DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- En un llamado enfático a favor de la institucionalidad, la transparencia y la eficiencia en la administración de justicia, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) pidió al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que asuma de manera inmediata la unificación, en un solo escrutinio, del proceso de evaluación de los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia que han cumplido su período de siete años, junto con la eventual selección de nuevos integrantes de ese alto tribunal.
La posición fue expresada por Trajano Potentini, quien sostuvo que la fórmula más adecuada, más práctica y más coherente con la tradición institucional del país es que ambos procesos se desarrollen de manera conjunta, evitando así retrasos innecesarios, duplicidad de esfuerzos y mayores tensiones dentro del sistema judicial.
Potentini explicó que lo que propone el gremio no es una innovación improvisada, sino un retorno a lo que históricamente había sido la práctica: realizar en un solo procedimiento tanto la evaluación de desempeño de los magistrados salientes como el examen y eventual escogencia de quienes podrían ocupar vacantes en la Suprema Corte de Justicia. A su juicio, esta vía permitiría ofrecer mayor certidumbre al país en un momento en que la ciudadanía espera señales claras de fortalecimiento institucional. “, planteó, al destacar que, una vez se producen o se prevén posibles vacantes, lo más razonable es que el Consejo actúe con visión integral y no fragmentada.
Un reclamo por la institucionalidad
Durante sus declaraciones, Potentini recordó que el Colegio de Abogados ha mantenido una postura firme y reiterativa en torno a este tema, al punto de haber impulsado un amparo de cumplimiento con el objetivo de restablecer la institucionalidad que, según afirmó, se ha visto afectada por prácticas de dilación que no son exclusivas de una sola administración. En ese sentido, señaló que la falta de previsión y la tardanza en estos procesos no deben verse como un problema particular del gobierno de turno, sino como una cultura política arrastrada durante años por distintos actores del sistema institucional dominicano.
“Dos traumas por separado”
Uno de los puntos centrales de la posición del Colegio de Abogados es que separar la evaluación de los jueces actuales del proceso de selección de nuevos magistrados generaría, en palabras de Potentini, “dos traumas por separado”. Con esta expresión, el jurista quiso reflejar que el país se vería sometido a dos discusiones, dos cronogramas, dos tensiones institucionales y dos escenarios de debate político y jurídico que bien podrían integrarse en un solo momento, con mayor armonía y mejores resultados.
Desde la óptica del CARD, dividir el proceso no solo alargaría el tiempo de decisión, sino que también restaría eficiencia al Consejo Nacional de la Magistratura y afectaría incluso la economía procesal, un concepto que los abogados emplean para referirse a la necesidad de que las actuaciones jurídicas y administrativas se desarrollen con racionalidad, evitando duplicidades y desgaste innecesario.
El debate sobre la capacidad técnica del CNM
Otro de los aspectos más sensibles abordados por Potentini fue la naturaleza del propio Consejo Nacional de la Magistratura. Según explicó, no se le puede exigir al CNM una función estrictamente técnica en materia de evaluación del desempeño judicial, porque constitucionalmente no está concebido como un órgano técnico, sino como un órgano de composición esencialmente política e institucional.
Desde esa perspectiva, consideró impropio trasladarlo al Consejo una carga que implique valorar en profundidad el rendimiento jurisdiccional de los jueces como si se tratara de un ente especializado en medición técnica del desempeño judicial.
Potentini aclaró, sin embargo, que ese razonamiento no aplica de la misma manera al presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuya función incluye una dimensión administrativa y de rendición de cuentas más visible y susceptible de ser valorada a partir de su ejecutoria pública. En ese aspecto, reconoció que el actual presidente del alto tribunal ha presentado sus rendiciones de cuentas y ha desarrollado una gestión que, a su juicio, ha tenido aspectos positivos. No obstante, recalcó que el tema de fondo no es personalizar el debate ni centrarlo en nombres concretos, sino insistir en la necesidad de que el país adopte una fórmula más funcional, menos política y más apegada al interés institucional.
Igualdad de condiciones y respeto al marco constitucional
El dirigente gremial defendió también la idea de que, una vez los jueces cumplen su período constitucional, todos parten de un mismo punto para fines del nuevo proceso. En ese contexto, entiende que no hay razón para someter por separado a quienes ya agotaron su mandato y a quienes aspiran por primera vez a integrar la Suprema Corte.
Según dijo, aunque los jueces salientes tienen a su favor el conocimiento previo de su trayectoria, su idoneidad y su experiencia, eso no impide que puedan concurrir dentro de un proceso unificado en condiciones de igualdad, bajo reglas claras y conocidas por todos.
A su entender, los artículos 179, 180 y 181 de la Constitución dominicana no obligan a que la evaluación y la selección se hagan en momentos distintos. Por el contrario, sostuvo que el texto constitucional permite estructurar un procedimiento conjunto, como se había hecho tradicionalmente, y que esa opción sería la más prudente en las actuales circunstancias.
El planteamiento del Colegio de Abogados busca, en definitiva, evitar que el proceso se convierta en una secuencia de etapas innecesariamente largas, sujetas a presiones, debates fragmentados o interpretaciones que compliquen una decisión que debe tomarse con sentido de Estado.
Más allá del debate jurídico, las declaraciones de Potentini transmiten un mensaje político e institucional de urgencia: el país no debe seguir postergando decisiones fundamentales para la estabilidad del sistema judicial.
La petición del Colegio de Abogados se presenta, así, como una exhortación a que el Consejo Nacional de la Magistratura actúe sin más demora, corrija la dispersión del proceso y asuma una metodología que reduzca tensiones, ahorre tiempo y fortalezca la credibilidad del sistema.
Para el gremio, lo que está en juego no es solo el relevo o la ratificación de jueces, sino la señal que reciben la ciudadanía, la comunidad jurídica y las propias instituciones sobre la capacidad del Estado dominicano para conducir con orden, legalidad y transparencia una etapa crucial para la Suprema Corte de Justicia.
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