DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- Como parte de su estrategia de fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional de la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público firmó un acuerdo con la Fiscalía Nacional de Chile para la creación de un equipo conjunto de investigación contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el lavado de activos y otros delitos del crimen organizado.
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso y el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez resaltaron la importancia de fortalecer las vías de cooperación internacional para enfrentar delitos que traspasan las fronteras.
Se trata de la primera vez que República Dominicana firma un convenio para la creación de equipo conjunto de investigación bajo el amparo de la Convención de Palermo (Italia) contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el año 2000.
El convenio cuenta, además, con la firma de la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y del titular de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte de Chile, Francisco Jacir Manterola, quien estuvo en el país hace unos días encabezando una misión de trabajo.
En el acto, celebrado en el Despacho de la Procuradora General, estuvo presente Rubén Silié, viceministro de Política Exterior Multilateral, e Iván Favereau, embajador de Chile en Santo Domingo.
“Constituye un altísimo honor recibir la visita de la delegación chilena y formalizar este acuerdo de cooperación”, resaltó la procuradora general, tras señalar que el país enfoca la lucha contra la trata y tráfico de personas como un objetivo estratégico de primer nivel dentro de su política de persecución del crimen organizado transnacional.
Reynoso precisó que el Ministerio Público enfrenta este fenómeno mediante un esfuerzo interinstitucional en el que participan el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración, la Dirección Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Defensa y otras entidades del Estado.
Informó que, incluso antes de la firma del convenio, los equipos de fiscales de Chile y República Dominicana ya venían desarrollando trabajos coordinados bajo el marco de la Convención de Palermo (de la que ambos países son signatarios), fortaleciendo la cooperación internacional en materia de investigación.
Recordó que la trata de personas se considera como “la esclavitud moderna” y una de las manifestaciones más graves de vulneración de la dignidad humana.
Explicó que las investigaciones sobre trata de personas se desarrollan de manera paralela con investigaciones por lavado de activos, debido a que las organizaciones criminales que la promueven tienen como finalidad la obtención de beneficios económicos ilícitos que luego tratan e inyectar a los mercados formales.
Enfatizó, sin embargo, que el trabajo conjunto, además de buscar la obtención de condenas en los tribunales, se enfoca sobre todo en proteger los derechos fundamentales de las víctimas de redes de trata.
Recordó que del trabajo de los equipos de investigación depende la vida y la calidad de vida de muchas personas, razón por la cual la cooperación internacional resulta indispensable para enfrentar este tipo de criminalidad.
Yeni Berenice Reynoso sostuvo que, además de un valor agregado, el éxito de los equipos conjuntos de investigación constituye un objetivo estratégico para salvar vidas, proteger la dignidad humana y combatir eficazmente las redes criminales transnacionales.
La visión de Chile
De su lado, el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, sostuvo que el convenio representa una herramienta concreta de trabajo entre los ministerios públicos de Chile y República Dominicana.
Valencia Vásquez resaltó que el acuerdo permitirá conformar equipos conjuntos de investigación integrados por fiscales y policías de ambos países para enfrentar delitos del crimen organizado transnacional.
Recordó que la trata de personas y el tráfico de migrantes son, “un flagelo que impacta directamente a ambas naciones y que requiere respuestas coordinadas”. Valoró el hecho de que los fiscales de su país y República Dominicana puedan compartir experiencias sobre cómo cada país enfrenta estas organizaciones criminales, conocer las estrategias que han resultado efectivas y trabajar conjuntamente para fortalecer las investigaciones y persecuciones penales.
“Estas acciones buscan ofrecer mayores niveles de seguridad a la ciudadanía y permitir que las personas puedan sentirse más tranquilas al saber que ambos países trabajan de manera coordinada frente a estas amenazas”, dijo Valencia Vásquez.
Entre los presentes en el acto de firma del convenio figuran los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Osvaldo Bonilla, titulares de las direcciones de Persecución y de Cooperación Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humanos del Ministerio Público. Asimismo, Luis Soto y el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, respectivos directores nacionales de Inteligencia y de Migración.
Asimismo, Tania Gajardo, abogada del Ministerio Público de Chile; Alejandro Pérez, subjefe de misión de la embajada de esa nación, y Sebastian López, cónsul en República Dominicana.
Además, la procuradora de corte Danissa Cruz, titular del Departamento de Derechos Humanos y la Unidad de Repatriados del Ministerio Público.
Cooperación bilateral
El convenio, que tendrá un año de vigencia, surge de la necesidad de fortalecer las herramientas de cooperación jurídica internacional para enfrentar la criminalidad compleja, especialmente la delincuencia organizada transnacional, la trata y tráfico de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el lavado de activos, los delitos económicos y la corrupción.
Como parte de las labores las autoridades coordinarán actuaciones a fin de investigar los hechos constitutivos de delitos de tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos, con el objeto de determinar sus responsables, perseguirlos judicialmente y afectar el patrimonio que pueda ser vinculado a esta actividad. También, constituye otro objetivo fundamental la protección y salvaguarda de la vida e integridad física de las y los migrantes víctimas, objeto del tráfico.
Por igual, el adelantamiento de tareas investigativas que permitan intercambiar información sobre los avances de procesos penales iniciados en las respectivas jurisdicciones de las partes, así como recabar evidencia física y elementos materiales probatorios que coadyuven en el desarrollo de estos procesos.
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