DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- La defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz expresó hoy su desacuerdo con la decisión de enviarlo a juicio de fondo, al considerar que la permanencia de la acusación responde más a una narrativa construida durante años que a las pruebas incorporadas al expediente durante casi seis años de investigación y proceso judicial.
Los abogados señalaron que uno de los principales pilares de la acusación ha sido la alegación de un supuesto fraude relacionado con RD$ 21 mil millones. Sin embargo, recordaron que durante la fase preliminar fueron incorporadas certificaciones oficiales que establecen que esos recursos nunca salieron del patrimonio estatal.
Según la defensa, el Banco de Reservas certificó que los RD$21 mil millones fueron recibidos y aplicados al programa de pago a contratistas del Estado, conforme consta en su Informe Anual 2020. Asimismo, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la actual administración certificó, mediante el ERIR 2020, que dichos recursos permanecieron dentro del patrimonio estatal y que la operación produjo una reducción de deuda en beneficio del Estado dominicano.
La legalidad de las expropiaciones
La defensa sostuvo además que las pruebas debatidas durante la audiencia preliminar demostraron que los pagos realizados por concepto de expropiaciones se efectuaron dentro del marco legal, respaldados por sentencias judiciales y tasaciones debidamente autorizadas.
En ese sentido, destacó que la propia jueza ordenó el pago del 20% restante de varias expropiaciones, reconociendo la existencia legítima de esas obligaciones, la validez de los montos acordados y los derechos de los reclamantes. “Resulta incompatible sostener simultáneamente la legitimidad de esos pagos y la tesis de que constituyeron un fraude contra el Estado”, señalaron los abogados.
Otro de los elementos que el equipo legal del exministro considera incompatible con la decisión adoptada es el resultado del peritaje financiero y patrimonial ordenado por el propio tribunal. Dicho informe concluyó que el patrimonio de Donald Guerrero proviene de actividades comerciales transparentes desarrolladas durante décadas en República Dominicana y Puerto Rico, sin identificar operaciones sospechosas de lavado de activos ni indicios de enriquecimiento ilícito.
Asimismo, estableció que no existió desvío de fondos públicos hacia el patrimonio personal del exministro. “Después de años de investigación, miles de páginas de expediente y casi seis años de proceso, el Ministerio Público no ha presentado una sola prueba que demuestre que Donald Guerrero recibió un soborno, una comisión ilegal o cualquier beneficio económico indebido”, afirmaron.
Casi seis años de proceso sin actuaciones dilatorias de la defensa
La defensa también cuestionó el rechazo de la solicitud de extinción de la acción penal, al señalar que la decisión no atribuye a Donald Guerrero ni a sus abogados una sola actuación dilatoria durante casi seis años de proceso.
A juicio de la defensa, habiéndose demostrado que los RD$ 21 mil millones permanecieron en el Estado, que los pagos de las expropiaciones fueron legales y que no existe una sola prueba de sobornos, comisiones ilegales o enriquecimiento ilícito, la acusación se mantiene por la fuerza de una narrativa construida durante años y no por la evidencia contenida en el expediente.
“Las acusaciones pueden sobrevivir durante años más por obstinación que por méritos jurídicos. Pero ninguna acusación puede prevalecer indefinidamente sobre la verdad de los hechos y las pruebas”, afirmaron. Por ello, reiteraron su convicción de que la inocencia de Donald Guerrero Ortiz será finalmente reconocida mediante una sentencia absolutoria.
.jpg)
