional es una decisión histórica que ha condenado entre 10, 15 y 20 años a la plana mayor de esta estructura criminal”, dijo.

“Y esta sentencia es un reconocimiento al trabajo del Ministerio Público y a la fortaleza de la investigación”, añadió.

“Nosotros esperamos que, en la medida en que nosotros sigamos presentando las pruebas como lo hemos hecho hasta ahora, los tribunales sigan enviando señales de esta naturaleza que nos permitan seguir empujando la frontera de la impunidad”, enfatizó Camacho.

El Director General de Persecución representó al Ministerio Público en la audiencia junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y los fiscales Jonathan Elías Pérez, Arolin Lemos, Miguel Collado, Enmanuel Ramírez y Melbin Romero.

El fallo fue emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Giselle Méndez (presidenta), Tania Yunes y Jissel Naranjo.

Durante el proceso judicial fueron enjuiciados 36 imputados, incluyendo 26 personas físicas y 10 jurídicas. El juicio inició el 27 de junio de 2024.

Los demás condenados

La sentencia, que será leída de manera íntegra el próximo 14 de agosto, a partir de las 2:00 de la tarde, impone penas de 10 años de prisión a la empleada bancaria Esmeralda Ortega Polanco y al mayor policial José Manuel Rosario Pirón, quienes también deberán pagar multas de 400 y 200 salarios mínimos del sector público.

También, fueron impuestos 10 años de prisión y el pago de una multa de 300 salarios mínimos del sector público al teniente coronel Kelman Santana Martínez.

De igual manera, fueron condenados a 10 años y al pago de 200 salarios mínimos el general del Ejército Boanerges Reyes Batista, el capitán de la Armada Franklín Antonio Mata Flores, la primer teniente policial Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, el primer teniente de la Fuerza Aérea Erasmo Roger Pérez Núñez.

A cinco años de prisión fueron condenados el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez y Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara.

Igualmente, Alejandro José Montero Cruz fue condenado a 5 años de prisión y al pago de una multa de 50 salarios mínimos del sector público.

Por igual, fue condenado a 3 años de prisión Pedro Roberto Castillo Nolasco.

Asimismo, fue condenada a 5 años de prisión y al pago de multas de 100 salarios mínimos Lucía de los Santos Viola, Onoris Beatriz Soto de los Santos y ⁠Epifanio Peña Lebrón.

En tanto que a 5 años de prisión y al pago de multas de 50 salarios mínimos ⁠Manuel de Jesús Alba Solano y a ⁠Élida María Trinidad Santiago.

También, fue sentenciado por mayoría de votos a 3 años de prisión y al pago de una multa de 500 mil pesos⁠ ⁠Carlos Augusto Lantigua Cruz (mayoría de votos). Además, fue condenado a 3 años de prisión y al pago de 100 salarios mínimos ⁠Raymel Pastor del Rosario Viola.

Igualmente, el tribunal ordenó la disolución y el pago multas de 200 salarios mínimos para las empresas CSNA Universo Empresarial, S.R.L.; ⁠Randa Internacional Company, E.I.R.L., ⁠Aldom Glass Alumimium, S.R.L.; Rawel Importadores S.R.L.;⁠ ⁠R & F Agroindustrial, S.R.L., y Hacienda Kelman, S.R.L..

Igualmente, el tribunal ordenó la disolución y el pago multas de 200 salarios mínimos para las empresas CSNA Universo Empresarial, S.R.L.; ⁠Randa Internacional Company, E.I.R.L., ⁠Aldom Glass Alumimium, S.R.L.; Rawel Importadores S.R.L.;⁠ ⁠R & F Agroindustrial, S.R.L., y Hacienda Kelman, S.R.L..

El tribunal colegiado emitió un fallo absolutorio, aunque con varios votos disidentes, para los procesados ⁠Miguel Alfredo Ventura Pichardo, ⁠Santiago Suárez, ⁠Enmanuel Antonio Alba Trinidad, ⁠Guillermo de Jesús Torres Robiou, ⁠Tanner Antonio Flete Guzmán y ⁠Erick Daniel Pereira Núñez, así como para la ⁠Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo.

El tribunal rechazó la solicitud de las defensas de 26 imputados que pidieron a las juezas que declararan la extinción de la acción penal del proceso por corrupción administrativa que afectó a varias entidades del Estado.

La jueza Giselle Méndez resaltó que el proceso transcurrió sin dilación.

El tribunal determinó que con el dinero sustraído de las nóminas los miembros del entramado adquirieron bienes. Este tribunal al tenor de lo anteriormente señalado entiende que existen elementos de pruebas suficientes para determinar la participación de los imputados Adán Benoni Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou, Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, José Manuel Rosario Pirón, Pedro Castillo Nolasco y Esmeralda Ortega Polanco en el esquema de sustracción de fondos de la nómina de los cuerpos especializados de Seguridad Turística (Cestur) y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), comprometiendo su responsabilidad penal.

El tribunal indicó que en cuanto al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia la acusación sostiene que se intentó trasladar a esa institución parte de la estructura que venía operando en el Cestur y en el Cusep. Indicó que a partir de las pruebas aportadas eso ocurrió.

El mayor general del Ejército de República Dominicana (ERD) Adán Cáceres Silvestre se desempeñó como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep); el general de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) Julio Camilo de los Santos Viola, exsubdirector subjefe de esa institución; y el general Juan Carlos Torres Robiou, extitular del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur).

La audiencia inició pocos minutos después de las 3:00 de la tarde del lunes y concluyó faltando minutos para las 3:00 de la madrugada de este martes, 16 de junio de 2026.

El Ministerio Público acusó al grupo de generales por encabezar la red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). La acusación incluye entre las entidades afectadas al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).