DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El Senado conformó una Comisión Especial para el análisis y estudio del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional. 

Esta comisión será presidida por el senador Franklin Romero e integrada por los senadores Pedro Catrain Bonilla, Aracelis Villanueva, Cristóbal Venerado Castillo, Rafael Barón Duluc, Omar Fernández, Santiago José Zorrilla, Moisés Ayala, Ramón Rogelio Genao, Carlos Gómez y Félix Bautista.

La pieza deroga en su totalidad la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, así como el Decreto 20-22 del 14 de enero de 2022, que aprueba su reglamento de aplicación, y cualquier otra disposición legal o reglamentaria que le sea contraria.

Deroga también los artículos 21 y 22 de la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, del 24 de febrero de 2017. 

El proyecto que será estudiado por una comisión especial establece tres categorías dentro de la carrera policial: Directiva, Intermedia y Agente Patrullero; incorpora nuevos protocolos de patrullaje y fortalece la formación de los policías, haciendo especial énfasis en el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

La ley viene a transformar la institución del orden y la coloca acorde a los nuevos tiempos, según explicaron los miembros de la Comisión para la Reforma Policial, al momento de entregar la pieza. 

Otra de las propuestas que contempla es la mejora de la supervisión, ya que es una reforma enfocada en el patrullaje. 

Este anteproyecto fue trabajado en coordinación con varias instituciones e incluyó un recorrido por todo el país, escuchando a los empresarios, religiosos, y miembros de la institución. 

OTRAS APROBACIONES

El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 38 la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional y crea la Policía Especializada en búsqueda y rescate de Personas Desaparecidas y Secuestradas, iniciativa autoría de la senadora Aracelis Villanueva.

Esta pieza establece que la Dirección Central de Investigación tiene la atribución de investigar crímenes y delitos, bajo la dirección legal del Ministerio Público, e identificar responsables para el ejercicio de la acción penal.

En primera lectura el Pleno aprobó el proyecto de ley de Amnistía para el registro de armas de fuego irregulares o su entrega voluntaria, propuesta del senador Franklin Romero.

Además, fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de “Bienvenido Antonio Lázala Fabián (Ñéñé)” el auditorio del Centro Regional Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ubicado en la provincia Sánchez Ramírez, iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

Los senadores aprobaron en segunda lectura la ley que designa con el nombre de “Profesor Elpidio Encarnación” la pista de atletismo ubicada en el complejo deportivo de la provincia de la Romana, propuesta del senador Eduard Alexis Espiritusanto. Además, la ley que designa con el nombre de Federico Guillermo Juliao González, el palacio de justicia del distrito judicial de Montecristi, presentada por Bernardo Alemán.

En única lectura, los senadores aprobaron la resolución que solicita a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful la instalación de un cuartel policial en la sección Loma larga, distrito municipal San Francisco Vicentillo, municipio El Seibo, provincia El Seibo, a solicitud de Santiago José Zorrilla. 

También, la que reconoce a César Rafael Gerónimo Zorrilla (Cesarín Gerónimo), por su trayectoria como beisbolista en las Grandes Ligas de los Estados Unidos y en el Béisbol Profesional Dominicano, propuesta de los senadores Santiago José Zorrilla y Alexis Victoria Yeb.

Ademas, fue conocida la resolución que reconoce a Vitelio Mejía Ortiz por sus aportes en favor del béisbol profesional de la República Dominicana, propuesta del senador Gustavo Lara.

En la sesión ordinaria de este martes fue conocida la resolución que solicita al presidente Luis Abinader, que disponga realizar los estudios para la reconstrucción de la carretera que comunica las secciones de Santa Cruz, la Horca y los Amaceyes, del municipio de las Matas de Santa Cruz, en la provincia Montecristi, con la provincia de Dajabón, propuesta del senador Bernardo Alemán Rodríguez.

De la misma forma, fue aprobada la resolución que reconoce a Milcíades Arturo “Junior” Noboa Díaz por su destacada trayectoria y aportes al béisbol dominicano e internacional, propuesta de los senadores Gustavo Lara,  Lía Ynocencia Díaz de Díaz y María Mercedes Ortiz; así como la resolución que solicita a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful Soriano, disponer la instalación de un destacamento policial en el paraje de los Hatillos, distrito municipal de Guayabo Dulce, municipio de Hato Mayor, provincia Hato Mayor, propuesta del senador Cristóbal Venerado.

En única lectura se aprobó, además, la resolución que solicita al presidente Luis Abinader, que disponga la construcción e implementación de almacenes en las cinco regiones estratégicas del territorio nacional, para garantizar una respuesta oportuna y eficiente ante eventuales contingencias o desastres, iniciativa del senador Daniel Rivera.

Además, la resolución que reconoce a Emelda Ramos por su destacada trayectoria literaria y educativa, y sus valiosos aportes a la promoción de la cultura, la literatura dominicana y la investigación histórica.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- Los profesionales del Derecho dominicanos Ángel Brito, Ramón Núñez, de República Dominicana, y  Daniel R. Alonzo, de Estados Unidos, valoraron la importancia de los acuerdos judiciales en los procesos penales, al participar en un panel de expertos moderado por el procurador adjunto Wilson Camacho durante el desarrollo del primer congreso “Lucha contra la corrupción: desafíos y oportunidades en RD y la región” realizado por el Ministerio Público.

Ángel Brito Pujols, director de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), resaltó la importancia de los acuerdos entre las partes como un mecanismo de agilización de los procesos judiciales, tanto en los casos simples como complejos.

Brito Pujols destacó “que en un país con una alta cultura de litigiosidad y de alto deseo de estudiar derecho, porque ya tenemos más de 80,000 abogados en solo 48,000 kilómetros cuadrados, se puede dar cuenta de que nos embarca una cultura de litigiosidad importante y que ha impregnado en el tiempo de todo el quehacer judicial”.

“Eso ha implicado que, al momento de poder procesar un caso complejo, como el caso de la corrupción y el crimen organizado, se genera, sobre todo aquí en el Distrito Nacional, que es la jurisdicción que generalmente resulta apoderada, un entaponamiento”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que son procesos donde hay cientos de pruebas, hay cientos de testimonios, hay cientos de personas que intervienen y que genera una lógica distinta a lo normal.

Señaló que en la República Dominicana de cada tres casos que entran, el radio normal es que terminen convirtiéndose en 20 cada año. “Y esa cifra implica que nosotros tenemos por cada 30,000 casos, que es el promedio anual, un poco más de 30,000 casos, 200, más de 200,000 soluciones que deben ser dadas por nuestros tribunales.

El director de la ENJ dijo que la aspiración que se debería tener en la República Dominicana como sistema acusatorio es que la mayor parte, ojalá el 80% o el 90% de los casos terminen en un acuerdo porque estructuralmente en la República Dominicana no se dan soluciones tempranas. “Nos mantenemos en un juego de ping pong, es decir, tenemos que vivir revisión tras revisión, revisión tras revisión de medidas, pero, además de que vivimos revisando las medidas, también hasta hace poco vivíamos ordenando nuevos juicios”, refirió.

Expresó que todo eso genera la imposibilidad de procesar los casos que llegan a la jurisdicción penal y de hacer posible, hacer viable ese ideal de la materialización de la justicia.

En ese mismo orden, el abogado y consultor experto Ramón Núñez, también destacó la relevancia de contar con herramientas que permitan dar soluciones eficaces a lo que ingresa al sistema.

“Esto se ve más necesario en el ámbito de la criminalidad organizada. La criminalidad organizada es de por sí compleja, plantea mayores retos que lo que plantean los casos ordinarios”, dijo.

Además, agregó “cuando los recursos son escasos y hay una gran cantidad de hechos que se presentan, que tocan la puerta del Ministerio Público, lo que se impone es la racionalización, el uso de los recursos en materia de crimen organizado.

Núñez indicó que, en el Código Procesal Penal del 2002, el de la reforma del 15 o ahora el del 2025 se encuentra el juicio como centro del proceso, pero que se van a encontrar una serie de herramientas que indican que el legislador ha tomado en cuenta a la hora de diseñar su política criminal, que el Ministerio Público cuente con soluciones que no se agotan exclusivamente en el juicio.

“Entonces, por eso vamos a tener la conciliación, por eso vamos a tener en otros casos la suspensión del proceso a prueba, suspensión condicional del procedimiento”, manifestó.

De su lado, Daniel Alonzo, profesor de Derecho en Cornell Law School, exfiscal federal de los Estados Unidos especializado en corrupción, destacó que un ningún sistema penal eficaz y mucho menos un sistema de control de corrupción puede funcionar si el 95% de los casos terminan en juicios orales. “Es un desperdicio de recursos y es un sistema que no va a terminar con certeza ni eficacia”, dijo.

Alonzo destacó que con los acuerdos se pueden desarticular redes completas, “que es la meta de ustedes; lo más importante en el compromiso de cualquier sistema de  anticorrupción  o de delincuencia organizada es desenredar una organización entera, una asociación ilícita entera y tratar lo más posible de imputar y lograr condenar a todos los delincuentes”.

El evento, que se desarrolló en el hotel Catalonia, contó con el auspicio de la embajada de Estados Unidos y la  cooperación de Alemania y España.

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, tuvo a cargo las palabras de apertura de la actividad que incluyó tres paneles sobre transparencia y rendición de cuentas, políticas de negociación en el marco de los procesos relacionados con la criminalidad organizada y sobre los principales obstáculos en el combate a la corrupción.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, consideró que ha llegado el momento de colocar la salud mental como una prioridad nacional, ante el creciente impacto de los trastornos mentales en la población dominicana.

El legislador señaló que el Congreso Nacional se encuentra actualmente inmerso en el estudio del Proyecto de Presupuesto General del Estado para el año 2026, así como en la modificación de la Ley de Seguridad Social, lo que, a su juicio, representa una oportunidad idónea para fortalecer las partidas destinadas al sector salud, especialmente en el componente de salud mental.

Raposo sostuvo que es necesario aumentar el presupuesto destinado a esta área y ampliar las coberturas para las personas que padecen enfermedades mentales, a fin de garantizar una atención oportuna y de calidad.

Durante un turno ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el congresista citó datos de especialistas que indican que más del 20 % de los dominicanos sufre algún tipo de padecimiento mental. Asimismo, afirmó que unas 300,000 personas padecen de esquizofrenia, de las cuales alrededor de 150,000 no reciben tratamiento médico, siendo la mayoría jóvenes entre los 18 y 29 años de edad.

El diputado también reveló que durante el año 2024 se registraron 651 suicidios en el país, lo que equivale a un promedio de 54 casos mensuales, y que el 59.5 % de estos estuvieron relacionados con trastornos mentales.

Raposo lamentó que, a pesar de la gravedad de estas cifras, la República Dominicana figure entre los países de América Latina que menos recursos asignan a la salud mental dentro de su presupuesto nacional.

Finalmente, el legislador del PRD afirmó que es urgente que el Ministerio de Salud Pública implemente políticas públicas claras, orientadas a la prevención, la ampliación de las coberturas y la garantía de los derechos de las personas que padecen trastornos mentales, lo cual, aseguró, solo será posible mediante una mayor inversión estatal y un marco legal fortalecido que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, la Directora General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, señaló que la lucha contra la corrupción es un desafío cultural y económico que requiere la participación de instituciones, ciudadanía y liderazgo político de todos los partidos.

Destacó la importancia de ir a la acción concreta y articulada en lo referido a los hechos recientes vinculados al caso SENASA.

Explicó que el país avanza hacia un modelo articulado de integridad pública, a través del trabajo que realiza la DIGEIG junto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la construcción de una Estrategia Nacional de Integridad del Gobierno Dominicano.

Resaltó un avance clave, y es que el 93.5% de las instituciones públicas cumplen hoy con la publicidad de la información pública de acuerdo con los estándares de transparencia, frente a un 40 % al inicio de su gestión del 2020, destacando que actualmente 211 instituciones alcanzan un promedio entre 90 y 100 puntos.

Además, destacó la importancia otorgada por las Naciones Unidas, al elegir a la República Dominicana como plan piloto por el uso de los datos como instrumento de prevención de la corrupción.

Entre las herramientas que permiten mejorar la supervisión Estatal, mencionó el Sistema Información de la Gestión Financiera (SIGEF) plataforma que facilita el monitoreo del comportamiento presupuestario y la disponibilidad de fondos para nombramientos. También expresó que la falta de una Cámara de Cuentas funcional en años anteriores haya limitado avances importantes en materia de fiscalización.

Sostuvo que los organismos como la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas son los encargados de las auditorías internas y externas de los recursos públicos. 

Ortiz Bosch subrayó además la urgencia de modernizar el marco jurídico de la DIGEIG, mediante la actualización de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, así como la elaboración de una Ley de Protección de Datos Personales, Protección al Informante, el Testigo y la Víctima y una Ley de Conflicto de Interés, necesarias para garantizar decisiones públicas alineadas con los intereses del Estado.

Expresó satisfacción por los avances logrados desde la DIGEIG y reiteró su compromiso de seguir impulsando políticas y prácticas que fortalezcan la transparencia y la integridad en la República Dominicana.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.-  Este martes 9 de diciembre 2025 continúa el congreso NUCLEART 2025 República Dominicana, celebrándose del 8 al 12 de diciembre de 2025 en el país, coincidiendo con la Jornada de Patrimonio Nacional. Es el primer congreso internacional sobre tecnología nuclear aplicada al patrimonio cultural donde el país se proyecta como hub del Caribe en ciencia del patrimonio con tecnologías nucleares.  El programa de actos de su segundo día, incluyó al Centro Cultural INDOTEL de la Ciudad Colonial.

Objetivos del Congreso

El desarrollo de un Laboratorio Nacional de Ciencia del Patrimonio Cultural (LNCP-UASD) para la investigación en museos, archivos, sitios arqueológicos, colecciones públicas y privadas reuniendo a lo mas granado de los conservadores, científicos, arquitectos y gestores culturales. Para ello la actividad reunió a selectos especialistas nacionales e internacionales para compartir experiencias,  estudios  y capacidades científicas

Participación Especial

Dentro de los invitados especiales estuvo el destacado arquitecto y asesor cultural Sergio Cross, coordinador general de la Comisión de Restauración y Conservación del Palacio Nacional & de su entorno urbano, quien apoyó la jornada y dialogó sobre el uso y aplicación de nuevas tecnologías para el soporte científico y metodológico  del ejercicio práctico de la arquitectura. Y agregó específicamente sobre la importancia de estas tecnologías aplicadas en las labores de conservación y restauración de edificaciones y monumentos de valor histórico, así como muebles, obras de arte como pinturas y esculturas. También incluyó la importancia en numismática y autentificaciones. Esta última por ser miembro de la Sociedad Numismática Dominicana (SND). Todo gracias a los estudios y tecnologías canalizados por las relaciones internacionales y alcanzando ejes formativos.  “En restauración, el estudio previo de composición de materiales es indispensable y protocolario… porque no precisamente en la ciudad primada de américa en cumplimiento con los estándares internacionales establecidos por los organismos de protección.” Afirmó Cross.

Sergio Cross también miembro del Comité Directivo de la Alianza Estratégica  para la defensa del patrimonio cultural: SARD + DOCOMOMO + ADHA, alianza conformada por la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana (SARD), Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement (DOCOMOMO) para República Dominicana y la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte (ADHA) plasmó su visión con la gestión del patrimonio.

Exposición de Cross

Cross tocó ocho puntos focales en el congreso internacional NUCLEART 2025. Primero explorar en la conservación y restauración para llevar registros, investigación material y selección de técnicas de eventuales restauraciones sean de artes plásticas o arquitectónicas. Segundo la validación científica de la narrativa histórica de las artes y la arquitectura. Otros puntos fueron: reconocer la autenticidad de los actores en la historia de la arquitectura y del arte. La verificación y autenticidad, así como los grados en piezas numismáticas; la seguridad y autentificación con obras dice es fundamentl. La formación durante la ejecución de proyectos así como la relevancia del periodismo en el antes, durante y después de proyectos de desarrollo cultural es normativo - afirmó.

Revelaciones históricas de Sergio Cross 

Recientemente Cross, arquitecto, urbanista e historiador ha venido aportando con divulgaciones históricas para la historia de la construcción además de revelaciones biográficas donde entre sus más recientes se encuentra  la reveladora biografía de Francisco Dorado Martín, el pionero de la fundición metaloplástica en el país. Aprovechó la ocasión para tomar el caso de estudio del ebanista español Pascual Palacios. Refirió que estos y otros aportes servirían de casos de estudio para aplicar en ebanistería y esculturas, las tecnologías nucleares así como en restauración de estas.

En NUCLEART 2025, Cross dijo: “es un importante paso en el camino hacia una nueva visión en el ámbito práctico, académico y en la tecnificación y especialización de las políticas de gestión sobre Conservación y Restauración en la arquitectura y las artes plásticas para la República Dominicana y el Caribe, con el meritorio Ruahidy Lombert coordinador del proceso después de años de esfuerzos que me constan”.

Coordinación & Presencia de una Delegación Internacional 

Tras la felicitación al conservador Ruahidy Lombert por las gestiones y coordinaciones del congreso y otras instituciones así como a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) donde el proyecto DOM1006 del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) participa, se explicó que la iniciativa transformará la investigación arqueológica e histórica en la región, con tecnología de fluorescencia de rayos X y espectroscopía avanzada instalada en la UASD se convertirá próximamente en la sede del primer Laboratorio Nacional de Ciencia del Patrimonio Cultural con técnicas nucleares del Caribe. Esta infraestructura científica permitirá descifrar los secretos materiales de objetos arqueológicos, obras de arte e instrumentos históricos sin dañarlos, posicionando al país como un referente tecnológico en la región. 

Entre los ponentes destacan también: Facundo Deluchi y la Dra. Aliz Simon, del Laboratorio de Aplicaciones Nucleares del OIEA en Viena; la Dra. Ana Carolina Delgado Vieira, del Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares de Brasil; la Dra. Annette S. Ortiz Miranda, conservadora científica del Walters Art Museum de Baltimore; y Alejandro Mitrani Viggiano, del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural de la UNAM. En la Delegación Dominicana Nucleart 2025 agrupó a investigadores como: Virginia Flores Sasso, Juan Isidro Tineo, Dachelis Báez y Simona Capelli.

Project DOM1006 

El proyecto, identificado con la clave DOM1006, representa la materialización de un acuerdo entre el Gobierno dominicano y el Organismo Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena. La iniciativa coloca al país en un selecto grupo de naciones latinoamericanas que emplean radiación electromagnética y técnicas espectroscópicas para estudiar su patrimonio cultural con rigor científico comparable al de los grandes museos europeos y estadounidenses. 

El Ministerio de Energía y Minas ha fungido como bisagra institucional del proyecto. En su calidad de Oficina Nacional de Enlace ante el OIEA, el MEM articuló la cooperación técnica internacional y estableció el marco normativo que garantizará la sostenibilidad del laboratorio. La coordinación operativa recae en Ruahidy Lombert, contraparte nacional designada para supervisar la transferencia tecnológica expresa:“Este proyecto transformará la manera en que el país estudiará y protegerá su patrimonio cultural. La instalación del nuevo laboratorio posicionará a la República Dominicana como referente regional.”

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.-La procuradora general Yeni Berenice Reynoso reconoció la noche de este lunes el esfuerzo que realiza la sociedad civil para que República Dominicana pueda exhibir el impulso que tiene en estos momentos en su lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad.

Al pronunciar el discurso central del acto inaugural del primer congreso “Lucha contra la corrupción: desafíos y oportunidades en RD y la región”, Reynoso resaltó el impulso que imprimen los distintos actores de la sociedad civil al mantener su reclamo de transparencia y de cero impunidad.

También, valoró el rol de los países y organizaciones internacionales que cooperan con las iniciativas enfocadas en erradicar el flagelo de la corrupción, el de  los jueces que asumen su responsabilidad con valentía y a los equipos de fiscales que trabajan sin descanso. Recordó que, hace seis años, cuando llegó a la Dirección General de Persecución en el Ministerio Público solo había 6 fiscales para trabajar con los casos de corrupción.

Destacó que en la actualidad ese equipo tiene unas 100 personas, incluyendo a los fiscales y a los técnicos que trabajan en la investigación de la corrupción administrativa y de otros delitos, lo cual ha permitido al Ministerio Público desarrollar más de 30 grandes operaciones contra el crimen organizado.

Manifestó que el Ministerio Público que encabeza seguirá trabajando para romper el vínculo entre la criminalidad y la corrupción.

“Creemos firmemente que el dinero que la corrupción gasta comprando impunidad, comprando activos; ese dinero debe ser retornado por la vía judicial a la sociedad para ser invertido en salud, en educación, para ser devuelto a su legítimo propietario, que es cada ciudadano que reside en este país”, dijo.

Yeni Berenice reiteró el compromiso de su gestión de seguir trabajando sin descanso, con fuerza y persistencia, siempre respetando las leyes y el Estado de derecho.

Indicó que muchas veces este ha sido un Ministerio Público sometido a campañas atroces.

“A esos adversarios le decimos, “Inviertan mejor su recursos porque nosotros no nos vamos a detener”, advirtió.

“Esta no es una simple decisión, es una obligación constitucional. Perseguir, proteger las víctimas y los testigos no es un eje de un plan estratégico, es una obligación constitucional. De nuestro trabajo depende la vida y la calidad de vida de miles de personas. No podemos darnos el lujo de detenernos”, indicó.

Junto a la procuradora general, encabezaron el acto inaugural en salón Bruselas, del Hotel Catalonia, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la e de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), responsables de la organización del congreso.

Entre los invitados estuvieron Ricardo de los Santos, presidente del Senado; Pablo Ulloa, titular de la Defensoría del Pueblo; el Ministro de Hacienda, Magin Díaz, y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre. También, Milagros Ortiz Bosh, titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental; el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas.

De igual forma, Lorea Alribalzaga, embajadora del Reino de España; Maike Friedrichsen, embajadora de Alemania y  Rebeca Marquez, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

Al ofrecer la bienvenida a los invitados, Mirna Ortiz resaltó que en 2020, con la llegada de la hoy procuradora general a la Dirección de Persecución del Ministerio Público se gestó la idea de crear foros de discusión que, además de contemplar la visión académica y el marco jurídico local e internacional, incorporen  la experiencia acumulada en la práctica producto del ejercicio cotidiano con la investigación y judicialización de casos reales.

“Hoy, cinco años después, nos encontramos aquí para analizar los retos, compartir conocimientos y aprender uno de los otros”, dijo Ortiz. “En este periodo, desde el Ministerio Público hemos puesto en marcha nueve grandes operaciones anticorrupción. Hemos procesado a más de 200 personas físicas y 90 jurídicas. Hemos logrado decomiso a favor del Estado dominicano de bienes por un valor superior a los 10 mil millones de pesos”.

Ortiz agradeció la disposición con que las agencias de cooperación de España, Estados Unidos y Alemania aceptaron apoyar la realización del congreso. Además, el equipo de fiscales de la Dirección General de Persecución y de la Pepca. “Los colegas fiscales son hombres y mujeres que, muchas veces, sacrifican tiempo personal y familiar por el bien común”.

También el procurador adjunto Wilson Camacho valoró el trabajo de los equipos de fiscales y el personal de apoyo de las unidades de investigación del Ministerio Público. “Para perseguir la corrupción de manera exitosa es necesario que concurran al menos tres elementos: uno, un compromiso social; dos, voluntad política y tres, fortaleza institucional”, dijo.

“Estos tres elementos han estado presentes en República Dominicana desde el año 2020 y nos han permitido realizar las nuevas operaciones, a las que hacía referencia (Mirna) Ortiz, y seguir trabajando en esta ardua lucha contra la corrupción. Yo he dicho en otras ocasiones que la carrera contra la corrupción y la impunidad no es de velocidad, es una carrera de resistencia”, añadió Camacho

Indicó que el combate a la corrupción ha permitido que República Dominicana mejore de manera significativa en el índice de percepción de la corrupción pasando de 28 puntos que tenía República Dominicana en el año 2020 a 36 puntos en el año 2025

“De esta manera, República Dominicana pasó de ocupar el puesto número 128 sobre 180 al puesto número 104 avanzando en estos 5 años 24 meses. Estos logros han sido posibles gracias a la disposición, en un primer momento, de la ex procuradora general de la República, doña Miriam Germán Brito, y de la capacidad, entrega y apoyo de la hoy procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso”, indicó.

Camacho explicó que el congreso busca, “revisar lo que hemos hecho en estos cinco años, analizar hacia dónde vamos y reflexionar sobre las experiencias que nos traen los expertos internacionales que participan en este evento”.

“Abordar el tema de la lucha contra la corrupción desde todos sus frentes es otro de sus objetivos, en lo académico y en los tribunales, partiendo de que es necesario un enfoque tanto teórico como práctico”, indicó.

Primera conferencia

El acto inaugural cerró con la conferencia magistral “Lucha contra la corrupción: desafíos y oportunidades”, dictada por el exfiscal general de Costa Rica Francisco Dall’Anese.

Especialista en ciencias penales por la Universidad de Costa Rica, acumula experiencia como Jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) con rango de Secretario General Adjunto de Naciones Unidas (2010-2013).

Con más 30 publicaciones sobre temas de derecho penal general, derecho procesal penal, criminalística y derecho judicial, ha impartido conferencias en Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Perú y República Dominicana.

El congreso sobre el tema de la corrupción reúne a autoridades y expertos nacionales e internacionales en temas de justicia, relacionados con organismos de cooperación interesados en erradicar la impunidad y en fomentar la transparencia en el manejo de los fondos públicos.

Jornada de este martes

El congreso continúa este martes 9 de diciembre, en el Gran Salón, del Hotel Catalonia. Eugenio Elías Campos Lucero, jefe de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional de Chile, impartirá la conferencia “Desafíos de la lucha contra la corrupción. Una mirada general” y, luego, se desarrollarán tres paneles.

El primer panel, “Transparencia y rendición de cuentas: claves para combatir la corrupción” contará con las intervenciones de Leonidas Radhamés Peña, de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República; Milagros Ortiz Bosch, de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental; Francisco Franco, de la Cámara de Cuentas; y Laura Elena Mazzaferri, fiscal federal de Mar del Plata, Argentina.

El segundo panel, moderado por el procurador adjunto Wilson Camacho, abordará la estrategia de acuerdos en el marco de los procesos relacionados con la criminalidad organizada. El mismo estará conformado por Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura; el abogado y consultor Ramón Núñez, y Daniel R. Alonzo, exfiscal federal de Estados Unidos.

La jornada continuará con el tercer panel, titulado “Principales obstáculos en el combate a la corrupción”, en el cual participarán integrantes del Ministerio Público y de organismos de control estatal, junto a especialistas internacionales en recuperación de activos y misiones anticorrupción.

Este conversatorio, moderado por Leidy Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana, contará con la participación de Mirna Ortiz, titular de la Pepca; Fernando Henríquez, coordinador de la Oficina de Recuperación del Patrimonio Público, y Michael Grunwald, jefe de división en la fiscalía de Berlín, Alemania.

El congreso concluirá con una conferencia magistral de la doctora Carmen Demelsa Benito Sánchez, catedrática de la Universidad de Deusto (España), quien desarrollará el tema “Corrupción administrativa: un fenómeno transversal en las dinámicas del crimen organizado”.

DIARIO ORIENTAL, SANTO DOMINGO.- El diputado de la Fuerza del Pueblo (FP) por el Distrito Nacional, Tobías Crespo, advirtió al gobierno que defenderá aproximadamente las 6 mil familias que viven del día a día en el Mercado Nuevo de la Avenida Duarte, ante la implementación del Fideicomiso FIMERCA-SD que busca privatizar ese importante pulmón económico de la capital y también los mercados Modelo, Honduras, Cristo Rey y Feria Ganadera del Distrito Nacional.

“Hoy mientras no encontrábamos haciendo un recorrido por este mercado para saber cómo están los precios de los productos alimenticios que los dominicanos consumen mayormente en su Cena Navideña, además de sorprendernos de los altos precios que han experimentado, encontramos que los comerciantes se encuentran en pie de lucha, en protesta por el fideicomiso que pretende implementar el gobierno, y nosotros queremos aprovechar y afirmar públicamente que también desde ya, nos sumamos a esta causa”, puntualizó.

Además de las alrededor de 6 mil familias que viven de manera directa, entre trabajadores informales o tiraitos, y los vendedores, serían afectados los  mil 260 que tienen contrato con el ayuntamiento y las 30 mil personas que visitan todos los días el mercado.

Tobías Crespo señaló que a través del Fideicomiso Público para la Modernización de los Mercados de Abastos de Santo Domingo (FIMERCA-SD), el gobierno busca privatizar estos negocios en perjuicio de cerca de 6 mil familias que tienen desde el 1973 viviendo de su trabajo y esfuerzo.

“Este fideicomiso fue aprobado este año, lamentablemente con el voto mayoritario de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) del Distrito Nacional,  y fue conformado por el ministro de la Presidencia  José Ignacio Paliza y el Ministro de Agricultura, Limber Cruz”, explicó.

Los dirigentes comerciales del Mercado Nuevo, Tomás García y Antonio Then Grullón, también criticaron las intenciones de privatizar esas instalaciones, las cuales por más de 50 años han servido el canal para el sustento de miles de familias.

El congresista indicó que Nelson David Camilo Velásquez, es el director ejecutivo del FIDEICOMISO-SD, quien fue funcionario de la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación (OPTIC), y de la Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), adscrito al Ministerio de la Presidencia. 

Tobías Crespo culpa al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, de lo que pueda ocurrir en el Mercado Nuevo de la Avenida Duarte, del Distrito Nacional, ya que las miles de familias que tienen negocios allí, no se quedarán de brazos cruzados, tras advertir que llegarán hasta las últimas consecuencias, ya que las autoridades están poniendo en peligro el sustento de sus familiares.

El diputado del Distrito Nacional advirtió a las autoridades que además de los comerciantes, tendrá de frente a los comerciantes, a los padres de familia, a las amas de casa, a toda la masa pobre y trabajadora que viven y sobreviven día a día en el mercado. 

“Que lo escuche bien el Ministro de la Presidencia y demás funcionarios del gobierno del PRM, este mercado no pertenece a ningún político, ni empresario ni a ningún sector empresarial, es propiedad del pueblo dominicano”, puntualizó.

El decreto No. 357-24  creó el Fideicomiso Público FIMERCA-SD que contempla que los bienes muebles e inmuebles de la Alcaldía del Distrito Nacional en principio y los restantes mercados de la provincia Santo Domingo pasan a ser administrados por la Fiducia del Banco de Reservas por un periodo de 30 años.

El contrato fue firmado el 27 de septiembre del año 2024 por el Ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, por poder especial otorgado por el Presidente de la República, Luis Abinader Corona y  Andes Vander Horst Álvarez, Vicepresidente Ejecutivo y Gestor Fiduciario del Fideicomiso FIMERCA-SD.